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La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Balears (ICAIB) ha mostrado su oposición a la derogación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears y ha pedido que se suspenda esta tramitación.
En un escrito de alegaciones a la tramitación de la liquidación de esta norma, los abogados consideran que la proposición para la derogación, impulsada por Vox, vulnera los derechos de verdad, justicia, reparación, memorialización y garantías de no repetición.
La Comisión de Derechos Humanos del ICAIB se apoya, entre otros argumentos, en los pronunciamientos del Relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, en referencia a las obligaciones de todas las administraciones nacionales, regionales y locales, a preservar estos derechos, en riesgo, precisamente, por la cascada de derogaciones de las leyes de memoria autonómicas y el impulso de las llamadas leyes de concordia. En Balears, en todo caso, se descarta esta opción, y sí se mantiene la ley de fosas.
Estas normas, han considerado, podrían transgredir la obligación de los poderes públicos de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, desde el momento en que ordenan la supresión de entidades, proyectos, sitios web y actividades previstas o creadas en virtud de la legislación vigente.
Pueden poner en riesgo, además, el acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, así como obstaculizar o suprimir subvenciones de proyectos en esta materia. Alertan también de la invisibilización de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo o incluso omitir la mención o la condena al régimen.
Cabe recordar que el del pleno del Parlament del 18 de junio dio luz verde a la tramitación de la derogación, a propuesta de Vox. Aquella sesión, sin embargo, acabó estando marcada por el incidente protagonizado por el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, que rompió la foto de Aurora Picornell que la socialista Mercedes Garrido, miembro de la Mesa, tenía expuesta sobre su ordenador portátil.
La polémica propició un debate sobre la continuidad de Le Senne como segunda autoridad de las Islas y que será objeto de debate de un pleno extraordinario el próximo 3 de septiembre.
Sobre la derogación de la ley de memoria, que podría haber estado afectada por la ruptura de los pactos PP-Vox, desde el Ejecutivo autonómico, pocas horas después de que Santiago Abascal anunciara el fin de los acuerdos, se adelantó que la tramitación seguiría su curso.