El Ministerio de Interior tendrá que indemnizar con 40.000 euros a cada uno de los dos hijos de Lucía Patrascu, la mujer asesinada por su pareja en Pollença en 2016 después de acudir a la Guardia Civil para denunciarle, al apreciar la Administración que no fue atendida “de la forma debida” por los agentes.
El suceso tuvo lugar en mayo de 2016 en un domicilio del Port de Pollença (Mallorca). La pareja de la mujer, Ioan Ciotau, la apuñaló repetidamente en el pecho con un cuchillo de unos 16 centímetros de hoja en el balcón de la vivienda. Mientras ella trataba de pedir auxilio agarrándose a los barrotes de la barandilla, él continuó acometiéndola por la espalda. Los sanitarios que la atendieron no pudieron salvar su vida. El hombre fue condenado a 22 años de cárcel por asesinato.
Horas antes la mujer había acudido a un puesto de la Guardia Civil para denunciar a su pareja, pero no se le tomó denuncia a pesar de que expresó el miedo que tenía e incluso que creía que el hombre la había seguido hasta el cuartel.
Tras el asesinato, se abrió un procedimiento para investigar la actuación de los agentes de la Benemérita, por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro de denegación de auxilio. Posteriormente fue archivado, y al quedar sobreseída esta causa penal, la Guardia Civil desestimó las reclamaciones de los familiares de la mujer.
El procedimiento penal, sin embargo, constató que la mujer se fue del cuartel “sin que los agentes que finalmente la atendieron y el brigada que estaba de jefe de puerta adoptasen medida alguna para facilitar su protección” y sin siquiera recoger la denuncia formalmente. De hecho, la atención a la víctima se produjo “en la sala de espera y estando ella en pie”, sin que se la hiciera pasar a una dependencia para que explicara pormenorizadamente sus inquietudes de manera sosegada y “dedicándole el tiempo necesario”.
Por ello, ahora, una resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior ha reconocido que la actuación de la Guardia Civil “no se compadece con las exigencias que, en materia de policía de orden y seguridad pública, corresponde a la Administración” y ordena indemnizar a los hijos de la víctima.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, estima la reclamación presentada por el abogado Antoni Montserrat, y considera que si bien la muerte de Patrascu es resultado directo del asesinato cometido por su pareja, “ello no implica una exoneración total de la Administración”, confirmando “un funcionamiento anormal” de los servicios públicos.
En detalle, entiende que al no adoptar “todas las medidas posibles tendentes a garantizar las condiciones de seguridad exigibles, contribuyó a permitir que se mantuviera una situación de alto riesgo, imputable al servicio público”.
La resolución destaca que la mujer acudió a las 6.00 horas para pedir ayuda y que después de hacerla esperar casi cinco horas y tener contacto con cinco agentes, abandonó las dependencias policiales “sin haber sido atendida en debida forma”, “sin que por consiguiente, se adoptasen las medidas adecuadas para su debido auxilio y protección”. Recalca que, al no recogerse la denuncia, no se activó el protocolo establecido en materia de violencia de género.
Así, considera que debió hacerse un tratamiento personalizado, acompañar a la víctima por un especialista en violencia de género y hacer una valoración del riesgo antes de que la víctima abandonara el acuartelamiento. “No se adoptaron las medidas de auxilio y de protección que, en rigor y buena lógica, debieron haberse adoptado, y que en este caso concreto, pudieran muy probablemente haber evitado el fatal desenlace que tristemente se produjo”, concluye la Secretaría Técnica.