El Tribunal Supremo ha confirmado que el Govern de les Illes Balears deberá indemnizar con más de 96 millones de euros al empresario alemán Matthias Kühn -conocido también por estar casado con la ‘vedette’ Norma Duval- por unos terrenos urbanos de su propiedad, que fueron recalificados como suelo rústico protegido por el primer Ejecutivo de la socialista Francina Armengol, según consta en la sentencia a la cual ha accedido elDiario.es.
El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ya se pronunció a favor del polémico empresario el 31 de enero de 2022, y ahora la Sala Tercera del Supremo ha ratificado dicho posicionamiento, después de que la Abogacía de la Comunitat Autònoma presentara un recurso de casación. El auto obliga a pagar la indemnización en dos meses, imponiendo además las costas a la Comunitat Autònoma.
El conflicto se retrotrae al año 2010, cuando gobernaba el socialista Francesc Antich (2007-2011). El Tribunal Supremo recuerda que hubo un procedimiento que finalizó mediante un auto del 23 de julio de 2013 que aprobaba un acuerdo transaccional, entre el Govern del popular José Ramón Bauzá (2011-2015) y Birdie Son Vida S.L. Este acuerdo reconoció el carácter urbano de los terrenos de la urbanización de Muleta II en el Port de Sóller (Mallorca).
Sin embargo, el Ejecutivo progresista de Armengol (2015-2023) aprobó la Ley 12/2017, de urbanismo de les Illes Balears, que recalificó los terrenos como suelo rústico protegido (ANEI), imposibilitando que Muleta II se pudiera reincorporar como suelo urbano en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Sóller.
Es decir, que la sentencia, avanzada por Última Hora, considera que la ley que rige el urbanismo en el archipiélago balear desde 2017 ha impedido que los terrenos de Kühn se puedan reincorporar como suelo urbano al PGOU de Sóller, como dictaminó un auto anterior del Supremo en julio de 2013. Por tanto, según el Supremo, era procedente el abono de la indemnización al ser imposible el desarrollo urbanístico de los terrenos.
Prohens (PP) exige al PSOE que “pida perdón”
La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo que exige indemnizar a la empresa Birdie Son Vida S.L., propiedad del empresario alemán Matthias Kühn, “compromete las cuentas de cualquier administración pública” y ha reclamado al PSOE, a quien señala como responsable, que “pida perdón a los ciudadanos”. “Es una mala noticia para los bolsillos de los ciudadanos de Balears”, ha dicho Prohens.
Así, la presidenta popular ha manifestado que la sentencia demuestra la “falta de diligencia que tiene la izquierda a la hora de gestionar el dinero público”. En este sentido, ha considerado que “lo primero que debería hacer” el PSOE es “salir, dar la cara y pedir perdón a los ciudadanos”, puesto que “100 millones de euros es mucho dinero”.
El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa (PP), ha afirmado en declaraciones a IB3 Ràdio que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha una línea de crédito extraordinario para hacer frente al pago. Del mismo modo, Costa se ha comprometido a no recortar partidas presupuestarias fundamentales para hacer frente a esta millonaria indemnización a la que se enfrentan las arcas públicas de Balears.
Un empresario polémico
Matthias Kühn es un empresario alemán conocido en el archipiélago balear por sus negocios ligados a la inversión inmobiliaria y turística. En el islote protegido de Tagomago (Eivissa), Kühn ha gestionado durante años el alquiler turístico de la mansión que hay construida en esta joya de la biodiversidad, incluida en la Red Natura 2000, catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Importancia para las Aves (ZEPA) y Área Natural de Especial Interés (ANEI).
En el caso Tagomago, sin embargo, la Justicia no dio la razón a Kühn, quien fue condenado a una pena de seis meses de prisión como responsable de un delito contra la Ordenación del Territorio, según dictó el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa el 9 de febrero de 2018, debido a unas obras ilegales realizadas en el islote protegido. El empresario alemán fue sentenciado, junto a Guido H., a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (durante seis meses), inhabilitación especial por el tiempo de dos años para la profesión u oficio de promotor y constructor (respectivamente) y a una multa de unos 5.400 euros, aproximadamente. La sentencia, no obstante, les absolvió de un delito contra el medio ambiente del que habían sido acusados también por el Ministerio Fiscal.