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Unas 200 personas, muchas de ellas descendientes de represaliados del franquismo, se han concentrado a las puertas del Parlament balear para clamar contra la derogación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears, cuya supresión, propuesta por Vox con el apoyo del PP, será este martes tomada en consideración en la Cámara autonómica. Al grito de “sin memoria no hay democracia”, “fascistas, fuera del Parlament” y “Memoria, justicia, verdad y reparación” y con varias banderas republicanas ondeando, la protesta ha sido convocada por la asociación Memòria de Mallorca con el objetivo de mostrar su rechazo a la iniciativa de la extrema derecha.
A través de una carta dirigida al PP, el colectivo ha exigido de los conservadores su consideración hacia “las más de 2.000 víctimas asesinadas” por el fascismo en Balears, “las más de 10.000 víctimas encerradas en prisión” durante el periodo de la Guerra Civil y la dictadura franquista, las que “sufrieron condenas y sentencias a muerte manifiestamente injustas”, las que fueron “ejecutadas extrajudicialmente” y las que “sufrieron desapariciones forzadas”, además de tener presente “el sufrimiento que están ocasionando de nuevo a sus familias”.
“Todas ellas están reconocidas en la Ley citada y todas ellas tienen la consideración de víctimas de violaciones de los derechos humanos con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria”. “Cojan sus nombres y háganlos suyos como personas que nos precedieron en la lucha por la democracia demostrando así que son un partido democrático; posiciónense al lado de las víctimas, defiendan, con la no toma en consideración de la derogación a petición de la extrema derecha de una Ley que sólo ha otorgado derechos y beneficios, que la memoria no es una cuestión de partidos políticos sino de derechos humanos”.
Acompañando la carta de los nombres de los represaliados por el franquismo en Balears, desde Memòria de Mallorca han instado al PP a “pensar en ellos a la hora de emitir su voto”. “Ahora no tienen voz pero aún tienen nombre y tienen honor y tienen familia y, al mismo tiempo, deben tener y tendrán memoria democrática”, sentencian.
Cabe recordar que la Ley de memoria democrática fue aprobada en 2018 durante el primer mandato de la socialista Francina Armengol. La supresión de esta normativa figura en el acuerdo de legislatura alcanzado entre PP y extrema derecha, por el que los de Santiago Abascal se comprometían a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.
La derogación se encuentra recogida en una Proposición impulsada por Vox en línea de lo efectuado por la extrema derecha en otras Comunidades Autónomas en las que gobierna junto al PP. Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo se convirtió en uno de los compromisos clave que sellaron las derechas y su objetivo pasa por sustituirlas por leyes que han llamado “de concordia”. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, ya ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la ofensiva de Vox contra la memoria histórica.
En Balears, entre los alegatos que el partido expone en el documento presentado en la Cámara, recrimina que la Ley “atenta contra la igualdad de todos los españoles”, dado que, a su juicio, “vulnera el artículo 14 [de la Constitución] que sirve de llave para los derechos fundamentales”. “Esta ley procede a discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el que lucharon”.
En opinión de Vox, esta circunstancia “promueve el rencor y evita el reconocimiento a todos aquellos que, en algún momento de la historia y por diversas causas, derramaron su sangre por España sin importar el bando en el que estuvieran”. En su texto, el partido vuelve a malinterpretar la memoria histórica como un intento de “dividir a los españoles”, en lugar de valorarla como una herramienta dirigida a reparar las heridas provocadas por el golpe fascista de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista.