“Duro y en la cabeza, que les duela”; “ya hay cuatro en la jaula camino del matadero”, “¡Vamooooos equipo!!! Ahí delante, detrás de ese precipicio sólo nos espera la Gloria”... Son sólo algunos de los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron el juez, el fiscal y los policías que investigaron en su día un presunto entramado mafioso en torno al magnate Bartolomé Cursach. El chat, que los antiguos investigadores mantenían abierto mientras instruían la mayor causa por corrupción impulsada en los últimos años en Balears, revelaría la actuación presuntamente coordinada que todos ellos llevaron a cabo para, supuestamente, presionar a testigos, efectuar detenciones ilegales y alargar de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados del caso Cursach con el objetivo de reforzar sus acusaciones.
Las conversaciones han salido a relucir durante el interrogatorio como acusado al exjuez Manuel Penalva, encargado del caso Cursach entre mediados de 2015 y marzo de 2018, cuando fue apartado de las investigaciones por falta de apariencia de imparcialidad. Penalva, junto al exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro miembros del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, está siendo juzgado a raíz de las supuestas irregularidades que, según Anticorrupción, cometieron durante la instrucción del caso con el objetivo de apuntalar sus acusaciones y allanar futuras condenas. Unos hechos que niegan de plano los acusados.
Tanto Penalva como Subirán se enfrentan a las mayores peticiones de condena formuladas contra un juez y un fiscal en España: para el primero, la Fiscalía reclama 118 años de cárcel y para el segundo, 121 años y nueve meses por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo sigilo sumarial.
Durante la sesión de este viernes, varios de los abogados de las acusaciones particulares -ejercidas por quienes se consideran perjudicados por las actuaciones de los antiguos investigadores, entre ellos el propio Cursach- han exhibido parte de los mensajes de WhatsApp en su día intercambiados por los procesados. Penalva, sin embargo, ha eludido responder sobre algunos de ellos mientras que, sobre otras manifestaciones, ha acusado a los policías que analizaron el chat de atribuirle en falso la autoría de los mismos.
Penalva se declara “absolutamente imparcial” en su actuación
Sobre dos de los arrestados en una de las piezas del caso Cursach, se lee a Penalva decir: “Si podemos involucrar a Roig y Femenia [un empresario y un funcionario implicados en la causa] o alguno de estos en otro concurso que no tengamos o que no hayamos estudiado puedo justificar más fácilmente una prisión preventiva para asegurar la prueba”. Sobre ello, el exjuez se ha declarado “absolutamente imparcial” cuando acordó tales detenciones y, sobre si ya había decidido de antemano enviar a la cárcel a uno de los arrestados, ha justificado: “Cuando creía que un asunto podía acabar en prisión preventiva, tenía autos preparados que luego podía utilizar o no. No hay muchos autos tan razonados como los míos en los Juzgados de Palma”.
Según la Fiscalía, en los mensajes de Whatsapp se aprecia la “premeditada” decisión de enviar a prisión a varios de los encausados, así como el hecho de que “no existía ninguno de los presupuestos que exige la Ley para acordarla”. Entre otros mensajes que han salido a la luz, la inspectora de la Policía Nacional que participa en el chat señala: “Piensa en qué pruebas podemos ir a buscar o pueden alterar, no manipular”. Tas esto, otro de los policías afirma: “A lo mejor podemos decir que Serna [uno de los investigados] se ha incorporado después de cinco meses ex profeso para influir en el nuevo concurso y alterar y manipular las facturas que faltan”. “Estoy con vosotros”, añade en un momento dado el fiscal Subirán, quien sentencia: “Hoy en el calabozo y mañana en la carretera de Valldemossa”, en referencia a la ubicación del centro penitenciario de Palma.
En un mensaje, el fiscal comenta sobre uno de los investigados: "Hoy en el calabozo y mañana en la carretera de Valldemossa”, en referencia a la ubicación del centro penitenciario de Palma
En concreto, los hechos que en este juicio se imputan a Penalva, Subirán y los cuatro policías se enmarcan, principalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. En el marco de este fleco, en octubre de 2016 fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.
Los antiguos investigadores llegaron a implicar a Gijón y al exconseller de Interior José María Rodríguez (PP) en fiestas con drogas y prostitutas a raíz de las manifestaciones efectuadas por una testigo –en la actualidad investigada por un presunto delito de falso testimonio–, quien aseguraba ser la madame de un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en bacanales supuestamente costeadas por Cursach. Estos hechos tampoco fueron acreditados.
Al hilo de ello, uno de los momentos más tensos de la jornada se ha vivido cuando el letrado del exregidor popular ha tomado la palabra para interrogar a Penalva: “¿Sabe que desde que se abrió la causa hasta que Gijón consiguió hablar con usted estuvo casi un año viendo cómo en la prensa se decía que consumía drogas, iba con niños y con putas, sin poder defenderse porque usted no lo citaba a declarar?”, le ha inquirido el letrado Oriol Rusca. Sin embargo, el exjuez se ha limitado a responder: “Si se publicaba que iba de putas, no haber ido, qué quiere que le diga”. “O a lo mejor es que no fue”, le ha espetado el abogado. Cuando Penalva ha insistido en que “sí que fue”, Rusca ha terminado por manifestar: “Vale, ya sé que el que sabe más de todos es usted y que todos los demás estamos equivocados”.
“Rodríguez era una persona peligrosa con contactos poco recomendables”
En otro punto de la declaración, el letrado le ha interpelado sobre el testigo que les puso en conocimiento los pormenores de la adjudicación del servicio ORA. “¿Sabía que había sido expulsado del PP? ¿Que había sido condenado por una agresión a unos policías? ¿Que había tenido problemas en el PP porque buscaba que su padre fuese favorecido en unos negocios?”. “Lo desconocía”, ha señalado Penalva. Cuando le ha preguntado por qué le otorgaron la condición de testigo protegido, en su caso bajo el número 19, el exjuez ha respondido que “sentía temor especialmente por Rodríguez”.
“Rodríguez, no sólo por lo investigado, era una persona peligrosa con determinados contactos poco recomendables”, ha espetado el procesado. Cuando el letrado le ha preguntado “en qué se basaba ese peligro”, Penalva se limitado a manifestar: “Ya lo he contestado”. “O sea, que no tiene ni idea”, ha proferido el penalista.
En concreto, la defensa de Gijón solicita una indemnización de un millón de euros para el expolítico, 150.000 para su hermano y 300.000 para sus padres por los perjuicios sufridos durante la instrucción del caso ORA. La defensa del exparlamentario del PP considera que éste “ha sido y es la víctima principal de todo este entramado judicial y policial, sufriendo un gravísimo descalabro profesional, económico y personal”, al recordar que estuvo “en todas las ternas como posible candidato a la alcaldía de Palma”. “No solo era seguro que saliera electo (...) sino que su proyección de futuro era inmejorable. Y todo eso se truncó”, añade el abogado de Gijón.
Subirán: “No tengo nada contra Rodríguez ni Gijón”
La comparecencia de Penalva, que arrancó a primera hora de este jueves, ha finalizado pasadas las 12.00 horas de este viernes después de que las defensas hayan rehusado interrogarle. Tras él ha sido el turno del exfiscal Subirán, quien se ha negado a responder a las preguntas del fiscal Tomás Herranz. Durante su declaración, el acusado ha expresado su “hartazgo” ante las preguntas de las acusaciones particulares durante el juicio. “Parece que se han puesto un velo negro y no quieren verlo”, ha manifestado.
En línea de lo apuntado por el exjuez, Subirán ha insistido en que el testigo 19 compareció “libre y voluntariamente” ante ellos advirtiéndoles del supuesto “amaño” del concurso de la ORA. “Yo contra Rodríguez y Gijón no tengo absolutamente nada”, ha recalcado el fiscal antes de advertir de que no respondería a ninguna pregunta relacionada con el chat Sancus. “Creo que Penalva ha caído”, ha aseverado ante las respuestas ofrecidas sobre los WhatsApps por su excompañero al frente del caso Cursach.
Al ser preguntado sobre si de retrasó de forma deliberada la práctica de las diligencias pendientes mientras uno de los arrestados del caso ORA se encontraba en prisión, Subirán le ha espetado: “No le voy a contestar porque me ha molestado mucho su pregunta”. “La detención estaba más que justificadísima. Femenia elaboró los pliegos técnicos, formaba parte de la mesa de contratación y de la comisión técnica. Se autonombró”, ha recalcado sobre el detenido.
El exfiscal ha relatado, asimismo, las presiones que sufrió mientras se encontraba al frente del caso Cursach. “Yo denuncié hasta cuatro entradas en mi domicilio. Me jodieron el coche. Tengo trastorno por estrés postraumático para toda la vida. No sé quien ha salido más perjudicado aquí y quién ha pasado aquí el tormento y el sufrimiento”, ha manifestado. La declaración de Subirán prevé continuar el próximo lunes a preguntas del resto de acusaciones particulares y de las defensas de los acusados.