Podemos ha interpuesto este lunes una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática contra David Gil, portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, por haberse referido al golpe de Estado fascista de 1936 como “la última cruzada de liberación”, haciendo apología de la guerra civil y de la dictadura.
Además de Podemos -que en ese momento ya anunció acciones penales-, las declaraciones también se toparon con la repulsa de la asociación Memòria de Mallorca, volcada desde hace dos décadas en la búsqueda de los restos de víctimas de la represión franquista y que denunció el caso ante el Govern balear por infringir la Ley de Memoria Democrática. La entidad acusa al cargo de extrema derecha de hacer “apología del franquismo” mientras en el pleno del Consell Insular de Mallorca se debatía una iniciativa sobre la señalización de carreteras construidas por presos republicanos.
En su denuncia, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es, Podemos califica los hechos de “gravedad” y cree que podrían ser constitutivos de delito, motivo por el que la formación ha presentado dicha denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El partido justifica la denuncia con base en los hechos ocurridos en el Consell Insular, para lo cual aporta las imágenes del pleno en el que tuvieron lugar las declaraciones de Gil, así como los titulares de la prensa local y nacional que informaron de los hechos. Asimismo, Podemos recuerda que, en los días posteriores, David Gil, “lejos de mostrar arrepentimiento, ha mantenido sus declaraciones, justificándose por el hecho de ser ‘un buen católico’”, tal como recogió Última Hora.
El grupo morado ha instado por escrito a la Conselleria de Presidencia y Administración Pública, dependiente del Govern balear, que aclare si se está siguiendo el procedimiento registrado en la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears. La diputada de Podemos Cristina Gómez ha preguntado, asimismo, al Ejecutivo del PP si contempla abrir un expediente para estudiar el caso, según contempla el artículo 36.2 de la ley balear de memoria democrática -PP y Vox pretenden derogar la normativa-, que regula las infracciones consideradas graves. Las sanciones por infracciones graves contemplan multas entre 2.000 y 10.000 euros.
El escrito, además, recoge que tanto Memòria de Mallorca como el PSIB-PSOE presentaron el 14 de febrero sendas denuncias administrativas a la Conselleria de Presidencia y al Servei de Memòria Democràtica del Govern balear “ante la inacción del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (PP)”, debido a la apología del golpe militar contra la Segunda República que hizo el conseller y portavoz adjunto de Vox. El gobierno insular del PP en un principio no condenó las declaraciones de Gil (Vox) debido a que “comprende” aunque “no comparte” la expresión utilizada por el conseller de extrema derecha.
El PP rectifica
Núria Riera, portavoz del PP en el Consell de Mallorca, aseguró que entendía que el partido de extrema derecha, socio de los conservadores en la institución, “defienda lo suyo”. Riera consideró que las manifestaciones de Gil “no fueron afortunadas”, pese a que eludió condenarlas. La consellera del PP aseveró que desde su partido “siempre” han mostrado respeto por las víctimas y los pasos que se han dado “hacia la concordia de todos los españoles”. “Vox tiene su programa político y defiende sus postulados políticos y el PP defiende sus postulados, que considera más coherentes y centrados”, concluyó Riera.
Unos días después hubo un cambio de guion. Llorenç Galmés (PP), presidente del Consell de Mallorca, rectificó y anunció que iba a pedir a David Gil (Vox) que retirara las palabras referidas al golpe franquista de 1936 y la posterior guerra civil como “la última cruzada de liberación”. La manifestación de Galmés llegó después de que los grupos de izquierdas -Podemos y PSOE- anunciaran las diferentes denuncias e iniciativas que iban a emprender por considerar que las declaraciones de Gil infringen la ley balear de memoria democrática. En el caso de Podemos, por todo lo expuesto, definen las palabras de Gil como un “menosprecio y humillación a las víctimas de la guerra civil”, razón por la que ponen los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.