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Tras más de una década de litigios, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha rechazado devolver 1.995.000 euros que pagó en impuestos la constructora Sacresa al adquirir los terrenos palmesanos de Can Domenge. La cuestión no es baladí: la compra no solo se llevó a cabo muy por debajo del precio de mercado de la finca -se pagaron 30 millones, cuando su valor real era de 60-, sino que se materializó mediante el pago de un soborno de cuatro millones de euros que, transportados en una bolsa, fueron directos a los bolsillos de la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar y de varios de sus subordinados, como declaró probado la Justicia. Una parte de la dádiva acabó, además, siendo utilizada en beneficio de Unió Mallorquina (UM), partido que durante décadas manejó los hilos de las principales instituciones de Balears y que en 2011 se vio abocado a la disolución envuelto en una maraña de casos de corrupción.
A raíz del amaño de esta operación, Munar, quien inicialmente se declaró “completamente ajena” a la misma, fue condenada en 2013 a seis años de cárcel y a quince de inhabilitación. También fueron sentenciados el que fuese su 'delfín' político y exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal (cuatro años de cárcel), el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens, el exconseller de Hacienda Miquel Ángel Flaquer, el máximo accionista de Sacresa, Román Sanahúja, y el abogado externo de esta empresa, Santiago Fiol, todos ellos a penas de entre ocho meses y un año de prisión. En 2016, la Audiencia condenaba de nuevo a Munar a otros tres años de cárcel -rebajados a dos años y medio por el Supremo- tras reconocer finalmente que había cobrado parte del cohecho.
La reciente sentencia del TSJIB, a la que ha tenido acceso elDiario.es, confirma la resolución dictada en 2021 por el Tribunal Económico Administrativo Central, que denegó -en línea de otros fallos anteriores- devolver a Sacresa las sumas ingresadas como resultado de la autoliquidación de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados efectuada a raíz de la compraventa de Can Domenge. La Agencia Tributaria -instancia a la que en primer lugar acudió la promotora- ya había rechazado en 2015 esta reclamación al señalar que la adquisición de los terrenos fue “ilegal y delictiva” y realizada “con pleno conocimiento y consentimiento de las partes”, de forma que la petición no podía prosperar.
Más adelante, en 2018, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de las Illes Balears (TEARIB) resolvía en el mismo sentido al recordar que la operación fue declarada nula dado que se llevó a cabo incurriendo en delitos de prevaricación, fraude a la administración, revelación de información confidencial y aprovechamiento de información confidencial.
En su sentencia, contra la que cabe recurso de casación, el TSJIB precisa que, aunque el contribuyente tiene derecho a solicitar la devolución de lo que en su día hubiera autoliquidado ante la Administración al haber sido declarada nula de pleno derecho o anulable una enajenación, la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales establece específicamente varios supuestos en los que no procede la devolución. Entre ellos, el incumplimiento de las obligaciones contractuales concertadas por el obligado fiscal. En este sentido, la resolución recuerda que Sacresa obtuvo información privilegiada que le favorecía en el concurso de adjudicación, colocándose “de forma voluntaria en una posición con contravención absoluta de los más elementales principios generales de la contratación pública”. Y en esa declaración de nulidad del expediente, añade la Sala, “tuvo una clara y directa implicación”.
Como puso de manifiesto la sentencia de la Audiencia Provincial, y recoge ahora el TSJIB, cuatro de los acusados -Munar, Nadal, Vicens y Flaquer-, “de común acuerdo y guiados por el ánimo de beneficiar” a Sacresa en el proceso de enajenación de la finca, “para lo cual esta última prestó su colaboración, realizaron los actos administrativos y las gestiones necesarias para, con un valor de mercado en torno a los 60 millones de euros, favorecer a la expresa mercantil”, lo que finalmente acabó sucediendo. Los magistrados subrayan, además, que los procesados “disfrazaron” el proyecto “bajo la apariencia de haber tomado una decisión de carácter político para beneficio general cuando lo cierto es que no tenía otro sentido ni finalidad pública más que el favorecimiento arbitrario de una determinada empresa con detrimento para el patrimonio del Consell de Mallorca”.
El propio Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia, aseveraba que la finca, “el bien más valioso de todo el patrimonio del Consell de Mallorca, que María Antònia [Munar] presidía”, fue enajenada “por un precio llamativamente inferior a su precio real de mercado”, y califican incluso de “increíble e inaceptable” que Munar ignorase lo que estaba sucediendo en el órgano que presidía. La Sala apelaba, en este sentido, a una “mayor exigencia de ejemplaridad” por parte de quienes no son “simples funcionarios sino autoridades electas por los ciudadanos”, teniendo en cuenta sobre todo “el perjuicio que con conductas como las presentes ocasionan a la propia imagen y confianza que merece nuestro sistema político”.
Núñez y Navarro entra en escena
La querella instada contra la adjudicación fue interpuesta por la constructora Núñez y Navarro, que había ofrecido 60 millones de euros por los terrenos de Can Domenge. Sin embargo, muchos vieron en esta denuncia una “venganza” por la catalogación del edificio de Gesa, una mole de hormigón que la empresa catalana había adquirido en 2005 para levantar 200 pisos de lujo, lo que conllevaba, a cambio, la demolición del inmueble. Para cuando Núñez y Navarro quiso poner en marcha su proyecto, se encontró con que el edificio había sido declarado por el Consell Insular de Mallorca (entonces presidido por Munar) como Bien Catalogado con los votos a favor de PSOE, UM, Esquerra Unida/Els Verds y los ecosoberanistas del PSM y la voz en contra del PP, lo que impedía su derribo y, por tanto, echaba por tierra los planes urbanísticos de la promotora.
Cabe recordar que, tres meses después de ser imputada por el caso Can Domenge, Munar anunciaba su dimisión como presidenta del Parlament balear y el abandono de la vida política. Las acusaciones que ese mismo día, 28 de febrero de 2010, había vertido contra ella el que fuera su 'delfín' político precipitaron su adiós: Miquel Nadal, en el marco de una de las numerosas causas abiertas contra UM, había confesado que Munar le había entregado en su coche oficial 300.000 euros en metálico para comprar la mitad de una productora audiovisual, Vídeo U, que ambos controlaban en la sombra mientras la regaban con fondos del Consell.
La propia UM fue la encargada de dar a conocer la dimisión de la expolítica mediante un comunicado en el que, paradójicamente, afirmaba que, “como se demostrará”, Munar “siempre” había actuado “desde la más absoluta legalidad y de acuerdo con la ética política” a lo largo de su trayectoria pública. Unas manifestaciones que el veredicto de los tribunales acabaría desmintiendo, dado que la exlíder 'uemita' acabaría condenada en hasta seis ocasiones.
Desaparición y resurrección de UM
Por su parte, la infinidad de escándalos que, en sus últimos años de existencia, sacudió a UM escenificó varias de las semanas más agitadas que a nivel político se recuerdan en las islas. Compra de votos con dinero público, contrataciones por parte de la Administración de trabajadores que en realidad se dedicaban a hacer proselitismo de partido, excursiones, charlas y hasta un certamen de Miss Argentina Balears sufragados con cargo al erario público pero destinados a granjearse nuevos electores... Las múltiples tácticas empleadas por Unió Mallorquina acabaron pasándole factura, con sus dirigentes -varios de ellos en puestos públicos- detenidos en sucesivas operaciones policiales.
Nacida en 1982 al abrigo de la implosión de UCD, durante décadas el papel de UM fue decisivo para inclinar la gobernabilidad a favor de la derecha o de la izquierda. Munar asumiría la presidencia del partido regionalista en 1991 y, en 2003, el pacto rubricado entre el PP de Jaume Matas y la formación mallorquinista daría inicio a la legislatura más polémica de cuantas se recuerdan en el archipiélago: tras la gestión de ambos partidos fueron detectadas innumerables irregularidades en forma de malversaciones, tráfico de influencias, contratos a dedo y adjudicaciones amañadas. Ahora, trece años después de que UM desapareciera de la arena política, sus excomponentes han anunciado su regreso. Quieren dejar atrás la imagen de partido vinculado a la corrupción, pasar página y ocupar el espacio de centro que, en su opinión, falta en Balears.