La excúpula de la Policía Local de Palma niega haber amañado los exámenes que desembocaron en el caso Cursach

La antigua cúpula de la Policía Local de Palma ha negado este jueves haber filtrado las preguntas del concurso convocado en 2012 para acceder a catorce plazas de oficial dentro del cuerpo. La Fiscalía sostiene que los exámenes fueron amañados para favorecer a determinados agentes. Se trata de la última causa que quedaba pendiente de ser juzgada en el marco de las macroinvestigaciones abiertas en su día para desentrañar desentrañar supuestas prácticas corruptas dirigidas a proteger los intereses del magnate Bartolomé Cursach, quien finalmente resultó absuelto, junto a otros numerosos investigados, por falta de pruebas.

En su declaración en la Audiencia Provincial de Balears, todos los acusados que desde este miércoles se sientan en el banquillo por estos hechos se han desentendido del envío, días antes de la prueba, de un correo electrónico en el que figuraban las preguntas de uno de los exámenes. En concreto, la Fiscalía reclama condenas de un año y medio de cárcel para los seis procesados e inhabilitaciones de hasta quince años para el ejercicio de cargos públicos por revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.

La supuesta alteración de las pruebas dio pie, años después, a la mayor causa de corrupción impulsada en la última década en Balears. Lo que comenzó como una supuesta argucia para escalar de categoría acabaría tomando la forma –según la tesis de los entonces investigadores, posteriormente desechada por completo– de una presunta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y, con ello, aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra en los negocios nocturnos de Cursach.

De los 36 investigados sobre quienes inicialmente se puso el foco por el presunto amaño, seis –cinco de ellos policías– están siendo enjuiciados: son el ex intendente jefe de la Policía Local Antoni Vera, el ex director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma Enrique Calvo, el ex comisario jefe Rafael Estarellas y tres agentes. A un cuarto policía, el que reveló la presunta manipulación de las pruebas, se le ha retirado la acusación.

Un correo electrónico, el cuerpo del delito

De acuerdo a las pesquisas, el correo en cuestión se envió desde la dirección del que fuera director general de Seguridad Ciudadana a un policía interino, Daniel Montesinos -el agente exonerado, quien este viernes declarará como testigo-. El archivo contenía siete de las diez preguntas, las que supuestamente habían elaborado el intendente Antonio Vera y el comisario Rafael Estarellas. Según el Ministerio Público, le entregaron las preguntas para que las remitiera a otros dos agentes, que solamente llegaron a recibir puntuación por aquellas preguntas. La Fiscalía apunta a que el objetivo del plan era que, cuando ascendieran a oficiales, facilitarían que el agente interino obtuviera una plaza fija.

Sin embargo, Montesinos llevó el correo a un notario para que el envío quedara plasmado en un acta notarial, que acabó en manos de la Guardia Civil. En el juicio, el exdirector general ha rechazado que fuera él quien personalmente remitió las preguntas, pero ha admitido que no puede justificar por qué se enviaron esos archivos desde su correo personal: “No lo puedo explicar, porque no lo sé”. Seguidamente, Calvo ha lanzado la posibilidad de que su dirección fuera suplantada debido a una vulnerabilidad informática del cuartel.

El exdirector general ha manifestado que, con posterioridad a su dimisión, se enteró “de todos los problemas que hay informáticamente” en el Ayuntamiento de Palma, señalando que los técnicos municipales le indicaron que “desde el cuartel se podía remitir un correo electrónico desde cualquier terminal con cualquier remitente”, incluso uno ajeno al servidor municipal. “Se podría hacer desde la Casa Real o desde la NASA”, ha ejemplificado, insistiendo en que nunca vio ese correo. De igual modo, Calvo ha negado que fuera él quien decidiera la composición del tribunal. Según su versión, “pasó” los nombres de Vera y Estarellas como propuesta porque acababa de llegar al Ayuntamiento y fue informado de que “siempre se hacía lo mismo, el jefe y el segundo”.

En esta línea, ha sostenido que acababa de conocerlos y que tampoco conocía al resto de policías, salvo a uno de los investigados, que era amigo suyo -negando que maniobrara para favorecerle-. También ha declarado que cada mañana “tenía que esperar a que abrieran los policías” su despacho y se quedaba “todo el día abierto”.

Elaboración del cuestionario

Por su parte, el exintendente Vera y el comisario Estarellas también se han desmarcado del envío de las preguntas. Vera ha deslizado que si hubiera querido beneficiar a algún agente, no le hubiera enviado un cuestionario incompleto. El fiscal cree que fue porque en la fecha le faltaban tres preguntas que dependían de un tercer oficial, no acusado, que tardó un poco más en terminarlas. El exintendente, por su parte, ha insistido en que tenía todas las preguntas “antes del examen”.

En cualquier caso, Vera ha asegurado no entender por qué se filtraron solamente sus preguntas y las de Estarellas. “Le estoy dando vueltas desde hace prácticamente once años”, ha comentado, sin comprender “ni cómo se pueden enviar las preguntas, ni cómo un agente puede ir a una notaría a dar cuenta de que ha cometido un hecho delictivo”. El exintendente también ha recalcado que es vecino de otro de los policías incriminados: “Si yo hubiese querido filtrar las preguntas al señor Tomás Más, no tenía más que imprimir las diez preguntas, bajar tres pisos y entregárselas en un papel”.

Se da la circunstancia de que Vera rectificó una de las preguntas que había incluido Estarellas, y en el examen apareció la versión modificada, exigiendo más desarrollo que la original que se filtró. Fue precisamente Mas quien levantó la mano durante la prueba para preguntar si tenía que desarrollarla completamente y Estarellas aclaró en voz alta que no sería necesario. Uno de los otros aspirantes se quejó puesto que había dedicado tiempo a contestarla completamente. Los dos mandos han reconocido que no instaron ninguna actuación para investigar o anular los resultados tras recibir noticias sobre la filtración. Ambos se han amparado en que supieron que ya se estaba investigando por otro cuerpo y que no podían inmiscuirse.

Enemistad con el exfiscal Miguel Ángel Subirán

La defensa de Vera ha hecho especial hincapié en la enemistad entre él y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, quien junto al exjuez Manuel Penalva se volcaron durante cerca de tres años en la instrucción del caso Cursach. Según ha relatado el exjefe policial, el fiscal había presentado numerosas quejas a título personal porque le molestaban los aparatos de aire acondicionado de una oficina bancaria contigua a su domicilio y decía que la Policía no estaba haciendo nada.

Según Vera, al finalizar una acalorada discusión entre Subirán, Estarellas y él mismo, el primero les habría lanzado una advertencia que le “heló la sangre”: “Vosotros no sabéis quién soy yo, soy un perro de presa, y cuando muerdo, no suelto hasta que he acabado”. “Cuando me enteré de quién estaba dirigiendo la investigación y no era otro que el fiscal Miguel Ángel Subirán, me quedé de piedra”, ha apostillado Vera, que justifica que no lo recusó porque como fiscal Anticorrupción era “una persona que tenía mucho poder para hacer daño, con la ley en la mano”: “No lo dije en 2013 porque estaba cagado”.

Un agente se desdice de su confesión

Similarmente, y justificándose en la “presión” ejercida por Subirán y el “terror creado” en el cuartel con la macrocausa del caso Cursach, uno de los agentes a los que la acusación sitúa como beneficiario de la filtración, Santiago Adrover, se ha desdicho de las confesiones autoinculpatorias que realizó durante la instrucción. El agente ha asegurado que estaba sometido a una fuerte “presión psicológica” para admitir los delitos: “Para salir bien parado de esa situación hubiera sido capaz de admitir cualquier cosa”. A preguntas de la magistrada ha aclarado que lo hizo para evitar “males mayores”, como ir a prisión.

También Estarellas ha aludido a enfrentamientos con Subirán. El comisario ha relatado que en una de sus declaraciones el fiscal interrumpió el interrogatorio para protestar a la juez diciendo que él le “había mirado mal”: “Esa mirada me ha costado media vida”. Por último, el agente que archivó las denuncias contra el policía que tenía el acta notarial ha justificado una por una sus actuaciones y achacado las quejas hacia Montesinos por su enemistad personal con el denunciante, un subinspector. El fiscal cree que lo hizo en connivencia con Vera porque Montesinos había divulgado la existencia de la escritura pública incriminatoria.

Cabe recordar que el exfiscal Subirán acusaba inicialmente a los investigados de actuar como una “organización criminal” cuyo fin último era el de crear dentro de la Policía una estructura “corrupta”, e incluso “dócil y maleable”, que les permitiera proceder “con absoluta impunidad” e “instrumentalizar” las distintas unidades policiales en beneficio de intereses “de la más variada índole”. La tesis quedó finalmente desechada después de que el fiscal Juan Carrau acotase los hechos al supuesto amaño de las oposiciones en sí y efectuase una 'siega' de los hechos que dejó fuera a 29 investigados al considerar que no se habían hallado indicios delictivos suficientes con los que formular acusación.