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La exdirectora de la prisión de Palma, María Jesús de Dios, quien este jueves ha declarado como investigada por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, ha responsabilizado a un funcionario -a quien ha asegurado no recordar- del “extravío” o “destrucción” de la resolución que justificaba el traslado del magnate Bartolomé Cursach a una cárcel de Alicante. El mayor empresario del ocio de Balears fue investigado durante años a raíz de supuestas prácticas corruptas desplegadas en el seno de la Policía Local de Palma con el objetivo de proteger sus intereses, aunque finalmente los hechos no fueron acreditados y Cursach, junto a varias decenas de agentes, acabó finalmente absuelto.
La ex máxima responsable del centro penitenciario de Palma fue denunciada por el más conocido como 'rey' de la noche mallorquina por decretar su traslado de forma presuntamente irregular al no haberle sido notificado el desplazamiento por los cauces legales pertinentes. No en vano, apenas unos meses después de ser enviado a Alicante (el 5 de junio de 2017), la Audiencia Provincial de Balears anuló la medida, considerándola “nula de pleno derecho” al haber sido adoptada “sin explicación racional o motivación”. Los magistrados consideraban que el desconocimiento del contenido de la resolución que supuestamente justificaba el traslado suponía “una vulneración clara de derechos fundamentales y causa manifiesta de indefensión”.
Durante su declaración en el Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, De Dios ha defendido su actuación en el marco de aquellos hechos y ha descargado en sus subordinados que la resolución acabara traspapelada o destruida.
Asimismo, ha reconocido que, durante la instrucción del 'caso Cursach', el juez encargado de las pesquisas, Manuel Penalva, la llamó para que “tomase medidas” contra el magnate con el objetivo de proteger la integridad de Francisco Fernández Cortés, El Ico, hijo de Francisca Cortés, La Paca, histórica matriarca del poblado chabolista palmesano de Son Banya. 'El Ico', quien apareció en la causa en 2015, fue uno de los testigos en los que se apoyaron tanto el entonces instructor como el fiscal Miguel Ángel Subirán para sacar adelante sus investigaciones. En sus declaraciones, aseguró que Cursach lo había amenazado y que varios agentes le habían extorsionado a cambio de no someter a controles e inspecciones sus locales nocturnos dado que, según aseguraba, sus establecimientos eran competencia directa de Cursach y esos policías lo protegían.
Bajo la condición de testigo protegido número 13, 'El Ico', quien acumula varias condenas, entre otros numerosos episodios, por asuntos de drogas y por protagonizar un tiroteo en un club de alterne de Palma, comenzó a aportar datos que hablaban de cómo se había visto obligado a abonar 'mordidas' semanales de hasta 500 euros a varios policías a cambio de no recibir inspecciones de ningún tipo en los dos locales que regentaba, unos pagos que, relataba, efectuaba en mano cuando los agentes se personaban en sus discotecas.
Sin embargo, sus acusaciones cayeron en saco roto años después cuando nada de lo que había manifestado se había declarado probado. No en vano, es uno de los extestigos del caso Cursach que en la actualidad están siendo investigados por presunto delito de falso testimonio a raíz de las supuestas irregularidades que habrían cometido para sostener la existencia de un entramado mafioso alrededor de Cursach.
Y es que las sospechas que entre 2018 y 2019 comenzaron a aflorar sobre las presuntas prácticas ilícitas llevadas a cabo por Penalva, Subirán y cuatro policías nacionales del grupo de Blanqueo con los que colaboraban estrechamente llevaron a la Justicia a poner el foco sobre ellos, así como sobre los principales testigos que durante años comparecieron en el caso Cursach. Entre ellos se encontraba el conocido narcotraficante. La que se había convertido en la mayor causa anticorrupción impulsada en los últimos años en el archipiélago fue desinflándose poco a poco hasta quedar prácticamente dinamitada, con Cursach absuelto de una supuesta trama mafiosa y Penalva y Subirán condenados a nueve años de cárcel por las presuntas irregularidades que habrían cometido para allanar sus pesquisas.
En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) condenó a ambos juristas por delitos de obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir filtraciones y coacciones al considerar probado que exjuez y exfiscal desplegaron diversas prácticas ilegales para incriminar a varios investigados por hechos de los que, tras un turbulento peregrinaje judicial, acabaron finalmente absueltos. Con todo, la sentencia no es firme y se encuentra pendiente de la resolución de los distintos recursos de casación interpuestos en el Tribunal Supremo.