Constantes episodios de intimidación y persecución, acusaciones falsarias a cambio de sobornos... Son algunas de las situaciones a las que, en un escrito de cien páginas al que ha tenido acceso elDiario.es, aseguran haberse visto sometidos el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, encargados durante cerca de tres años de levantar las alfombras de un presunto entramado mafioso en torno al magnate de la noche Bartolomé Cursach. El propietario del mayor imperio del ocio de Balears fue finalmente absuelto tras no haber quedado acreditados los hechos de los que se le acusaba en el macrojuicio celebrado el pasado año por la mayor causa de corrupción impulsada en los últimos años en las islas.
Ahora, son los dos juristas quienes se encuentran a las puertas del banquillo a raíz de las supuestas irregularidades que, según la Fiscalía Anticorrupción y varias acusaciones particulares -ejercidas, entre otros, por el conocido empresario mallorquín-, cometieron mientras instruían el caso Cursach y varias de sus piezas principales. Penalva y Subirán han presentado su escrito de defensa en el procedimiento judicial que les investiga, en el que reclaman su libre absolución al alegar que no cometieron delito alguno. El Ministerio Público, sin embargo, reclama para cada uno de ellos más de cien años de cárcel al considerar los antiguos investigadores construyeron a la carta sus pesquisas contra el magnate y decenas de policías y funcionarios con el objetivo de apuntalar sus tesis incriminatorias y allanar futuras condenas.
Anticorrupción circunscribe su relato de hechos, principalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por los procesados para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. Un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos y los exinvestigados reclaman en la actualidad elevadas indemnizaciones y multas por el perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional que aseguran haber sufrido.
A lo largo de su escrito de defensa, exjuez y exfiscal rebaten cada una de las acusaciones que la Fiscalía vierte contra ambos y que se traducen en presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por supuestamente presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se hallaba bajo sigilo sumarial. Tras la presentación del documento, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) debe ahora fijar la fecha en la que se celebrará el juicio contra los investigados.
La defensa de Penalva y Subirán hace especial hincapié en el papel desplegado por el fiscal Tomás Herranz tanto durante el juicio del caso Cursach -fue el fiscal que rompió a llorar al término de la vista oral al considerar que la causa contra el empresario del ocio había sido “un fracaso total de la Justicia”- como en el procedimiento judicial abierto contra el exjuez, el exfiscal y cuatro policías de Blanqueo con quienes trabajaban estrechamente. Ambos acusan al Ministerio Fiscal de “atrincherarse” en sus planteamientos acerca de cómo fue instruido el caso Cursach y de hacer “lo que haga falta, lo que sea, con tal de mantener la bondad de esta instrucción policial”, que tanto Penalva como Subirán consideran “nula de pleno derecho”.
Hallazgo del chat 'Sancus'
En este sentido, aluden al hallazgo, al inicio de estas investigaciones, de un chat de WhatsApp que, bajo el nombre de 'Sancus', mantenían abierto Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales en paralelo a la instrucción del caso Cursach. Según sostienen, la localización del chat se produjo de forma ilegítima y, por tanto, invalidaría las investigaciones llevadas a cabo contra ellos en una suerte de referencia a la conocida como ‘doctrina del fruto del árbol envenenado’, en virtud de la cual toda prueba obtenida de forma ilícita debe quedar invalidada, y con ella, si es necesario, el resto de pruebas relacionadas.
Aluden, en concreto, a la confiscación de los dispositivos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones del caso Cursach y que, según sostienen exjuez y exfiscal, llevó a impulsar una macroinvestigación contra ellos fundamentada en los datos obtenidos de aquellas medidas “invasivas e ilegales”, por lo que consideran que la causa que les investiga debe ser anulada, como han solicitado -sin éxito- en ocasiones anteriores. En contra de sus pretensiones, el TSJIB ha determinado en diversas resoluciones que el acceso a las conversaciones de WhatsApp que mantuvieron los antiguos investigadores “estuvo absolutamente legitimado” por cuanto fueron halladas en el teléfono móvil de uno de los agentes de Blanqueo actualmente acusados, quien fue detenido junto a otro de los policías.
La máxima instancia judicial de las islas incidía en que el policía, tras su arresto, hizo entrega voluntaria de su dispositivo y autorizó que tanto éste como su ordenador pudieran ser intervenidos y analizados por los investigadores. En línea de lo también manifestado por la Fiscalía, el TSJIB alegaba que el agente había hecho “expresa renuncia a la preservación de su intimidad” toda vez que el volcado de la información de su teléfono se había efectuado en presencia del abogado del policía y ante el letrado de la Administración de Justicia, lo que garantizaría la validez de la diligencia.
Atestados contra la instrucción del caso Cursach “al estilo Netflix”
Tanto Penalva como Subirán, sin embargo, insisten en su escrito de defensa en que “se ha permitido una instrucción” con “intervenciones de teléfonos, de listados de llamadas, cruces de llamadas, detenciones, realización en cascada de atestados (al estilo Netflix, por temporadas, y además en paralelo a la instrucción judicial), es decir, una barbaridad, una instrucción completamente prospectiva”. “Y a lo anterior se une que se produce un supuesto volcado de datos de unos dispositivos incautados varios meses atrás (...) y sobre aplicaciones de naturaleza editable, sin cadena de custodia. En fin, un auténtico disparate, dicho por supuesto con todo el respeto, que sigue siendo defendido a ultranza por el señor Herranz con su escrito de acusación”.
Sobre el juicio del caso Cursach, la defensa recrimina que, a las puertas de la vista oral, la Fiscalía tumbase las acusaciones más graves contra el considerado rey de la noche mallorquina -relativas a las supuestas orgías que, según apuntaban las investigaciones iniciales, fueron celebradas en la discoteca Tito's, buque insignia del magnate, para agasajar a numerosos agentes de la Policía Local de Palma a cambio de salvaguardar la buena marcha de los negocios del grupo Cursach- y renunciase a 54 testigos, “decayendo grave y conscientemente la sustentación de la acusación”. Una prueba, añade el abogado, que “por razones desconocidas, pero que podemos imaginar, no fue utilizada en el indicado juicio” y una circunstancia que, incide, “de facto asegura la absolución” de los procesados mientras, en paralelo, “despeja el camino acusatorio en nuestra causa”.
“Resulta llamativo, a la vez esclarecedor, para comprender y evidenciar la postura a nuestro juicio inexplicable del señor Herranz, que se instrumentalizara dicho juicio, vaciándolo de contenido”, prosigue el letrado, quien recrimina que el fiscal, al término del juicio, diese lectura a un informe que “no era preceptivo” con el fin de “aprovechar para instar” que se investigue a los denunciantes del caso Cursach “y mis mandantes”. Y es que, tras ese informe, la Audiencia Provincial de Balears ordenó investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos- a ambos juristas y, por supuesto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones.
“Interés directo” en que “prosperasen” las acusaciones contra Penalva y Subirán
En esta línea, asevera que “la realidad procesal de las cosas evidencian el interés directo” de los acusados de aquel macrojuicio en que “prosperasen” las acusaciones contra Penalva y Subirán, “pues con ello su instrucción penal (y por ende su estrategia de defensa) se fortalecían y les podían augurar, como al final ha sido, una absolución”.
En otro orden de cosas, la defensa manifiesta que, mientras sus patrocinados instruían el caso Cursach y sus distintas piezas separadas, “fueron objeto de intentos de acusaciones falsarias por parte de terceras personas, que ponían de manifiesto cómo, por determinadas personas, se instigaba o inducía a las mismas a denunciar a mis mandantes, a cambio de dadivas, si declaraban que habían sido presionados para declarar en un sentido falsario”. Esos fueron, asegura, “el ambiente y situación en la que mis mandantes tuvieron que llevar a cabo su trabajo, con un agravante más: que fueron los constantes episodios de intimidación y persecución de los que fueron objeto”.
La apertura de la causa que pone el foco sobre Penalva, Subirán y los cuatro policías de Blanqueo llevó a la Policía Nacional a entregar numerosos atestados en los que los inspectores apuntan, sin embargo, al “clima de terror” presuntamente “sembrado” por los dos juristas y señalan cómo juez, fiscal y los policías con los que investigaban llegaron a urdir una “maquinaria” dirigida a instrumentalizar a sus testigos -algunos de los cuales, afirman los informes, conformaban un “siniestro” grupo de personas “con intereses propios” y “sin escrúpulos”-, obtener falsas pruebas acusatorias, omitir las que podían poner en duda sus tesis y llevar a continuas filtraciones a la prensa. Unos hechos que los antiguos investigadores del caso Cursach niegan de plano.