Ni rastro de “los toros a la balear”: en Illes Balears los toros deben morir en el ruedo por orden del Tribunal Constitucional. Este jueves se celebró en la plaza de toros de Palma, conocida como el 'Coliseo Balear', la primera corrida de toros en la capital tras la pandemia, con la participación de conocidos matadores como Julián López Escobar 'El Juli', Cayetano Rivera Ordóñez y Tomás Rufo –que sustituyó a Morante de la Puebla–. Este viernes el turno ha correspondido a David Fandila 'El Fandi', José María Manzanares y Andrés Roca Rey.
El Coliseo Balear, que quedó lejos de llenar este jueves todos sus asientos –la mayoría de los asistentes de mediana o avanzada edad– a pesar de que se había vendido esta corrida junto a la del viernes como el evento taurino más importante del archipiélago, ofrecía las entradas a varios precios, que oscilaban entre los 30 y 130 euros.
La vuelta de los toros a Palma tras la pandemia, donde la última corrida –y única de ese año– se celebró el 9 de agosto de 2019, ha venido asociada a la polémica por lo que pudo ser y, al final, no fue. Balears aprobó en 2017, gracias al acuerdo entre PSOE, Més per Mallorca y Podemos, una normativa autonómica que no prohibía la muerte del animal, pero que imponía unas fuertes restricciones, como prohibir el uso de banderillas, rejones o espadas, que hacían prácticamente inviable la celebración de la tauromaquia en las islas.
Un recurso del PP amparado en el blindaje del PP
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, tras un recurso interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy, tumbó parcialmente la normativa. A finales de 2018, un Constitucional dividido, al darse cuatro votos particulares, determinó que cualquier elemento que desvirtúe las corridas de toros “tradicionales” contradice su carácter cultural protegido por la ley. Desde que la tumbase parcialmente el Constitucional, la normativa se ha mantenido intacta y el Govern balear no tiene intención de iniciar una nueva batalla legal al respecto, según informan fuentes del ejecutivo del archipiélago a elDiario.es.
El propio PP se había encargado de blindar la tauromaquia: en 2013, el Gobierno de Rajoy aprobó una norma que la clasificaba como “patrimonio cultural”, con lo que permitía al Ejecutivo central intervenir en las leyes autonómica sobre la materia, ya que el Estado está obligado a preservar y promover dicho patrimonio. El texto establece legalmente qué se entiende por tauromaquia: “El conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar”.
Esta norma no incluye los términos “muerte, matar o matador”, pero el concepto de “corrida de toros moderna” está regulado por el Reglamento de Espectáculos Taurinos, en el que se especifica cómo debe acabar la lidia: con la muerte del animal. Por lo tanto, la corrida moderna obliga legalmente a matar, según el reglamento que la rige.
Escasa tradición taurina
El archipiélago es, de lejos, uno de los territorios con menor tradición taurina: los datos del Ministerio de Cultura –que no incluyen a Canarias ni Catalunya– reflejan que las islas solo celebraron una corrida de toros en los años 2019, 2020 y 2021, una cifra que queda bastante lejos de los 562 festejos taurinos –incluyendo, entre otros, corridas de toros, rejoneo, novilladas con y sin picadores, festivales...– de Castilla-La Mancha, los 556 de Castilla y León, los 404 de Andalucía o los 378 de Madrid, entre otras comunidades autónomas.
La vuelta de los toros ha ido asociada, también, al retorno de las manifestaciones antitaurinas. El pasado domingo se celebró una protesta convocada por Anima Naturalis, en la que una veintena de animalistas portaron frente al Ajuntament de Palma carteles con lemas como “Esto es violencia”, “Esto es barbarie”, “Esto es dolor”, “Esto es crueldad” con imágenes de toros sangrando. Este jueves y viernes, la misma entidad se ha concentrado en la Plaza Alexander Fleming de Palma y junto a la Plaza de Toros respectivamente.
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