Derogar la Ley de Memoria Democrática porque “divide” a la sociedad y sacar adelante una nueva norma que “sirva a la reconciliación y a la concordia real”. Es el literal incluido en el acuerdo entre el Partido Popular y Vox para gobernar Extremadura pero podría ser cualquiera de los pactos que han suscrito ambas formaciones. Acabar con las leyes que intentan reparar las vulneraciones de derechos humanos de la Guerra Civil y el franquismo en favor de la “concordia” y la “reconciliación” es la fórmula estrella también replicada en Baleares o la Comunitat Valenciana y en su día lo fue en Andalucía y en Castilla y León.
Aunque el compromiso que firmaron el PP andaluz y Vox en 2019 no llegó a salir adelante, Juan Manuel Moreno Bonilla mantuvo el impulso de esta ley “de concordia” en el programa para las siguientes elecciones, que ganó por mayoría absoluta. Alfonso Fernández Mañueco se plegó también a esta exigencia de Vox en Castilla y León a cambio de hacerle presidente y aunque el PP ha asegurado que la ley que preparan mantendrá las ayudas para exhumaciones, también ha adelantado cómo desvirtuará la memoria histórica: dice que la norma buscará “sentirnos orgullosos de nuestra historia” por entre otras cosas haber sido Castilla y León “cuna de la primera universidad” de España o el primer parlamento del mundo.
En todos los casos la retórica apunta a una misma dirección: las leyes de memoria “dividen en bandos” a la sociedad, promueven la confrontación e imponen una “visión sesgada” de la historia. Ideas que no se limitan al ámbito autonómico y que PP y Vox extienden a sus programas para las elecciones del próximo 23J.
Derogar, lo primero
El plan con el que Alberto Núñez-Feijóo se presenta a los comicios incluye la derogación de la ley de memoria, que por primera vez asume las exhumaciones como responsabilidad de Estado, declara ilegal la dictadura o revoca los títulos nobiliarios otorgados por el franquismo. Y justifica la decisión en que la ley “impide recuperar la concordia y el acuerdo”, por lo que propone sustituirla por otra “consensuada que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición”.
Es la línea que siguió Pablo Casado, que llegó a equiparar el franquismo y la Segunda República, así como a avalar la negación del golpe de Estado de 1936. Mariano Rajoy derogó de facto la primera Ley de Memoria Histórica, de 2007, al destinarle cero euros
A pesar de que las políticas que impulsa la legislación contienen exigencias que desde hace años Naciones Unidas dirige a España, tanto el PP como Vox han recurrido la ley al Tribunal Constitucional y se lanzaron en tromba contra ella en las Cortes utilizando argumentos para oponerse muy similares, entre ellos que no incluya los asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA. Es la línea que siguió en su momento Pablo Casado, que llegó a equiparar el franquismo y la Segunda República, así como a avalar la negación del golpe de Estado de 1936. Mariano Rajoy, por su parte, derogó de facto la primera Ley de Memoria Histórica, de 2007, al destinarle cero euros.
La batalla es tal que el PP ha llegado a cancelar una obra de teatro de un maestro republicano fusilado en un ayuntamiento en el que gobierna con Vox. El alcalde justificó su decisión en cuestiones de presupuesto y seguridad, ante lo que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) le ha ofrecido fondos.
En Vox comparten objetivos con los populares y también proponen sustituir la ley actual por una de “concordia” que “fomente la reconciliación”. Se posicionan en contra de todo lo que suene a memoria histórica, contra la retirada de honores a franquistas o con llevar estos contenidos a las aulas, pero la extrema derecha va más allá y sus líderes han llegado a enarbolar sin tapujos el revisionismo histórico: Javier Ortega Smith llegó a afirmar que en el franquismo “había elecciones”; Santiago Abascal que el de Sánchez es “el peor gobierno en 80 años” (dictadura incluida) mientras el diputado Francisco José Contreras sostuvo en el Congreso que durante la dictadura “hubo una verdadera reconciliación con gestos de concordia”.
De la guerra a la Transición sin pasar por la dictadura
Pero ¿qué hay detrás de la propuesta estrella de las derechas, la de la reconciliación y la concordia? “Cuando se habla de concordia y reconciliación lo que se está promoviendo es el desconocimiento histórico. Son palabras que hace mucho tiempo dejaron de tener sentido, más bien es una excusa para no enfrentarse a problemas reales que aún quedan, como la apertura de fosas, las reparaciones a víctimas que aún hay que hacer o la formación de ciudadanos que sepan de dónde venimos como país”, sostiene Antonio Cazorla, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Trent (Canadá), que define la ley de memoria democrática como una ley de “normalización democrática”.
Hay un discurso oficial que mantiene que los españoles se reconciliaron en la Transición, pero nadie preguntó a mi abuela, que murió en 1997, 22 años después del dictador, si quería morirse sin saber dónde estaba el cuerpo de su marido
“Lo que están queriendo decir es que lo que siembran las políticas de memoria es discordia y división, es decir, niegan que aún existan víctimas de la represión sin reparar. Todo ese lenguaje suena muy bien y es fácilmente asumible por la sociedad, pero suele estar vacío. Hay un discurso oficial que mantiene que los españoles se reconciliaron en la Transición, pero nadie preguntó a mi abuela, que murió en 1997, 22 años después del dictador, si quería morirse sin saber dónde estaba el cuerpo de su marido, nadie le pidió perdón ni la reparó”, sostiene el presidente de la ARMH Emilio Silva, que en el año 2000 impulsó la primera exhumación científica de una fosa, en Priaranza del Bierzo (León), donde estaba enterrado su abuelo asesinado en 1936.
Para el profesor de Historia Contemporánea de la UCM Gutmaro Gómez Bravo lo que late de fondo es “una batalla por el relato” sobre lo que significó la Transición. Y es que para las derechas no existió en el proceso ninguna falla, ninguna vulneración de derechos humanos sin resolver ni reparar ni tampoco cuestiones pendientes para las víctimas de la dictadura. Eso a pesar de que miles de fosas siguieron sin abrir, se mantuvieron los honores a militares golpistas y los símbolos de exaltación franquista, se impuso el silencio y los crímenes no fueron juzgados, una anomalía que aún se mantiene hoy.
El mensaje es el habitual que manda la derecha a través de su discurso y no es nuevo: hablan de la Guerra Civil como una “pelea de nuestros abuelos y bisabuelos”, según llegó a decir Feijóo, y directamente saltan a la pantalla de la Transición obviando la sublevación contra la II República y la represión sistemática de la dictadura, que tenía por objetivo una limpieza ideológica y moral mantenida durante cuatro décadas. Gómez Bravo cree que este argumentario implica “volver al relato convencional de la guerra fraticida que hay que superar” en favor de la investigación histórica “que ha reconstruido” lo que “la memoria oficial del franquismo excluía: el golpe de Estado, la represión, el exilio, la cárcel, la depuración o los campos de trabajo forzado...”.
El PP no ha asumido que el franquismo fue fascismo porque entre otras cosas supondría cuestionar sus propias raíces
“Da la impresión de que lo que la derecha quiere es equiparar a los dos bandos de la Guerra Civil, pero en uno estaban los demócratas, aunque no todos los de ese bando lo fueran, y en el otro los que querían destruir la democracia y se rebelaron contra un gobierno legal”, sostiene Cazorla. “Otra cosa es el sufrimiento moral y ahí sí debemos incluirlos a todos desde un punto de vista humano, pero desde un punto de vista político es otra cosa”, mantiene el historiador, que cree que el PP “no ha asumido que el franquismo fue fascismo porque entre otras cosas supondría cuestionar sus propias raíces”.
Recientemente el candidato de los populares ha asegurado que la ley de memoria es “ideológica” porque “reabre los rencores de la contienda”, un mantra, el de equiparar la memoria histórica a la reapertura de heridas, muy habitual entre los negacionistas de la misma. Silva recuerda que es la acusación común que los familiares de víctimas que piden buscar a sus desaparecidos han recibido durante mucho tiempo, sin embargo, “hay evidencias de que es exactamente lo contrario” y que precisamente “lo que provoca una desaparición forzada es un duelo permanente, una herida que no cicatriza”.
¿Y si se deroga la ley?
Más allá del relato, los expertos coinciden en lamentar lo “poco riguroso” que es el debate porque “no sabemos qué es exactamente” lo que PP y Vox rechazan de la Ley de Memoria Democrática, que si es derogada dejará en el aire una batería de medidas, entre ellas la asunción de las exhumaciones como responsabilidad de Estado, la creación de una oficina de apoyo a las víctimas y el banco de ADN para almacenar las muestras biológicas de los familiares o el despliegue de los llamados “lugares de memoria democrática”.
Las exhumaciones de las personas enterradas en el Valle de Cuelgamuros ya están en marcha y ya hay cuatro víctimas identificadas genéticamente, pero la lista de reclamantes asciende hasta las 128, por lo que su continuidad quedará en manos del próximo Gobierno. Lo mismo ocurrirá con la resignificación del mausoleo, que pretende convertirse en un centro de interpretación, y la expulsión de los benedictinos, para lo que es necesario aprobar un decreto específico, además de la ilegalización de las fundaciones franquistas, que se ha quedado en el tintero.
Aunque las asociaciones memorialistas y expertos pedían más ambición en cuestiones como las reparaciones económicas a víctimas o la incautación de bienes, finalmente estas medidas se quedaron en la puesta en marcha de una auditoría y una comisión técnica para llevar a cabo una evaluación que, a pesar de constituir tímidos pasos, tampoco se llevarán a cabo si la ley acaba derogándose. Tampoco el estudio de las vulneraciones de derechos humanos hasta 1983, uno de los puntos contra los que más cargó la derecha durante el trámite de la norma en las Cortes.