La expresidenta de los agentes de la propiedad abandona Mallorca por el estrés y la deriva de las inmobiliarias
La situación inmobiliaria en Balears está provocando hechos insólitos, como que la misma expresidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI), Natalia Bueno, haya decidido abandonar Mallorca, donde ha vivido y trabajado las tres últimas décadas, como ha adelantado el periódico local Última Hora.
“Mi intención es irme a finales de este año y hay otra empresa que se va a quedar mi negocio, la compañía seguirá abierta”, relata Bueno a elDiario.es, y añade que el motivo principal es el cansancio que acumula en su puesto de trabajo, que se ha complicado en el último lustro por la crisis habitacional en el archipiélago. Bueno, quien estuvo durante años en cabeza de la COAPI y que ahora sigue siendo agente para el sector de clase media, asegura que debe trabajar “muchísimo” para llegar a final de mes y tener un salario “decente”.
La dramática situación que vive el mercado inmobiliario mallorquín hace que el estrés y las dificultades se multipliquen. “Es todavía más duro”, asegura Bueno. La energía tampoco es la misma de años atrás. Los horarios insostenibles, con falta de tiempo para hacer los informes de valoración de los casos entre semana -lo que la obliga a trabajar los sábados y los domingos- es otro de los factores que la ha motivado a tomar esta decisión.
El hecho de que se “tumbara” el pasado febrero el registro obligatorio de agentes inmobiliarios también le dejó con un mal sabor de boca: el Govern decidió que la inscripción fuera voluntaria y no obligatoria, tal y como estaba previsto. El conseller José Luis Mateo explicó que la decisión respondía a una exigencia del Gobierno central, a pesar de que la medida, dentro de la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, buscaba ofrecer más garantías a los consumidores, según publicó la agencia de noticias Europa Press.
La expresidenta ha señalado que “eso ya no tiene solución”, igual que tampoco la encuentran ellos, los agentes inmobiliarios colegiados, para los trabajadores de clase media que necesitan acceder a una vivienda. Ni tan siquiera, cuando se trata de contratos de alquiler. “Tener que decirle a gente que se jubila, por ejemplo, que su única alternativa es dormir en una habitación en un piso compartido porque no pueden alquilar nada, es duro”, explica. Es también su día a día como profesional.
Esto ya no tiene solución. Tener que decirle a gente que se jubila, por ejemplo, que su única alternativa es dormir en una habitación en un piso compartido porque no pueden alquilar nada, es duro
Una frustración constante
Es difícil dejar la empatía de lado. Sobre todo, cuando la misma situación que sufren los clientes de una, es la misma que se sufre en las propias pieles. Se ha encontrado en la situación, más de una vez, de que inquilinos que ha gestionado “de toda la vida” se hayan tenido que marchar porque el propietario se veía en la necesidad de proporcionarles vivienda a sus hijos. Algo que también entiende. “Es totalmente lícito, porque seguramente el hijo -igual que muchos otros jóvenes en edad de comprarse una casa- tampoco pueda comprarse nada”, continúa la agente inmobiliaria.
Luego, esos mismos inquilinos también recurren a ellos para encontrar una nueva vivienda de alquiler con un presupuesto que se pueda permitir una persona sola. “¿Y qué puedes hacer? ¿Qué les tienes que decir? No hay nada”, se fustiga al ser preguntada por elDiario.es. Bueno lleva más de 30 años dedicándose al negocio inmobiliario, pero en los últimos tiempos, sobre todo después de la pandemia del COVID, ha visto cómo la situación en las islas empeoraba hasta alcanzar unos límites antes insospechados. Los precios tanto en el alquiler como en la compra han experimentado “un subidón” importante. También, la presión demográfica, otro de los motivos por los cuales quiere marcharse de Mallorca después de tantas décadas.
Éxodo poblacional hacia el norte
Bueno es amante del campo y dice que siempre ha tenido el sueño de abrir un agroturismo, algo que por fin cumplirá cuando se marche a finales de año al norte de España. Una amiga suya de Alcúdia se mudó hace cuatro años a Viveiro, en Galicia, y cuando fue a visitarla le encantó. “He tenido la suerte de que muy cerca se vende una casa que heredaron las monjas y he podido comprarla”, cuenta la expresidenta de la COAPI. Es la última ría de la provincia de Lugo en dirección a Asturias.
Conocen, además, a gente de su entorno que ha tomado la misma decisión y se han ido a Cantabria u otras zonas del norte. Los inmobiliarios de allí le han explicado que, cuanto más aumenta la temperatura de Madrid hacia el sureste, más aumentan las ventas en esas regiones por refugio climático.
En Mallorca, la decisión de vivir en el campo es algo que “no te puedes ni plantear” a no ser que poseas, en la cuenta bancaria, alrededor de un millón de euros. Un dinero que, “trabajando honradamente”, es muy difícil y casi imposible de conseguir. El elevado precio de este tipo de viviendas hace que los extranjeros prendados de la isla o que ven en el sector la posibilidad de inversión, las compren. “De hecho, alrededor del 80% de las viviendas que valen alrededor de medio millón de euros están en manos de extranjeros”, indica la agente a elDiario.es. Mientras que para algunos europeos este precio significa ser de clase media, para los españoles supone una adquisición más propia de la clase alta.
De hecho, el municipio de Calvià, donde hay una alta presencia de residentes de origen alemán, es el tercero más caro para comprar un inmueble en toda España, con un precio medio de 1,8 millones de euros. Están por delante, solamente, Benahavís, en Málaga, que supera los 2,3 millones de euros de media, y el municipio ibicenco de Santa Eulària, con 1,9 millones. Balears se coronó así, al cierre de 2024, como la comunidad más cara, según datos del portal inmobiliario Idealista.
La oferta limitada de inmuebles y la gran cantidad de demandantes provoca que los precios, además, vayan subiendo. Sobre todo, porque el interés en las islas parece no menguar nunca. Respecto a la restricción de la compra de viviendas por parte de la población de fuera de territorio nacional, Bueno celebró la derogación de la Golden Visa: un permiso de residencia otorgado a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea que hubieran invertido una cantidad mínima de 500.000 euros en vivienda en España. “Eso era un agravio brutal. En cuanto a limitar la compraventa a extranjeros, ciertos productos sí se deberían limitar”, valora.
Se refiere, sobre todo, a los inmuebles destinados a la clase media, para los cuales es necesario, desde su punto de vista, aprobar un mínimo de años de residencia, como se pide en el programa de 'Alquiler Seguro'. Aunque en el programa se exigen cinco años de empadronamiento, en otros municipios como Binissalem (Mallorca) se está planeando un proyecto social en que el mínimo se elevaría a diez años. Esto, para garantizar el acceso a personas y familias de las islas.
Por otro lado, en el escenario del problema habitacional también están los rentistas, que han sido protagonistas de las consignas de las últimas manifestaciones por la vivienda celebradas a nivel nacional. Estas personas invierten en el mercado inmobiliario para luego alquilar individualmente las habitaciones con el fin de sacarles el mayor rédito posible. “Para muchos se ha convertido en una fuente de ingresos importante. Muchos no siguen con sus trabajos, pero tienen esa tranquilidad que les permite dejar su puesto si quieren”, señala Bueno. Los inquilinos, en gran parte de los casos, pagan los préstamos con el pago mensual de su alquiler.
Para muchos, ser rentista se ha convertido en una fuente de ingresos importante. Tienen esa tranquilidad que les permite dejar su puesto de trabajo si quieren
La complicada y tensa situación ha hecho que proliferen en los juzgados de Balears los desahucios por expiración de contrato. Es decir, el propietario comunica al inquilino que debe marcharse porque ha finalizado la relación contractual entre ambos, pero el arrendatario permanece en el inmueble, más que nada, porque no tiene adónde irse. Un dato que no se diferencia de aquellos lanzamientos que se aprueban por falta de pago o por motivos ilícitos, como el subarrendamiento.
“La sociedad tiene que hacer un planteamiento y decidir qué modelo quiere -queremos- y en ese camino tiene que incluirse la concienciación. El padre que lleva a sus hijos al colegio y lamenta que el profesor esté durmiendo en una autocaravana, igual está destinando sus propiedades al alquiler vacacional”, lamenta.
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