La población de Eivissa, una isla de apenas 572 kilómetros cuadrados de extensión, ha experimentado un crecimiento demográfico muy importante en las últimas décadas. Desde hace 25 años, la población censada se ha prácticamente duplicado, pasando de 78.867 a 152.820 residentes de 1996 a 2021, respectivamente, según los datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística (los datos digitalizados no ofrecen números anteriores a 1996).
Más población significa más promociones de vivienda en las áreas urbanas, más construcciones de fincas y villas en suelo rústico, adecuar las infraestructuras a las nuevas necesidades (construir o ampliar depuradoras y desaladoras, nuevos centros de salud o ampliar los servicios del hospital público de Can Misses, construir o ampliar nuevos centros educativos, una nueva planta que permita tratar los residuos en condiciones, residencias de mayores, etcétera), es decir, más consumo de agua, energía y territorio.
Los cinco municipios de la isla disponen de unos planeamientos urbanísticos que permiten nuevos crecimientos, pero la duda que surge es hasta dónde puede seguir creciendo una isla que tiene escasez de agua, con sus acuíferos -en buena medida- sobreexplotados y salinizados. Todo ello en un contexto en que el Govern, que declaró la emergencia climática el 8 de noviembre de 2019 para todo el archipiélago balear, condiciona en el nuevo Plan Hidrológico (2022-2027) los futuros crecimientos urbanísticos a la existencia de suficientes recursos hídricos.
Por municipios, Eivissa dispone de 224,59 hectáreas de suelo urbanizable programado (según los datos del Ajuntament extraídos del PGOU de 1987, adaptado a las Directrices de Ordenación Territorial de Balears de 2005); Santa Eulària des Riu, de 388,80 hectáreas clasificadas como suelo urbanizable (según las Normas Subsidiarias de 2011); Sant Josep de sa Talaia, de 183,11 hectáreas; Sant Antoni de Portmany, de 142,13 y Sant Joan de Labritja, de 4,34 (según el diagnóstico previo a la revisión del Plan Territorial Insular de Eivissa de diciembre de 2018, que toma como referencia los datos de los planeamientos urbanísticos y del Mapa Urbanístico de les Illes Balears).
Esta situación, ligada a la falta de suelo, tiene sus consecuencias también para dotar a la población de servicios públicos de calidad, como por ejemplo, escuelas infantiles de 0-3 años, colegios, institutos, escuelas de idiomas, conservatorios de música u otros centros de enseñanza.
Pese a las necesidades que hay en la isla, no se ha construido ningún centro educativo de los que estaban previstos en el Plan de Infraestructuras Educativas (2016-2023) del Govern (el colegio Ses Planes, de Sant Josep, entró en funcionamiento para el curso escolar 2020-2021, pero formaba parte del plan anterior), una responsabilidad que es compartida entre los ayuntamientos y la Conselleria de Educación, porque aunque las competencias están transferidas a la Comunitat Autònoma, son los ayuntamientos los que ponen a disposición del Govern los solares para construir estas infraestructuras.
“Un problema es la saturación de la población, que ha crecido muchísimo. No tenemos suficiente agua o alcantarillado. No podemos construir y construir si luego no tenemos una previsión de luz, agua potable… A medida que las ciudades crecen, hay que preservar zonas para las instalaciones públicas”, explica a elDiario.es Mario Devis, secretario general de Enseñanza de CCOO Balears.
Un problema es la saturación de la población, que ha crecido muchísimo. No tenemos suficiente agua o alcantarillado. No podemos construir y construir si luego no tenemos una previsión de luz, agua potable…
El otro problema, apunta Devis, es la falta de unidad que hay entre los ayuntamientos y la Conselleria para llegar a consensos en cuanto a la cesión de los terrenos, algo que no ocurre, asegura, en Menorca: “Allí ponen por delante los intereses de la población a los intereses urbanísticos”. Estas diferencias también se acentúan cuando un ayuntamiento está gobernado por un partido político y el Govern, por otro.
Esto ha ocurrido, por ejemplo, con las dos fases de ampliación del colegio Sant Carles (la Conselleria estudia en estos momentos las modificaciones al proyecto que ha pedido recientemente la dirección del centro) y con el nuevo colegio de Santa Eulària. Cada vez que el conseller de Educación, Martí March, era preguntado por el estado de estos proyectos, afirmaba que “no se pueden construir colegios en el aire”, en referencia a que el Ajuntament no habría cedido el solar, a lo que el Ajuntament, gobernado por el PP, responsabilizaba a su vez al conseller socialista.
Para solucionar este problema y agilizar los trámites para la construcción de un nuevo centro educativo -el trámite desde su redacción hasta su finalización dura unos cuatro años, que en Eivissa pueden ser seis, debido a los problemas mencionados-, Devis propone cambiar la legislación para que el Govern pueda hacerse con los solares que necesite para estas instalaciones. “A un ayuntamiento le puede interesar recalificar una zona para poner un nuevo centro, pero la Conselleria tiene que asegurarse de que se cumplen las medidas medioambientales, de infraestructuras, que se puede dotar de agua, etcétera”, manifiesta Devis, que recuerda que, además, los centros tienen que situarse en el mismo núcleo urbano para que el alumnado pueda desplazarse a pie.
El Consell Escolar Insular de Eivissa, en el último informe de mayo de 2022, analiza las necesidades educativas en base a, entre otros indicadores, las nuevas matriculaciones por municipios y el estado de las actuales instalaciones. Para este año, la Conselleria ha invertido 662.447 euros en la ampliación del instituto Isidor Macabich de Eivissa y 1,5 millones de euros en la ampliación de la segunda fase del colegio Sant Carles. Entre este año y el siguiente se prevé también la redacción de los proyectos para construir un colegio y ampliar un instituto en Santa Eulària, nuevo colegio e instituto en Eivissa, colegio y ampliación de un instituto en Sant Antoni y otro nuevo colegio en Sant Jordi (Sant Josep).
En un apartado de valoraciones, la comunidad educativa ibicenca lamenta que la única ampliación que se está llevando a cabo, a fecha de mayo del 2022, es la del instituto de Isidor Macabich. “Las necesidades de infraestructuras escolares son las mismas que se detectaron (en 2016), pero agravadas por el aumento, año tras año, del alumnado escolarizado. Las inversiones que hace la Conselleria de Educación son insuficientes”, destaca el documento.
Pepita Costa, presidenta del Consell Escolar de Balears y de las familias del alumnado de Eivissa, explica a elDiario.es que la ampliación y construcción de los nuevos centros es “urgente” para la isla y añade que en el caso del colegio de Santa Eulària se tienen que incluir instalaciones de 0-3 años. Respecto a los institutos de Eivissa, afirma que “están muy masificados”, especialmente el de Sa Blanca Dona. “Hace diez años que pedimos un nuevo centro (en la ciudad)”, insiste.
Asimismo, Costa señala la necesidad de que los ayuntamientos creen más plazas para la escolarización de 0 a 3 años, después del anuncio de la gratuidad 2-3 que hizo el Govern, ya que son una medida encaminada hacia la igualdad social. En cuanto a las ratios, Costa explica que su reducción favorece, sobre todo, al alumnado con diversidad funcional, “que necesita una enseñanza diferente”.
Fuentes de la Conselleria de Educación explican a elDiario.es que en lo que se refiere al instituto de Eivissa, aunque todavía no se ha hecho la cesión formal del solar, “el Ajuntament ha hecho llegar toda la información, de manera que el Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals está redactando el anteproyecto”. El nuevo colegio de Santa Eulària, en cambio, está en fase de redacción, misma situación en la que se encuentra la ampliación de uno de los institutos del municipio, Quartó del Rei.
Un asunto diferente al problema educativo, pero que también es un derecho básico protegido por la Constitución, es el acceso a una vivienda digna. Un derecho que está siendo sustraído a amplias capas de la población ibicenca, que en muchos casos ve cómo se esfuma la mitad de su sueldo simplemente por el pago del alquiler de una habitación. Una de las carencias históricas, no solo de Eivissa sino de la práctica totalidad del Estado español, es la ausencia de un parque de vivienda pública que se sitúe en número a la media europea.
Debido a las circunstancias específicas de la isla, descritas anteriormente, un proyecto que prevé la construcción de 532 viviendas protegidas por parte del Ajuntament de Eivissa (autorizado por el Consejo de Administración de Sepes, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) ha recibido la oposición frontal del GEN-GOB, uno de los principales grupos ecologistas de la isla.
En una nota de prensa del 11 de mayo, el Ministerio anunció que autorizaba la cesión de unas parcelas que permitirán construir una escuela, ampliar un centro educativo y unas instalaciones deportivas, en una superficie que asciende a 28.284 metros cuadrados, es decir, unas 2,8 hectáreas de terreno. La misma nota informaba también de la autorización de las tres parcelas residenciales de Ca n’Escandell, en una superficie de 17,3 hectáreas, para la construcción de 532 viviendas protegidas, 367 de las cuales irían destinadas a alquiler asequible (incluidas en el Plan de Viviendas del Ministerio).
No es un proyecto nuevo. Fue diseñado hace más de una década, entre la entonces alcaldesa socialista Lurdes Costa y la ministra de Vivienda Beatriz Corredor del segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, no llegó a fructificar. En una comparecencia ante los medios de comunicación, en marzo de 2021, el entonces ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el conseller de Vivienda del Govern balear, Josep Marí Ribas y el alcalde de Eivissa, Rafel Ruiz, suscribieron el acuerdo para la edificación de las viviendas de protección social.
“Este Ajuntament es el único de la isla que lleva años poniendo a disposición suelo para la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler”, afirmó Ruiz. “Garantizar el derecho esencial, pero también constitucional al acceso a una vivienda digna es una prioridad absoluta de este gobierno”, sostuvo, por su parte, Ábalos. Durante la firma del convenio, el sindicato de inquilinas de Eivissa y Formentera se manifestó a las puertas del Consistorio. A través de su portavoz, Daniel Moya, reivindicaba que “nunca vamos a conseguir rebajar los precios del alquiler a través de las VPO, necesitamos que se ponga un tope a las subidas y que los precios bajen”.
En un comunicado del 6 de septiembre, el GEN-GOB informaba de la presentación de alegaciones contra el proyecto. Entre las razones principales argumentaba que la construcción se contempla en suelo rústico, que un 25% de las viviendas del municipio (unas 6.000) no tienen a ninguna persona empadronada (según un estudio que encargó la concejalía de Vivienda a la Universitat de les Illes Balears, UIB) y que se han detectado un mínimo de 129 pisos que se destinan al alquiler turístico ilegal.
Pero, sobre todo, los ecologistas se oponen al proyecto por razones urbanísticas y ambientales (saturación urbanística, municipio con una densidad de unos 4.500 habitantes por kilómetros cuadrado, sobreexplotación de los recursos hídricos, salinización de los acuíferos de Serra Grossa, incremento del gasto energético e impacto sobre los espacios naturales, entre otras).
“El neoliberalismo está tan instalado en la cabeza de la clase política que ve impensable poner topes en el alquiler y eliminar el alquiler turístico, que prohíben sobre el papel, pero que en la práctica consienten y hacen la vista gorda. No estamos hablando de un lugar donde sobre territorio, suelo agrícola y agua”, argumenta a elDiario.es Neus Prats, vicepresidenta del GEN-GOB. Prats también pone el foco en la crisis climática como otra de las motivaciones para oponerse. “No podemos seguir desalando agua (que necesita combustibles fósiles) y los pozos que abastecen a la ciudad de Eivissa están sobreexplotados en un 140%. No hay más recursos”, sostiene.
El neoliberalismo está tan instalado en la cabeza de la clase política que ve impensable poner topes en el alquiler y eliminar el alquiler turístico. No estamos hablando de un lugar donde sobre territorio, suelo agrícola y agua
Para el GEN-GOB, el argumento más importante que debería echar atrás este proyecto es el de la falta de agua. En este sentido, Prats recuerda que el Ajuntament no consigue aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “porque no justifican la suficiencia hídrica”. A este respecto, según Diario de Ibiza, Recursos Hídricos (dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente) emitió el 27 de mayo un informe favorable según el cual el Consistorio justificaría las necesidades de agua previstas en el planeamiento urbanístico aprobado en 2009 y tumbado por el Tribunal Supremo al faltar el informe de Evaluación Ambiental Estratégica. Las mismas informaciones indican que el informe favorable no es suficiente hasta que no se regularicen los pozos de abastecimiento.
Sin embargo, el GEN-GOB pide en sus alegaciones que se informe desfavorablemente. “Solo el hecho de que se tramite la Evaluación Ambiental para este proyecto, con grandes posibilidades de que finalmente consiga ser informado favorablemente, ya demuestra hasta qué punto se ha pervertido este instrumento para justificar cualquier aberración contraria al interés general y al medio ambiente”, recoge el grupo ecologista al inicio de sus alegaciones. Otro grupo ecologista, Amics de la Terra, y la plataforma ciudadana Prou! también se han mostrado contrarios a la construcción de estas VPO.
Como propuestas alternativas a la urbanización de viviendas sociales en ca n’Escandell, el GEN-GOB propone prohibir el alquiler vacacional (solo está prohibido en viviendas de edificios plurifamiliares), políticas de alquiler con renta garantizada avalada por la administración, políticas de incentivo al alquiler, políticas de compra de vivienda por parte de la administración (estableciendo por ley el derecho de tanteo y retracto), políticas fiscales para desincentivar que haya inmuebles vacíos y políticas de contención demográfica.
Miquel Vericad, conseller insular de Medio Ambiente en la pasada legislatura, tiene una opinión diferente. En conversaciones con elDiario.es, matiza que “coincide prácticamente con todo lo que denuncia habitualmente el GEN-GOB” pero que, en este caso, “el decrecimiento no puede recaer sobre las clases populares”. Vericad considera que la construcción de más de 500 viviendas sociales constituye “una palanca más que suficiente para bajar del burro a mucha gente”.
En su condición de exconseller, explica que las herramientas de las que uno dispone en política son limitadas y que “una cosa es lo que te gustaría hacer y otra lo que puedes hacer”. Asume que en el municipio de Eivissa hay “sobrepoblación”, aunque señala que no viene de ahora, sino de un PGOU -en vigor- de la época del “desarrollismo urbanístico”. Vericad también cree que no es lo mismo apoyar un proyecto como este, que implica crecimientos, que permitir, por ejemplo, la creación de más plazas turísticas. “A mí me gustaría tener una legislación en materia de vivienda mucho más avanzada”, aclara.
Un ejemplo de la complejidad del debate que ha generado este proyecto es la posición de Graciela Masiano, conocida ecologista y activista por los derechos sociales. “Hay una contradicción entre la defensa del ecologismo y la defensa del derecho a la vivienda. Si hay un piso que ya está hecho no contaminamos. Esta construcción va a contaminar, pero el resultado va a ser más favorable para la gente que necesita una vivienda”, argumenta Graciela, que recuerda que el alquiler, en Eivissa, ahora mismo está en torno a los 1.000 euros.
El Ajuntament de Eivissa, después de las alegaciones presentadas por el GEN-GOB, ha defendido que el problema del acceso a la vivienda se tiene que abordar desde diferentes perspectivas: valoración de la situación del parque de viviendas de la ciudad, perseguir el alquiler turístico -principal causa de la falta de vivienda en la isla-, compra de vivienda, establecer un límite a los precios del alquiler y seguir con las promociones públicas de vivienda en régimen de alquiler. Recuerdan que la actuación está incluida en el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible que impulsa el Gobierno y que cuenta con un amplio consenso entre todas las administraciones.
“Seguimos pensando que es una promoción muy necesaria para todas aquellas personas y familias que no encuentran vivienda a un precio razonable. Es, sin duda, un proyecto de vida para 500 familias”, insistieron, poniendo como ejemplo una promoción de vivienda pública finalizada recientemente en la que entregaron las llaves de pisos a quince familias. “El diseño de Ca n’Escandell incluye dotaciones y espacios públicos, equipamientos sociales, educativos y deportivos, respondiendo a la necesidad de dotaciones públicas de toda la ciudad”, defendieron.
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