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El pasado mes de marzo, el Govern balear era condenado a pagar 96 millones de euros al empresario alemán Matthias Kühn -conocido también por estar casado con la ‘vedette’ Norma Duval- por unos terrenos de su propiedad, ubicados en el Port de Sóller (Mallorca). El Ejecutivo autonómico ya ha abonado dichas cantidades, que en estos momentos están consignadas en el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), a la espera de la decisión final que adopte el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, según han confirmado a elDiario.es fuentes de la máxima instancia judicial de las islas. La Justicia, sin embargo, mantiene retenida la indemnización a la espera de que se resuelva la deuda de más de 11 millones de euros que mantiene con Hacienda.
Cabe recordar que la Fiscalía investiga al magnate por la creación de una supuesta red de empresas pantalla precisamente para eludir el pago de dichas cantidades a la Agencia Tributaria. El empresario alemán defiende que las deudas que mantiene con Hacienda son de empresas en concurso de acreedores. En un comunicado que fue facilitado a elDiario.es por su defensa legal, afirmó que el supuesto fraude fiscal a través de sociedades pantalla -que está siendo investigado por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción- “se refiere a la deuda que existe de las sociedades del grupo que se encuentran en concurso de acreedores desde 2016 y 2019”, en las que el empresario cesó como administrador. Por tanto, asegura, “no tiene deudas en ejecutiva con el fisco a nivel personal”.
Los terrenos por los que la justicia ha considerado que Kühn debe ser indemnizado eran propiedad de la empresa Birdie Son Vida S.L. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme recientemente, pero el conflicto se retrotrae a la época del socialista Francesc Antich (2007-2011). El Supremo recordó que hubo un procedimiento que finalizó mediante un auto del 23 de julio de 2013 que aprobó un acuerdo transaccional, entre el Govern del popular José Ramón Bauzá (2011-2015) y Birdie Son Vida S.L. Este acuerdo reconoció el carácter urbano de los terrenos de la urbanización de Muleta II en el Port de Sóller.
Sin embargo, el Ejecutivo progresista de Armengol (2015-2023) aprobó la Ley 12/2017 de urbanismo de les Illes Balears, que recalificó los terrenos como suelo rústico protegido (ANEI), imposibilitando que Muleta II se pudiera reincorporar como suelo urbano en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Sóller. Así, la justicia ha considerado que este cambio normativo ha impedido que los terrenos de Kühn se pudieran reincorporar como suelo urbano al PGOU de Sóller, como dictaminó un auto anterior del Supremo en julio de 2013.
La empresa de Kühn todavía no ha recibido el ingreso de los 96 millones de euros porque Hacienda se quiere asegurar de que el magnate alemán se hará cargo finalmente de sus deudas con el fisco, según ha avanzado Última Hora. Así, el TSJIB ha adoptado la decisión de retener los fondos hasta que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma -encargado de tramitar los concursos de acreedores vinculados a las empresas ‘pantalla’ de Kühn- se pronuncie y decida de qué manera se liquida la deuda que el magnate mantiene con Hacienda.
Un empresario polémico
Matthias Kühn también es conocido en el archipiélago balear por los negocios que hizo en su momento, ligados a la inversión inmobiliaria y al turismo. En el islote protegido de Tagomago (Eivissa), Kühn gestionó durante años el alquiler turístico de la mansión que hay construida en esta joya de la biodiversidad, incluida en la Red Natura 2000, catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Importancia para las Aves (ZEPA) y Área Natural de Especial Interés (ANEI).
En el caso Tagomago, sin embargo, la Justicia no dio la razón a Kühn, quien fue condenado a una pena de seis meses de prisión como responsable de un delito contra la ordenación del territorio, según dictó el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa el 9 de febrero de 2018, debido a unas obras ilegales realizadas en el islote protegido. El empresario alemán fue sentenciado, junto a Guido H., a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (durante seis meses), inhabilitación especial por el tiempo de dos años para la profesión u oficio de promotor y constructor (respectivamente) y a una multa de 5.400 euros, aproximadamente. La sentencia, no obstante, les absolvió de un delito contra el medio ambiente del que habían sido acusados también por el Ministerio Fiscal.