Los problemas legales de Francisca Sánchez Ordóñez, quien también se hace llamar Paquita Marsan –una suma del primer apellido de su antiguo marido y del suyo–, no parecen tener fin. La empresaria, muy conocida en Eivissa por sus contratiempos con la legalidad urbanística –también es popular en la prensa del corazón por ser “la casera de los famosos” de la isla–, ha alcanzado un patrimonio muy importante gracias a sus actividades económicas en el sector inmobiliario y turístico.
Sánchez Ordóñez, que también es una ‘celebrity’ en su ciudad natal (Málaga), es conocida en Eivissa por alquilar villas de lujo, en algunos casos irregularmente –según el Consell d’Eivissa–, a gente famosa y con mucho capital y por sus problemas con la justicia, habiendo sido incluso detenida y esposada en agosto de 2013 en la discoteca Pachá por agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, para su ingreso en prisión, condenada por fraude fiscal en Málaga, valorado en 867.469 euros.
Después de la demolición casi total de Casa Lola (una mansión que alquilaba a turistas cuyas obras ilegales, según las autoridades ibicencas, se llevaron a cabo hace más de una década), Francisca Sánchez Ordóñez –que dice ser amiga de José María Aznar y Felipe González y que tiene vínculos con el PP nacional, según apunta Joan Lluís Ferrer, el periodista que destapó la existencia de Casa Lola– ve cómo el Ajuntament de Sant Josep ha ordenado demoler Casa Paola (cuya orden está a la espera de lo que dictamine el juzgado, pues la propietaria ha presentado alegaciones contra el derribo) y cómo el Consell d’Eivissa ha ordenado paralizar las obras ilegales en Casa Rocío (que pertenece Inmobiliaria y Construcciones Sanor 96 SL).
Entre otros negocios que posee en la Península, especialmente en Málaga y Madrid, Sánchez Ordóñez es administradora única de Horizon Ibiza SL, Hotelesport SL, Inversiones Hoteleras Faro SL, Inversiones Hoteleras Tanit SL, Parfina SL, Punta Arabí SL y Turística de Promociones SL, todas ellas empresas ubicadas en Balears, dedicadas a actividades como la construcción de edificios residenciales, alojamientos turísticos y alquiler de bienes inmobiliarios, según figura en los datos del Registro Mercantil a los que ha tenido acceso elDiario.es.
La tercera villa que está en el punto de mira de las instituciones ibicencas es Casa Rocío, que pertenece a Inmobiliaria y Construcciones Sanor 96 SL, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Esta empresa es una de las que tiene fijado su domicilio social en Marbella (Málaga), cuya actividad, según el Registro Mercantil, es la promoción inmobiliaria. Rocío Martín Sánchez figura como administradora única y apoderada, mientras que Francisca Sánchez Ordóñez es apoderada (fue administradora única hasta el 10 de noviembre de 2015).
El 22 de diciembre de 2021, el departamento de Gestión del Territorio y Ordenación Turística del Consell d'Eivissa emitió la suspensión inmediata de las actuaciones que se estaban realizando y que consistían en la construcción de una vivienda de nueva planta de 235 metros cuadrados de superficie, ejecutada en un 60%, sin permiso de obra, motivo por el que se inicia el procedimiento sancionador para restablecer la legalidad urbanística.
Tres semanas más tarde, el 12 de enero, el celador del servicio de Territorio del Consell Insular emitió diligencia por la que hacía constar que una semana antes, el 5 de enero, se personó en la villa y colocó un cartel informativo, en un lugar visible, que hacía referencia a la suspensión de las obras. Unos días después, el 18 de enero, el celador y el arquitecto técnico del mismo departamento del Consell Insular emitieron un informe en el que explicaban que el 13 de enero, acompañados del SEPRONA de la Guardia Civil, habían comprobado que las obras continuaban ejecutándose (obras que fueron fotografiadas en un acta levantada por el SEPRONA).
Estas obras consistían en la ejecución de enlucidos hasta el interior y exterior, falsos techos de cartón–yeso, así como en las instalaciones eléctricas, de fontanería, de desagüe y climatización, entre otras cuestiones, como la ejecución de muros de bloque de hormigón. El 14 de febrero, el Consell Insular notificó electrónicamente a la empresa la resolución por la que se ordenaba la suspensión inmediata de las obras.
Sin embargo, el celador y el arquitecto técnico comprobaron semanas después que las obras seguían ejecutándose, por lo que el arquitecto técnico emitió un nuevo informe, el 4 de marzo de 2022, en el que ampliaba la descripción de las actuaciones que se incluían en el procedimiento sancionador y que se fijaron en 286.429,37 euros.
Ese mismo día, el departamento de Gestión del Territorio y Ordenación Turística, dirigido por el conseller insular Mariano Juan (PP), impuso una multa coercitiva de 18.925,33 euros por el incumplimiento de la resolución en la que se ordenaba la suspensión inmediata de las obras. Indicaba que, de continuar desobedeciendo la orden de paralización, se impondrían sucesivas multas por periodos mínimos de diez días y cuantía en cada ocasión del 10% del valor de las obras ejecutadas (es decir, la segunda se impondría por 28.642,94 euros); comunicaba al ministerio fiscal la resolución (7 de marzo de 2022), a efectos de exigir las responsabilidades penales que correspondan y comunicaba electrónicamente a la empresa la resolución, a fecha de 14 de marzo de 2022.
En las siguientes semanas se volvió a repetir el mismo proceso: agentes del SEPRONA se personaron en la villa, comprobaron que las obras continuaban realizándose, ampliaron la descripción de dichas actuaciones y el arquitecto técnico del Consell Insular emitió un informe, el 25 de marzo, en el que informaba de todo ello. La valoración económica de las obras ascendió, entonces, a 313.350,63 euros. Cuatro días después, la Conselleria insular de Gestión del Territorio y Ordenación Turística resolvió imponer una nueva multa de 28.642,94 euros; advirtió que, de continuar, la tercera se impondría por valor de 31.335,06 euros; ordenó el precinto de las obras e instalaciones (orden que fue ejecutada el 12 de abril) y comunicó la resolución al ministerio fiscal (30 de marzo) y a la empresa (9 de abril).
Pese a ello, el 22 de abril las obras seguían su curso –todas ellas, recordemos, sin licencia de obra ni comunicación previa, según el Consell Insular; además, la empresa habría alterado el precinto–, estando casi finalizadas (a un 95%). Debido a los continuos incumplimientos, el Consell Insular impuso dos multas más: de 31.335,06 y de 37.384,70 euros, respectivamente. En un informe jurídico emitido por el letrado del servicio de Territorio, el 1 de junio, se concluyó que “dicha medida cautelar de suspensión (de las obras) ha sido incumplida de forma reiterada sin atender a la misma por la persona interesada y retirando el precinto colocado por el personal del Consell Insular”.
“Me da mucha pena la gente que no tiene trabajo, que no tiene papeles. No tiene sentido que les dejemos entrar y luego no les dejemos trabajar. ¿Qué van a hacer si no tienen trabajo? Robarán. La gente tiene derecho a comer. A mí me encanta tener a la gente en regla, porque los gastos desgravan y pagas menos impuestos”, comentó al Periódico de Ibiza y Formentera Paquita Marsan hace dos años, declaraciones que se enmarcan en un episodio muy concreto: tanto ella como su hija fueron condenadas por la Justicia por tener a trabajadores sin sus permisos laborales en regla.
La Audiencia Provincial de Palma condenó el 7 de noviembre de 2018 a Francisca Sánchez Ordóñez (Casa Lola y Casa Paola, entre otros) y a Rocío Martín (Casa Rocío) a seis meses de cárcel y una multa de ocho euros diarios durante seis meses. Después de un acuerdo entre las partes, la pena de prisión se sustituyó por una multa de ocho euros diarios durante 12 meses por cometer un delito de empleo colectivo ilegal, ya que había numerosos trabajadores en las obras de Casa Lola y Casa Rocío que no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
La Fiscalía solicitaba una pena de dos años de prisión para ambas, además de una multa de 6.000 euros. Según el ministerio fiscal, después de una inspección en febrero de 2013, solo uno de los ocho trabajadores que se encontraban en la finca de Casa Lola estaban dados de alta. En el caso de Casa Rocío, en una inspección de marzo del mismo año, se comprobó que la empresa solo tenía en orden los permisos laborales de tres de los seis trabajadores.
Además, se han detectado otras irregularidades. En la madrugada del 20 al 21 de julio de 2020, después de la primera ola de la pandemia pero todavía con restricciones sociales, la Policía Local de Sant Josep, junto a agentes de la Guardia Civil, desmantelaron una fiesta ilegal con un centenar de personas en un “club” que conectaba Casa Lola con Casa Paola, según informaron fuentes del Consistorio. Cuando los agentes entraron en el recinto, comprobaron que no se estaban respetando las normas sanitarias, entre ellas, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla.
La Policía Local consideró que se había incurrido en un incumplimiento muy grave del artículo 3 del decreto de medidas sanitarias frente a la COVID–19, debido a la comercialización de una fiesta con aglomeraciones, sancionada con multas de entre 60 y 600.000 euros. También señalaron una infracción de la Ley Turística, debido a que la actividad se produjo sin declaración responsable ni título habilitante, lo que puede conllevar multas de entre 40 y 400.000 euros. La publicidad en redes del evento, para el que el establecimiento carecía de licencia, se sanciona con entre 4.000 y 40.000 euros. Finalmente, los agentes denunciaron la vulneración de la ordenanza municipal de ruidos, cuyas multas pueden alcanzar los 12.000 euros.
El fin de semana previo al operativo, los agentes comprobaron, en diferentes ocasiones, que se había firmado un contrato de arrendamiento de quince días en Casa Lola por un total de 115.000 euros, por lo que se procedió a trasladar los datos y la documentación al Consell d'Eivissa para su instrucción como establecimiento turístico ilegal.
Inversiones Hoteleras Faro SL (propietaria de Casa Lola y Casa Paola), sociedad limitada que opera en Eivissa desde 1990, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios, facturó 0 euros en el ejercicio de 2018, último disponible, registrando unos beneficios después de impuestos de 85.241 euros y un patrimonio neto de 203.684 euros, según los datos del Registro Mercantil analizados por elDiario.es a través de la plataforma Insight View. Los mismos datos muestran a Francisca Sánchez Ordóñez como administradora única y a Rocío Martín Sánchez como apoderada de la empresa, que cuenta con un empleado, según la documentación del Registro Mercantil.
Inmobiliaria y Construcciones Sanor 96 SL (propietaria de Casa Rocío), sociedad limitada que opera en Marbella desde 1996, dedicada a la promoción inmobiliaria, tiene un capital social de 303.505 euros, aunque no se dispone de más información financiera de la empresa, según los datos del Registro Mercantil analizados por elDiario.es a través de la plataforma Insight View. Las últimas cuentas anuales fueron depositadas en 2020, según la misma fuente, aunque no son accesibles. Rocío Martín Sánchez ostenta el cargo de administradora única y apoderada, mientras que Francisca Sánchez Ordóñez figura únicamente como apoderada.
elDiario.es ha enviado en dos ocasiones unas preguntas por correo electrónico a Inversiones Hoteleras Faro SL, para recabar su versión de los hechos, que no han obtenido respuesta hasta este momento. Esta redacción tampoco ha recibido respuesta de Rocío Martín Sánchez, a quien se le ha mandado un correo electrónico con preguntas respecto a la situación legal de Casa Rocío.
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