“Es como si volvieran a matar a mi abuelo”. Quien así habla es Guillem Mir, nieto de uno de los numerosos republicanos fusilados durante la Guerra Civil en Mallorca. Para él, la presencia de Vox en las instituciones fruto de los pactos alcanzados con el PP supone regresar al instante en que los fascistas se llevaron enmanillado al padre de su madre para conducirlo, desde la cárcel franquista de Can Mir, hasta el cementerio del municipio de Porreres. Allí, un 15 de enero de 1937, Joan Canyelles Capllonch fue acribillado a tiros. Tenía 32 años. Guillem “revive” en sus carnes ese momento y habla sin tapujos al referirse a quienes ahora gobiernan las instituciones: “Son los mismos de 1936, sólo que sin camisa azul, sin correajes y supuestamente sin pistola”.
Como él, otros familiares de víctimas del franquismo temen que las decenas de pactos PP-Vox rubricados a nivel municipal y autonómico hagan peligrar las políticas impulsadas durante los últimos años en materia de memoria histórica. La derogación de la Ley de Memoria Democrática de Balears, en cuya negociación y articulado participaron los conservadores antes de ser aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en abril de 2018, figura en el acuerdo alcanzado entre PP y Vox, por el que los de Santiago Abascal se comprometían a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.
A cambio de este pacto, la extrema derecha ha asumido la presidencia del Parlament balear, así como varios cargos en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, además de exigir el cumplimento de 110 medidas programáticas con las que los populares asumen gran parte del ideario político de los ultraderechistas como peaje para gobernar las islas en solitario. Entre ellas, ambos partidos se comprometen a combatir “cualquier intento de quienes tratan de utilizarla [la memoria] para dividir a los españoles”, en lo que podría ser interpretado como un ataque hacia la memoria histórica, malentendida por Vox como un intento de “dividir a los españoles” en vez de como una herramienta para reparar las heridas provocadas por el golpe fascista de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Son los mismos de 1936, sólo que sin camisa azul, sin correajes y supuestamente sin pistola
“Lo peor está por llegar”
Con todo, Mir vaticina que “lo peor está por llegar, porque todavía no han enseñado las cartas”. Canyelles, quien fue presidente del sindicato de la construcción con sede en la Casa del Poble de Esporles, estaba afiliado al Partido Socialista y acabó detenido por los falangistas el 15 de diciembre de 1936. Su nieto barrunta que “habrá momentos duros”, pero asegura que seguirá “peleando” como ha hecho siempre. “Van a tener que morder clavos”, asevera.
Guillem recrimina, asimismo, que PP y Vox se hayan comprometido a llevar a cabo políticas para facilitar la recuperación, en general, de “personas fallecidas, sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos”. “Sí, todos son víctimas, pero a los otros los han podido hacer santos, los han podido beatificar con la connivencia de ministros y de altas autoridades, los han puesto en las plazas de los pueblos, les han hecho misas, los han podido exhumar. ¿Y a los republicanos? Se les ha borrado, se les ha ignorado y se les ha querido esconder durante 80 años”, manifiesta Mir, hace varios años recopiló las biografías de 157 represaliados por el franquismo en el libro Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles, escrito junto a Arnau Alemany y Bartomeu Garau.
Todos son víctimas, pero a los otros los han podido hacer santos, los han beatificado con la connivencia de ministros y de altas autoridades, los han puesto en las plazas de los pueblos, les han hecho misas, los han podido exhumar. ¿Y a los republicanos?
Con su lucha y la de tantos otros descendientes, Guillem asegura que no buscan “ni protagonismo ni titulares”: “Se trata de derechos humanos. Derechos humanos que pasan por que los encuentren a todos y poder dignificarlos. Y que se sepa la historia con lo bueno y con lo malo, aunque desgraciadamente la historia la escriban siempre los que ganan las guerras”.
Familiares “muy preocupados por la nueva situación”
Por su parte, Maria Antònia Oliver, también nieta de uno de los represaliados de la Guerra Civil y presidenta de la asociación Memòria de Mallorca, volcada desde hace veinte años en la búsqueda de los restos de víctimas del franquismo en pos de la verdad, la justicia y la reparación, afirma que, desde el momento en que se produjo el cambio de gobierno en Balears gracias al pacto entre PP y Vox, comenzó a recibir llamadas de familiares “muy preocupados por la nueva situación”.
“No entendemos cómo es posible que un partido claramente fascista que ha conseguido un 13% de votos pueda imponer que se retire una ley aprobada en el Parlament por unanimidad”, lamenta Oliver en alusión a la Ley de Memoria Democrática. Subraya, en esta línea, que gracias a esta normativa no sólo se había podido trabajar en sacar adelante las exhumaciones -desde la aprobación, el Govern ha desplegado desde 2018 hasta cuatro Planes de Fosas que han permitido intervenir en las 56 fosas que se calcula que hay en Mallorca, Eivissa y Formentera-, sino también articular políticas públicas que garanticen la “no repetición” y abordar esta materia en el ámbito de la educación mediante la inclusión de contenidos y la realización de actividades.
No entendemos cómo es posible que un partido claramente fascista que ha conseguido un 13% de votos pueda imponer que se retire la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Parlament por unanimidad
Oliver, cuyo abuelo fue Andreu París, zapatero y sindicalista -“una persona muy activa políticamente” que “destacó por la lucha a favor de la clase trabajadora”-, incide en que “todo estaba saliendo muy bien” e incluso había llegado a ponerse en marcha la primera oficina de atención directa para las víctimas del golpe de estado fascista de 1936, la Guerra Civil y el franquismo que “había atendido a muchísima gente”, además de prestar asesoramiento jurídico a las familias que así lo necesitaban. “Estábamos muy esperanzados y no entendemos que un partido fascista venga a imponer que se quite algo que iba bien y que la sociedad también había aceptado muy bien”, resume.
En este sentido, la presidenta de Memòria de Mallorca considera que “lo que en realidad se ha producido es un cambio de cromos por delante de los derechos humanos”. “Nos parece de una cobardía enorme por parte del PP balear que acepte estas condiciones”, abunda Oliver, quien lamenta, además, que continúan profesionales trabajando en las fosas “sin que en estos momentos tengan un interlocutor”, además de poner de manifiesto que hay investigaciones que se encuentran en marcha, que “se han licitado y pagado y no se sabe lo que pasará con ellas”.
“Estaremos vigilando como hemos hecho siempre”
Con todo, Oliver lanza un mensaje de tranquilidad “a las familias de las personas asesinadas y desaparecidas”: “Estaremos vigilando como hemos hecho siempre”. La activista asegura que como asociación continuarán trabajando como ya lo hacían antes del impulso de la Ley y que buscarán aliarse de nuevo con otras entidades no sólo de memoria histórica, sino también de colectivos que “también van a sufrir recortes en derechos, como el feminismo, las personas LGTBI o los migrantes”.
En concreto, bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol, en 2016 fue aprobada la Ley de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo y, dos años después, la de memoria democrática. Desde entonces, como puso de manifiesto a este medio el exvicepresidente del Govern y exconseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática Juan Pedro Yllanes, se ha intervenido “en todas las fosas conocidas y susceptibles de intervención que hay en Balears”.
Bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol, en 2016 fue aprobada en Balears la Ley de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo y, dos años después, la de memoria democrática
Hasta entonces, y pese al vacío jurídico que existía hasta la aprobación de estas normativas, tanto Memòria de Mallorca como el Foro por la Memoria de Eivissa y Formentera llevaron a cabo las tareas de recuperación de forma voluntaria. No en vano, en 2014 fueron localizados los restos de tres víctimas en Sant Joan (Mallorca) y, entre 2016 y 2017, años previos a que el Parlament diera luz verde a la Ley de memoria democrática, fueron hallados los restos de 49 personas en el cementerio de Porreres.
Las entidades se volcaron en investigar el paradero de estas personas a partir de los datos existentes en los registros civiles y archivos militares y en localizar las fosas de las que tenían constancia, solicitando para ello la actuación conforme a ley de los ayuntamientos responsables de los cementerios en los que se encuentran estas fosas; acudieron a los tribunales de justicia españoles reclamando la investigación judicial de las desapariciones forzadas en Balears e, incluso, invocaron a la jurisdicción universal y acudieron a la justicia argentina, encargada de las investigaciones en torno a las desapariciones forzadas de la Guerra Civil y del franquismo en todo el territorio español.
Cuatro Planes de Fosas
Al amparo de la Ley de memoria democrática, el Govern ha desplegado desde 2018 hasta cuatro Planes de Fosas que han permitido intervenir en las 56 fosas que se calcula que hay en Mallorca, Eivissa y Formentera y recuperar los restos de las víctimas del franquismo que fueron asesinadas de forma violenta hace más de ochenta años y enterradas la mayoría de ellas de forma clandestina en hoyos excavados dentro y fuera de los cementerios. Los investigadores apuntan a que otras personas fueron lanzadas a pozos y simas. Se estima que más de 1.700 personas aún continúan desaparecidas a lo largo del territorio balear.
Desde 2016 han sido localizadas 276 víctimas, han sido identificadas 48 de ellas y 46 han sido devueltas a sus familias. Entre ellas se encuentra Aurora Picornell, más conocida como la Pasionaria de Mallorca e icono del republicanismo en la isla
La aprobación de las anteriores leyes propició la intervención del Govern balear en esta búsqueda, dotándole de competencias en materia de localización e identificación de personas desaparecidas violentamente por razones políticas, ideológicas y religiosas, y de prospección e intervención en las fosas de la Guerra Civil y del franquismo. Desde 2016 han sido localizadas 276 víctimas, han sido identificadas 48 de ellas y 46 han sido devueltas a sus familias. Entre ellas se encuentra Aurora Picornell, más conocida como la Pasionaria de Mallorca e icono del republicanismo en la isla.
Junto a Picornell fueron también recuperados los restos de las otras cuatro 'rojas del Molinar': Belarmina González, Catalina Flaquer y sus hijas Maria y Antònia Pascual Flaquer, conocidas luchadoras antifascistas fusiladas junto a la Pasionaria de Mallorca. Los restos de todas ellas fueron entregados a sus descendientes en un emotivo acto celebrado el pasado mes de enero. Entre 'vivas' a la República, gritos de “a por la Tercera” y “frente al fascismo, ni un paso atrás” y con el Himno de Riego de fondo, los féretros de todas ellas así como del padre de Picornell presidieron una ceremonia que llenó al completo el Conservatorio de Música de Palma.