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El GOB ha avisado este miércoles, sobre el decreto de simplificación y racionalización administrativas, que supone una “desregulación que aboca al abismo”, motivo por el cual están analizando “todas las vías” para exigir su suspensión cautelar e impugnarlo, si cabe, ante el Tribunal Constitucional.
En un comunicado, el grupo ha detallado que el texto modifica más de 50 normas que provocan “consecuencias graves en lo que respecta a las garantías de protección de los recursos naturales y de suelo”, con afectación, también, “al marco normativo”.
“Además, no justifica en absoluto la urgencia, más allá de evitar el debate social y político de un cambio sin precedentes en la regulación del marco normativo”, ha agregado el GOB.
En cuanto a la modificación de algunas normas, han incidido en sus consecuencias sobre la realidad territorial y ambiental de las Islas, generando una “total indefensión relativa a los principios de protección, dejando sin coherencia toda la ordenación territorial, urbanística y sectorial, y sin evaluar las consecuencias e impactos brutales que tiene sobre los recursos y la realidad territorial”.
“Es una veda abierta a la inversión y devastación del territorio y de los recursos sin impedimentos y sin precedentes, especialmente grave en un contexto de crisis ecosocial”, han sentenciado desde la entidad.
También han censurado que este “despropósito desregulador” se haga a través de un mecanismo “tan antidemocrático como un decreto ley”, avisando que este será uno de los principales motivos del análisis de acciones legales por parte del GOB.
Sobre las afectaciones que el decreto tiene en suelo rústico, el grupo ha señalado que no solo permite la legalización de edificaciones, sino también la vivienda en Áreas de Prevención de Riesgos o aumenta la edificabilidad en suelo rústico, de manera que se pueden construir edificaciones de grandes dimensiones.
Del mismo modo, han censurado la eliminación de la comisión de Medio Ambiente que comporta la aprobación del decreto y la modificación de la Ley de Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras.
Sobre la afectación del decreto a esta última, el GOB ha criticado que se eliminan los supuestos de aplicación de evaluación del impacto sobre las generaciones futuras; la vinculación a los principios y objetivos de la ley; la elaboración del informe y evaluación del mismo, y las principales funciones de la comisión en lo que respecta a evaluación.
“Desde el GOB consideramos que el alcance de las consecuencias del decreto, la afectación a los principios de igualdad, seguridad y protección ambiental, y la forma --decreto ley-- en la que se impone, no son de recibo”, han concluido desde el grupo, avisando que están analizando “todas las vías” para exigir una suspensión cautelar de los efectos de esta norma e impugnarla ante el Tribunal Constitucional.