Las universidades canarias luchan por su supervivencia ante unos presupuestos deficientes: “Estamos pidiendo cuestiones básicas”

Las universidades públicas de Canarias vuelven a pedir auxilio ante unos presupuestos que tachan de deficientes. Entre la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) habían pedido al Gobierno regional un incremento en este curso de 23 millones para los dos centros con el objetivo de hacer frente a cuestiones como la subida salarial o el aumento de costes de servicios como limpieza, electricidad, suministros… “De los 143 millones 700 mil euros que la ULL tenía el año pasado, pasa este año a 143 millones 900 mil euros, es decir, el incremento es nulo”, explica el rector de esa universidad, Francisco J. García. “Estamos pidiendo cuestiones bastante básicas que tienen que ver con la supervivencia”, resalta. 

“Vamos a tener que hacer frente a incrementos de cara al próximo año y no porque queramos hacer políticas expansivas o porque queramos poner en marcha nuevos programas o aumentar nuestra estructura, sino porque tenemos que pagar los salarios. El incremento salarial viene obligado por los presupuestos nacionales y en este caso nosotros tenemos una estimación de un aumento de 2,8 millones de euros de cara al próximo ejercicio sólo en salarios”, destaca García. 

“Tampoco es que las universidades públicas canarias estemos pidiendo grandes cosas”, señala el rector de la ULL, que recuerda que en el ránking sobre la universidad española en cifras se detalla que para la Universidad de La Laguna los gastos corrientes por alumno o alumna suponen 6.900 euros cuando la media nacional es de 7.300 euros y universidades como La Rioja “estamos hablando de más de 10.000 euros por estudiante”. “Nosotros estamos en ese sentido en el puesto 31 de 47 universidades”, insiste García, que no cree que se esté pidiendo un esfuerzo más allá de lo normal para estar al día en cuestiones como esta. 

Para el rector, tenemos que “garantizar que el servicio público de Educación superior pueda presentarse en condiciones mínimas necesarias de calidad para poder seguir siendo útil a nuestra sociedad”. García insiste en que estas universidades públicas son las que garantizan “ese ascensor social tan necesario para las sociedades y más en un lugar como Canarias donde la desigualdad de riqueza es de las más elevadas de Europa”. 

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, destaca que ha trasladado esa preocupación por los presupuestos a la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, que le ha dado “esperanza”. También asegura que ha hablado de ello con la consejera de Hacienda, Matilde Asián y con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Si no se soluciona, explica que tendrán que ir a las enmiendas, con otros grupos políticos.

Serra incide en que hay que considerar que la universidad es “una gran inversión, no un gasto”. “Porque lo que invertimos en la universidad se multiplica en talento, en investigación, en transferencia. Y está demostrado”. El rector alude a un informe muy reciente del Ministerio de Universidades que dice que las universidades canarias han contribuido al 13% en la creación del nuevo empleo. “Y es un empleo de calidad, un empleo diversificado, un empleo distinto. Un empleo de servicios exclusivamente. Por tanto, yo pienso que hay que tratar mejor a las universidades”, aclara.

Objetivo a largo plazo: 500 millones de euros

El rector de la ULL recuerda que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) indica que el horizonte es que en 2030 las universidades públicas reciban el 1% del PIB. En Canarias, hay un PIB aproximado de 50.000 millones de euros, lo que implicaría que las universidades públicas canarias deberán recibir 500 millones. “Estamos lejos de esa cantidad, estamos casi en la mitad y desde luego los presupuestos que se nos dibujan, los que han entrado en el Parlamento, indican que no vamos en esa dirección sino más bien en sentido contrario. Y esto es lo que nos preocupa y esperamos que se revierta”, indica. 

Por su parte, el rector de la ULPGC señala que contar con 80 millones más para esta universidad (si se destinara el 1% del PIB a universidades) “tendríamos recursos para todo lo que necesitamos y realmente podríamos ampliar el número de títulos, el número de profesorado, reformaríamos las infraestructuras. Esto sería una inyección importantísima. Pero bueno, aunque no sean 80, si por lo menos fuera la mitad, en un plazo razonable, pues nos cubriría las necesidades y nos permitiría hacer cosas. Además de pagar las nóminas y organizar los cursos y los proyectos de investigación”, apunta. 

Para los rectores de las universidades públicas es fundamental que se camine hacia un contrato programa ya que desde la crisis financiera de 2008 empezó a incumplirse el que estaba vigente y desde entonces no ha habido otro en las Islas. “Esto es fundamental, es imprescindible que las universidades públicas canarias tengamos un horizonte de estabilidad, de seguridad de cara al futuro para poder dedicarnos a lo que tenemos que hacer, que es afrontar los grandes retos que tenemos por delante y hacer útiles a la sociedad”, apunta García. 

El rector de la ULL explica que ya se ha producido una reunión con un experto por parte del Gobierno de Canarias y ahora toca ponerse a trabajar en el presupuesto de 2026 y que “ya se enmarque en ese contrato programa”. 

La proliferación de universidades privadas

García insiste en que cuando hablamos de universidades públicas “estamos hablando de un servicio básico que tiene que llegar al conjunto de la población. Un servicio que ha permitido que en los últimos decenios muchas personas de clase media baja hayan ascendido gracias a este ascensor social y haya habido una mejora de la equidad, la igualdad y de la justicia social en nuestra región”, apuntó. Por ello, cree que hay que garantizar que el servicio público de educación superior “pueda prestarse con las condiciones mínimas necesarias de calidad para poder seguir siendo útiles a nuestra sociedad”. 

En este sentido, agrega que hay una proliferación de universidades privadas que, precisamente, surgen al calor de que hay oferta que no se puede afrontar desde las universidades públicas por falta de recursos. García explica que en este curso se ha aumentado la oferta de plazas en la Facultad de Ciencias de la Salud. “Estamos hablando de recursos y si en lugar de que lleguen recursos lo que está sucediendo es que hay asfixia financiera por parte de quien esté encargado de financiar las universidades públicas pues evidentemente estamos yendo justo en dirección contraria y a nosotros esto nos preocupa”, incide el rector de la ULL. “Nos preocupa porque estamos deteriorando el servicio de educación superior y estamos deteriorando la justicia y la igualdad social”. 

Por su parte, el rector de la ULPGC incide en que en Canarias, el 80% de los egresados de grado son de universidades públicas. Y de Máster, cerca del 70%. De doctorado, el 100% son de universidades públicas. “¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunas cosas, másteres cortos de duración, pues que a lo mejor las universidades privadas pueden hacer. Pero realmente, las maestrías más complejas, como de computación o ingeniería de caminos, son mucho más difíciles de hacer en una universidad privada. Por lo menos hacerlo bien. Nosotros lo que queremos es que se les evalúe, igual que a nosotros”, indica.