Democracia para luchar contra la crisis climática: el caso pionero en Mallorca

“Es una herramienta democrática muy potente porque es capaz de empoderar a la ciudadanía para conseguir que los cambios sean más significativos. Es un proceso en el que nos hemos sentido responsables del territorio y la comunidad de la que formamos parte porque hemos sentido que nuestra opinión es válida”, explica a elDiario.es Érica García, una de las portavoces de la Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca, un ejemplo de democracia participativa pionero en las Illes Balears.

Ella es una de las 60 personas que ha participado entre noviembre y febrero en un proceso de democracia deliberativa y de cuyas cinco sesiones se elaboraron y aprobaron 56 propuestas (destinadas a afrontar la emergencia climática) que serán tomadas en consideración en el Consell Insular de Mallorca y en el Govern balear.

La asamblea se ha constituido con financiación del Consell de Mallorca y del Govern y bajo el compromiso de ambas instituciones de asumir como propias las propuestas aprobadas con más de un 90% de los votos (32 de 56). En el caso de aquellas que han sido refrendadas con un porcentaje inferior, si finalmente no fueran implementadas por las instituciones a las que se eleva la propuesta, el compromiso adquirido por ellas es que el rechazo se haga bajo estricta justificación. Respecto a aquellas sobre las cuales no tienen competencias directas, ambos organismos se comprometieron a remitir las propuestas a los órganos competentes con su correspondiente justificación.

Las propuestas que se han debatido durante este tiempo pretenden responder a la siguiente pregunta: ¿qué necesitamos hacer en Mallorca antes del 2030 para afrontar la emergencia climática de forma efectiva y socialmente justa? Las sesiones han estado conducidas por un equipo con profesionales de distintas disciplinas provenientes de la Universitat de les Illes Balears (UIB), entre otros ámbitos. Antes de su puesta en funcionamiento en septiembre de 2022, contó con la financiación de la European Climate Foundation, que entre mayo y septiembre de 2021 elaboró un estudio que analizaba la viabilidad de crear una asamblea en el ámbito balear.

Amplio consenso en energía

Las 56 propuestas que se han aprobado han sido divididas en diferentes bloques: transporte, energía, modelo de consumo, agua, ecosistemas y educación y concienciación. “La única propuesta que ha tenido un 100% de apoyo por parte de la asamblea es una relativa al bloque de energía”, afirma Érica García, en referencia a la propuesta de instalaciones eléctricas y comunitarias, que propone, en coherencia con la labor del Instituto Balear de la Energía (IBE), “fomentar las comunidades públicas con la creación de cooperativas de producción y distribución de energía renovable”.

Según García, el amplio apoyo que tuvieron la mayoría de las medidas de este ámbito se debe a que tenían claro “que había trabajo por hacer, por lo que fue muy fácil llegar a acuerdos y consensos”. En base a la información que les proporcionaron los expertos vieron que “la relación entre energía y economía es totalmente directa”: “El crecimiento económico depende totalmente de la energía. En el momento en que hay una crisis energética la economía entra en recesión. Vimos muy claro el impacto que tiene el actual modelo energético en el cambio climático”.

Este bloque, sin embargo, no estuvo exento del debate político. En algunos de los puntos, que ahondan en la necesidad de transicionar hacia un modelo energético libre de combustibles fósiles, se hacen propuestas que prioricen cubiertas y techos en espacios urbanos antes que colocar placas fotovoltaicas en suelo rústico, especialmente si este es de interés agrario. En los casos que no fuera posible, se opta por un modelo mixto, que combine la agricultura con la instalación de energías renovables, “aplicando la técnica conocida como agrovoltaica”.

En la propuesta relativa a la ordenación energética insular, la asamblea insta al Consell de Mallorca a regular y ordenar los usos del suelo y de los edificios públicos y privados para la instalación de energías renovables, para lo que la institución insular debe aprobar un nuevo Plan Territorial Insular (PTI). Para ello piden crear una legislación en la que los trabajadores del campo no se vean afectados por parques fotovoltaicos y que, a la vez, permita cumplir con los objetivos establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2019.

Sobre la problemática de las instalaciones de parques fotovoltaicos en suelo rústico, García explica que la opción “agrovoltaica” es la última. Teniendo todas las opciones sobre la mesa y habiendo escuchado todos los puntos de vista, la asamblea consideró que “antes que tocar el campo había que utilizar todas las vías que pueda haber en las construcciones ya existentes”. En todo caso, asumiendo las contradicciones y la dificultad de un debate que necesita “pensar a largo plazo como comunidad con la urgencia que la emergencia climática requiere”, afirma que el resultado de la asamblea refleja “la diversidad de opiniones que hay porque es un tema bastante controvertido”.

Eva Cardona, bióloga y coordinadora de la asamblea, explica en conversaciones con este diario que el problema en estos momentos es que están “entrando proyectos sin que se haya hecho este trabajo previo de ordenación y planificación”. Muchas veces, “las instalaciones energéticas vienen a través de proyectos de empresas de fuera que explotan la tierra a su conveniencia”, indica. “Unas tierras que tienen o pueden tener un uso agrario se ven invadidas por proyectos fotovoltaicos”, asegura. Por eso, concluye, “es bastante urgente que se haga esta ordenación”.

En última instancia, sobre la cuestión energética, la asamblea ha reflexionado sobre la necesidad de reducir la demanda de energía. “Estamos ante una situación problemática y se tienen que tomar decisiones urgentes porque llegamos tarde. Nos enfrentamos a una amenaza que pone en riesgo la supervivencia de nuestro territorio y nuestros ecosistemas”, asevera.

El transporte: principal fuente de emisiones

La manera en que está configurado nuestro sistema de transporte y circulación de bienes y personas está muy ligado al modelo energético. El transporte terrestre, aéreo y marítimo es el sector que más energía y emisiones genera en el archipiélago balear: esta actividad es responsable del 80% de nuestras emisiones directas.

En este bloque se han aprobado, con más de un 90% de los votos, medidas encaminadas a la limitación de los cruceros turísticos (se pide una legislación más ambiciosa que la actual); limitar el número de visitantes que llegan a Mallorca definiendo una “capacidad de carga en cuanto a presión humana” y estudiando “un número ‘sostenible’ de plazas turísticas en base a dicha capacidad”; regulación y limitación de las embarcaciones en toda la costa que evite la masificación y destrucción de la posidonia y los espacios marítimos; integración y ampliación de la red pública de movilidad urbana e interurbana con buses y trenes; limitar la entrada y el uso del coche privado en los núcleos urbanos estableciendo alternativas eficaces; limitar el número de vehículos que llegan a Mallorca; regular y limitar el número de coches de alquiler (considerando esta actividad como turística) y promover el modelo municipio/ciudad de 15 minutos.

Existen otras propuestas que han sido aprobadas con un amplio respaldo aunque por debajo del 90% y que requieren cambios en la normativa estatal y europea. Entre ellas, limitar el transporte privado de los ‘jets’ y los yates; limitar el transporte aéreo y marítimo comercial, entre otras. “En las propuestas que se salen parcial o totalmente de las competencias autonómicas, las instituciones tienen que trasladar la voluntad de la ciudadanía a instancias superiores”, reconoce Cardona.

“Tenemos que avanzar hacia un cambio de modelo económico”, argumenta Cardona, incidiendo en la idea de que las propuestas van encaminadas a reducir la dimensión que la masificación turística tiene en el archipiélago balear. Este modelo, añade, “está marcando toda la deriva de las islas, así como el impacto en cuanto a los recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero”. Impacta, incluso, “en la convivencia, las infraestructuras y la saturación de los espacios”, explica.

En este sentido, cree que la limitación de la entrada de vehículos en Mallorca va a ser una de las normas más fáciles de aprobar, debido al precedente de Formentera, y a la ‘maduración’ que la idea está teniendo en las otras islas vecinas, Menorca y Eivissa. Entre las medidas aprobadas con más de un 90% de los votos hay una que trata, específicamente, de regular y limitar las embarcaciones en toda la costa para evitar la masificación y destrucción de la posidonia, planta protegida por la legislación autonómica. 

La limitación de la entrada de vehículos en Mallorca podría ser una de las normas más fáciles de aprobar, debido al precedente de Formentera, y a la ‘maduración’ que la idea está teniendo en las otras islas vecinas, Menorca y Eivissa

Esta propuesta, explica Cardona, se hace con el objeto de dotar a la norma actual de más recursos para vigilar y aplicar su cumplimiento. “Hay un problema de falta de operatividad de los servicios de vigilancia para poder llegar a toda la costa”, afirma Cardona. Entre otras medidas, se plantea proponer un estudio que delimite físicamente los espacios de posidonia y marítimos, así como la presión que se puede soportar; posibilidad de inmovilizar las embarcaciones y controlarlas por GPS; vigilancia con drones y límite de fondeos en la costa, entre otras.

Mayor soberanía alimentaria

El tercer bloque, que pone el foco en el modelo de consumo, pone de relieve el potencial de Mallorca para desarrollar “una agricultura y ganadería sostenible” para “avanzar hacia la soberanía alimentaria” que pueda “mitigar y adaptarse al cambio climático”. Incluye propuestas (aprobadas con un porcentaje superior al 90%) como el ‘residuo cero’, promoviendo la compra a granel, envases y bolsas reutilizables, retornables y/o biodegradables; sistemas de devolución y retorno (SDDR); mejoras en el reciclaje y etiquetado sobre la huella ecológica de los productos -dirigida al Gobierno y a la UE- que incluya información relacionada con los derechos laborales y el comercio justo, entre otras. Sobre esta última propuesta, explica Cardona, se persigue “un consumo crítico y responsable y que la información de cara a la persona consumidora sea transparente”.

Asimismo, las medidas que gozan de mayor respaldo también son las que están dirigidas a, por ejemplo, ampliar y favorecer la oferta del pequeño comercio, mediante el abaratamiento del precio de los locales comerciales a través de una red de locales públicos para los pequeños negocios. También se plantean ayudas a emprendedores comprometidos con el producto local y la reducción de la huella ecológica y medidas fiscales que incentiven el pequeño comercio. Se hacen propuestas que ahonden en la promoción del producto local; la producción agraria local y la reconversión del sector pesquero local.

Esta última propuesta, argumenta Cardona, está dirigida a dejar de “subvencionar la pesca que tiene más impacto, como la de arrastre” para promocionar la de especies en un nivel bajo de la cadena trófica (moluscos, macroalgas, peces herbívoros…). La medida propone, además, hacerlo en espacios “que no queden perjudicados, asegurando un ‘bajo impacto’ sobre los ecosistemas marinos”.

Profundización democrática

Pese a que las instituciones (Consell de Mallorca y Govern) se han comprometido a hacer suyas las medidas que se han aprobado con más de un 90% de los votos, Neus Ramis, politóloga de formación y coordinadora de la asamblea, teme que tras las elecciones de mayo los próximos ejecutivos que se elijan no estén alineados con el compromiso adquirido por los gobiernos actuales. Esta iniciativa se ha desplegado en el marco de la coalición de gobierno entre el PSIB, Unides Podem y Més per Mallorca.

Pese a que las instituciones se han comprometido a hacer suyas las medidas, Neus Ramis, coordinadora de la asamblea, teme que tras las elecciones de mayo los ejecutivos que se elijan no estén alineados con el compromiso adquirido por los gobiernos actuales

“Creo que también depende de la asamblea y de su grado de organización”, afirma Ramis a elDiario.es. “Desde coordinación les daremos apoyo, facilitando el espacio, para que puedan tomar las mejores decisiones de manera efectiva y con todo el apoyo científico, universitario e institucional”, añade, con el objetivo de “hacer un seguimiento de los acuerdos a los que hemos llegado”. Todos los partidos con representación institucional se han acercado a conocer el funcionamiento y las propuestas de la asamblea, excepto Vox.

La politóloga explica que el gran valor de la asamblea ciudadana es que “es un mecanismo de democracia deliberativa que complementa la democracia representativa”. “Estamos acostumbrados a un sistema de partidos, se vota cada cuatro años a unos representantes de gobierno, y ya está”, añade. En este sentido, este espacio, de carácter inclusivo, diverso y representativo, supone, en palabras de Ramis, “una escuela de democracia”.

Para que el proceso fuera eficaz, el equipo de coordinación ha hecho mucho trabajo para que todas las personas “se sientan con libertad de expresión y en igualdad de condiciones para hablar, independientemente de su condición, porque había una realidad sociodemográfica completamente diversa”, asegura. Estas dificultades se manifestaron, por ejemplo, en el factor género. “Ya solo por el hecho de ser mujeres nos cuesta más participar”, ejemplifica Ramis. “La edad es otra variable que a veces puede llegar a cohibir, pero también influye la condición o estatus social y económico, así como el nivel de estudios”, ahonda. Esta experiencia sociológica demuestra que todo el mundo “tiene mucho que decir si le damos tiempo, confianza e información adecuada”. “Podemos tener debates totalmente productivos y tomar decisiones que produzcan un cambio y un impacto en la sociedad. Y esto es la democracia”, apunta la politóloga.

“Democracia real es cuando empezamos a moderar nuestra visión porque incluimos las necesidades, anhelos y demandas de los demás. No solo pensamos en nosotros mismos y en nuestros sueños, sino que pensamos en global. Las propuestas son un reflejo de esto”, resume Ramis. Es, por tanto, una herramienta que pone el valor en “la confianza en el colectivo, en la comunidad”. “Estamos muy atomizados e individualizados. Cada uno a lo suyo. Esta confianza en el grupo reside en decir: a pesar de todas las diferencias que tenemos, que son muchas, vamos a por algo más grande”, explica. En este sentido, los organizadores querían destacar “el valor de la contribución de las personas”. Cuáles son los retos, cuáles son las resistencias del día a día que dificultan la transición ecosocial, qué es lo que impide que seamos más sostenibles… “Necesitamos que este debate se tenga entre la gente de la calle”, insiste Ramis.

Todo el proceso, detalla la coordinadora, se ha llevado a cabo de manera “muy rigurosa”. Las 60 personas que participaron fueron escogidas mediante sorteo, siguiendo criterios de edad, sexo, municipio, nivel de estudios y de renta para que la muestra incluyera la diversidad de la sociedad mallorquina. “Enviamos 10.000 cartas de forma aleatoria invitando a la gente a participar. También hicimos una campaña a través de las redes sociales. De este proceso salieron 500 personas”. Este trabajo se ha realizado en colaboración con una empresa especializada en demoscopia y junto a la entidad europea Sortition Foundation.

Las 60 personas que participaron fueron escogidas mediante sorteo, siguiendo criterios de edad, sexo, municipio, nivel de estudios y de renta para que la muestra incluyera la diversidad de la sociedad mallorquina

Además del proceso de coordinación, Ramis ha formado parte de un equipo de ocho facilitadores y facilitadoras, es decir, un grupo de expertos cuyo trabajo ha consistido en crear “espacios seguros y amables” para el debate. Los participantes han recibido, en cada sesión, información por parte de actores sociales, expertos y científicos. “Si necesitábamos más material para profundizar en un tema, nos lo proporcionaban. Todas nuestras propuestas se han nutrido de este conocimiento. La tarea de los equipos de facilitación ha sido increíble y muy rigurosa. Demuestra que cuando la ciudadanía recibe información y conocimiento se pueden generar debates adecuados y propuestas de mucho valor”, afirma Érica. Más adelante, el objetivo es replicar esta asamblea en Menorca, Eivissa y Formentera.