Más de la mitad de la plantilla de Colisée Sa Residència -la residencia privada de mayores que gestiona este grupo francés en Eivissa y que recibe dos millones de euros del Govern- ha ejercido sin la titulación que exige la legislación autonómica, según se desprende del informe de conclusiones, a fecha de 19 de abril, elaborado por el Consell Insular -organismo que tiene las competencias en materia de inspección y sanción-, a cuyo expediente ha tenido acceso este diario. Las inspecciones realizadas los días 13 de enero y 17 de marzo de 2023 consideran acreditado que de los 48 trabajadores que tenía la empresa durante este periodo, 26 ejercieron sin tener la titulación requerida para el puesto de trabajo que ocupaban.
Concretamente, 20 de ellos formaban parte del personal cuidador (auxiliares de enfermería, gerocultores y categorías profesionales análogas) y seis de los servicios técnicos (médicos, enfermeros, logopedas, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores sociales…). En lo que se refiere al personal técnico, la totalidad del personal de enfermería ejercía sin tener la titulación u homologación de Enfermería, como publicó en exclusiva elDiario.es. El contenido del informe de conclusiones también señala, entre otras irregularidades, que Colisée Sa Residència no ofrecía en ese momento el servicio de terapia ocupacional.
La residencia privada, que pertenece al fondo de inversión sueco EQT, está en el punto de mira desde hace cinco meses, después de que los familiares del centro denunciaran públicamente la situación que aseguraban que vivían los usuarios. En el primer reportaje publicado por elDiario.es en febrero se explicó que un total de 135 familiares habían plasmado su firma en un documento remitido a la Dirección General de Atención a la Dependencia del Govern balear en el que desgranaban una veintena de presuntas irregularidades, algunas de ellas muy graves. “Durante tres días no le han puesto los parches contra el alzhéimer”, contó Antonio Costa Ribas, cuya madre, de 92 años, paciente de alzhéimer, es una de las usuarias de la residencia.
Es solo uno de los múltiples ejemplos de presunto abandono que narraron casi una decena de familiares a esta redacción. Los denunciantes aseguraron que es habitual que los residentes pasen horas habiéndose orinado y defecado encima, sin que nadie les cambie los pañales, que estén deshidratados por falta de agua o líquidos o que la higiene no sea la adecuada. Lucía (nombre ficticio), por ejemplo, contó que un día se encontró a su padre, de 87 años, -paciente de alzhéimer y totalmente dependiente- “cagado hasta la cintura”. El compañero de habitación de su padre llevaba horas pidiendo ayuda, pero nadie le atendió, según su versión.
En el segundo reportaje publicado sobre este caso, los familiares denunciaron que desde la residencia privada se estaban “cambiando pautas de medicación” de los usuarios sin la autorización de los médicos de Atención Primaria ni del médico especialista. Otras carencias que denuncian los familiares son hospitalizaciones tardías, deshidratación, falta de higiene, abuso de las sujeciones físicas o fomento de la incontinencia de los mayores, entre otras cuestiones. En ambos reportajes se pidió la versión de Colisée Sa Residència, que mandó un comunicado para cada uno, respondiendo a la petición de este diario, y que fue publicado en su totalidad en cada caso.
Una decena de familiares consultados por este diario, al ser preguntados sobre cuál es la situación actual en la residencia, evitan dar detalles a la prensa por “miedo a las represalias” de Colisée Sa Residència, aunque indican que la situación, en cuanto a los aspectos básicos, evoca a la que había cuando hicieron públicas las primeras denuncias. “Después de haber hablado con las administraciones durante todo este tiempo hemos constatado que el desamparo es absoluto”, se limitan a responder.
Nuevas irregularidades
El contenido de la inspección, avanzado por Radio Ibiza, también acredita que de los 48 trabajadores que la empresa tenía contratados durante el periodo en que se tramitó el expediente, un total de 20 tenía contratos temporales, mientras que los 28 restantes tenían contratos indefinidos. Esto significa que la empresa incumplía el Decreto 86/2010, de 25 junio, por el cual se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y con discapacidad, que establece en el primer apartado del punto ocho que al menos un 80% del personal debe estar indefinido. Además, según el expediente, un total de 12 contratos no se encontraban en vigor.
El artículo 25 del Decreto 86/2010, que establece las ratios mínimas de las residencias, indica que por cada cien usuarios debe haber 10 trabajadores de servicios técnicos (médicos, enfermeros, logopedas, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores sociales…) y 33 profesionales como personal cuidador (auxiliares de enfermería, gerocultores y categorías profesionales análogas). Las ratios mínimas, sin embargo, no se cumplían, certifica la inspección, ni en lo referente al personal cuidador, ni en cuanto a los servicios técnicos de la residencia privada.
Quien ocupaba el cargo de directora de Colisée Sa Residència en el momento en que se firmó el informe de conclusiones tampoco reunía la titulación que exige la normativa autonómica. Los puntos cinco y seis del artículo 25 detallan que los directores de los centros deben contar con titulación universitaria, además de formación complementaria como especialista universitario en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, dirección de centros residenciales u otras áreas de conocimiento relacionados con el ámbito de la atención a la dependencia. En caso de que una persona sin titulación universitaria ejerza como director, tiene que tener como mínimo tres años de experiencia demostrada y acreditada en la dirección de centros, así como la formación especializada en dependencia.
Por otro lado, el informe de conclusiones apunta a que la profesional que firmaba las prescripciones médicas no presentaba número de colegiación. Según el expediente, no constaba en el listado de trabajadores que Colisée Sa Residència presentó ante el Consell Insular el 21 de febrero ni tampoco constaba en la relación de puestos de trabajo presentada ante la institución insular el 11 de abril.
Por estos motivos, según parte de la documentación de la inspección, se han cometido varias infracciones. El tercer punto del artículo 129 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears considera una infracción muy grave “incumplir la normativa reguladora de la cualificación y dedicación del personal o no garantizar la atención directa continuada, si eso supone perjuicios graves para las personas usuarias” y el décimo punto del artículo 128 considera una infracción grave incumplir “los requerimientos de la Administración con relación al cumplimiento de la normativa y, en su caso, en los términos acordados”.
La inspección desprende que se ha cometido un presunto incumplimiento del artículo 101 de la ley de servicios sociales, que refiere que se tienen que garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales; asegurar la calidad de las prestaciones mediante la verificación del cumplimiento de las condiciones funcionales y materiales y supervisar y garantizar la finalidad y la adecuada utilización de los fondos públicos concedidos a las personas físicas o jurídicas y a las entidades públicas o privadas que actúan en el ámbito de los servicios sociales, entre otras cuestiones. Por estos motivos, concluye el informe, la inspección propuso el inicio de un procedimiento sancionador.
Del mismo modo, el artículo 123 de la normativa autonómica establece que si las infracciones pueden ser constitutivas de delito o falta, “el órgano competente lo comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano judicial que corresponda”. El hecho de que éstos inicien las actuaciones “no afecta al cumplimiento inmediato de las medidas cautelares adoptadas en los casos de grave riesgo para la seguridad o la salud de las personas”.
En el pleno ordinario del 28 de abril, a preguntas de la oposición, la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell (PP), anunció que había notificado a Colisée Sa Residència el inicio de un procedimiento sancionador, así como proporcionado la documentación al Govern para que “en el marco de sus competencias hagan lo que consideren que tienen que hacer”. Esta sanción, contemplada en el artículo 130 de la normativa autonómica, establece para las infracciones muy graves una multa de hasta 600.000 euros. “Las sanciones son coercitivas”, aseguró Escandell. Si se mantiene el incumplimiento reiterativo (...) de los requerimientos que se han hecho a Colisée, podría derivar en una suspensión cautelar de la autorización“, afirmó y añadió que ello puede conllevar incluso a la retirada definitiva de la licencia de actividad. ”Anticipo que se harán más inspecciones“, afirmó, sin dar más detalles y sin que haya trascendido más información al respecto, dos meses después de la celebración del pleno.
En el pleno ordinario del 28 de abril, después de las presiones que han ido ejerciendo los representantes de los familiares, salió adelante una moción de Unidas Podemos para que pudieran formar parte de las comisiones de seguimiento que el Consell Insular realizaba con el Govern y Colisée, algo que se les había negado hasta ese momento. Sin embargo, después de haber participado en dos de estas reuniones en las que se analizaba la situación de la residencia mayores, los representantes de los familiares lamentaron que “cuatro meses después de la inspección” siguen “igual”.
“En el curso de las dos reuniones celebradas hasta ahora nos hemos visto reducidos al papel de causantes de la situación mediante los ataques de la empresa y la connivencia del Consell y del Govern”, aseguraron, al tiempo que recordaban que ambas administraciones eran conocedoras del resultado de la inspección, al cual los familiares no han tenido acceso. “Por lo tanto, saben que nuestras reclamaciones y preocupaciones están más que justificadas”, insistieron.
En el comunicado, los representantes de los familiares señalaron que son “los únicos dispuestos a defender la dignidad de los mayores” y afirmaron que se han sentado a dialogar con las instituciones “en desigualdad de condiciones”. “Con su incompetencia a la hora de tomar decisiones y vigilar por el justo cumplimiento de las normas que los deberían proteger, están propiciando y siendo consentidores de una enorme injusticia contra ciudadanos de pleno derecho de nuestra comunidad”, criticaron. En conclusión, la Comisión de Familias volvía a exigir tanto al Consell Insular como al Govern “el estricto cumplimiento de la normativa autonómica” y que “cumplan con su obligación de proteger a nuestros mayores defendiendo su derecho a una vida y unos cuidados dignos”.
Con su incompetencia a la hora de tomar decisiones y vigilar por el justo cumplimiento de las normas que los deberían proteger, están propiciando y siendo consentidores de una enorme injusticia contra ciudadanos de pleno derecho de nuestra comunidad
Exigen atención sanitaria adecuada
En los tres primeros puntos del documento remitido a las administraciones, las familias denuncian que no se realiza un seguimiento de las patologías de los residentes, sino que, cuando el estado de salud de algún residente “está empeorando o sufriendo una descompensación”, son los familiares quienes “alertan de estos síntomas”. Según apuntan, estos hechos han ocasionado hospitalizaciones tardías, “algunas potencialmente evitables”, en situaciones de “gravedad amenazante para sus vidas y con serias secuelas”.
En el momento en que los pacientes entran en la residencia, denuncia el escrito, “son desarraigados de sus equipos de Atención Primaria habituales, aquellos profesionales sanitarios conocedores del proceso y evolución de su enfermedad”, según dicen, en algunos casos, sin el consentimiento de las familias. Esta situación estaría provocando, argumenta el texto, que los pacientes quedan “en un limbo para el sistema público de salud, viendo limitada la entrada a la atención sanitaria vía las Urgencias del hospital de agudos”.
Lo que piden las familias en este escrito es que, dado que los pacientes están catalogados como “pacientes crónico avanzados” y/o “pacientes crónico complejos” por el sistema público de salud, deberían entrar en los circuitos, protocolos y planes de actuación específicos de abordaje a la cronicidad “basados en la atención a la enfermedad de forma integral y nunca basada en el tratamiento de los procesos de descompensación agudos como eventos independientes”.
La petición de los familiares coincide con la resolución del 28 de julio de 2022, del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, por la cual se publicó el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta resolución, que fue suscrita por el Govern -según confirmaron fuentes de la Conselleria de Asuntos Sociales-, es de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas que lo acepten o se abstengan, según se desprende del artículo 151 de la Ley 40/2015 y detallaron fuentes del Ministerio de Derechos Sociales a este diario.
El punto decimotercero, redactado considerando el artículo 14 en el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas relativas al Sistema Nacional de Salud, indica que “la atención integral social y sanitaria es necesaria para todas las personas en situación de dependencia, especialmente para aquellas personas con enfermedades avanzadas, demencias, problemas de conducta, enfermedad mental, necesidades médicas específicas, cuidados paliativos (...) que además presentan necesidades sociales”. El texto indica que la atención sanitaria es “responsabilidad del Sistema Nacional de Salud”, que tiene que garantizar el mismo nivel de acceso a la cartera de servicios para las personas en situación de dependencia, así como para el resto de la población, “independientemente de que éstas residan en domicilios particulares o colectivos”.
Asimismo, el punto incluye que los centros de atención residencial que superen las 30 plazas acreditadas deberán contar con profesionales “que realicen las funciones de coordinación y enlace con el sistema sanitario público y supervisión de las pautas de cuidados”. En el caso de los centros que superan las 75 plazas, las funciones que se describen deberán ser asumidas por personal sanitario según la definición de los artículos 2 y 3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Estándares de calidad
En cuanto a los requisitos sobre personal y calidad en el empleo, el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios para la autonomía y atención a la dependencia del Ministerio de Derechos Sociales, especifica en el punto tres que tanto el número de profesionales, como su cualificación, formación y condiciones laborales, son un pilar fundamental para “garantizar una adecuada prestación de los servicios y atención a las personas en situación de dependencia”. Para asegurar la dignidad del trato y del ejercicio de derecho de los usuarios, el texto establece que hay que asegurar los mecanismos y requisitos para garantizar “la participación, la autonomía y empoderamiento en la toma de decisiones y la preservación de los derechos”.
En lo referente a los principios que deben regir el nuevo modelo de atención, el acuerdo destaca que se deben “conocer y respetar” los derechos humanos y las libertades de las personas que “requieren de cuidados”, así como los de sus familiares y los del personal de apoyo, haciendo hincapié en que ello requiere de un “enfoque ético” que proteja la dignidad de las personas. En cuanto a la inspección y el control público, la resolución subraya que los centros y servicios acreditados serán sometidos “a inspección, control y seguimiento adecuados” de modo que se asegure un cumplimiento continuado de los requisitos que dieron lugar a la acreditación.
En este sentido, se remarca que las administraciones competentes “establecerán y harán públicos planes anuales de inspección de centros y servicios y comunicarán de forma periódica y accesible las inspecciones realizadas, indicando, entre otros datos, la identificación del centro o servicio inspeccionado, titularidad y gestión, la fecha, el motivo de la inspección, el resultado de la misma y, en su caso, las medidas adoptadas”.
Sobre este punto, cabe destacar que el Consell Insular no respondió a la petición de información pública que realizó este diario a través de la sede electrónica el 8 de mayo para conocer el resultado de las inspecciones realizadas. Esta información tampoco fue facilitada por la Conselleria de Asuntos Sociales del Govern. “La información que se publica está desactualizada”, respondieron fuentes del Consell Insular. “Probablemente las deficiencias se hayan subsanado hace tiempo”, indicaron, pese a que los familiares de esta residencia no solo niegan este punto, sino que se han continuado manifestando por los derechos y la dignidad de las personas mayores. La última vez, el 15 de junio, con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, a raíz de una movilización convocada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares de Residencias.
En relación a la financiación para la mejora del sistema de atención a la dependencia, el Gobierno progresista aprobó en el Consejo de Ministros del 3 de mayo el reparto de más de 783 millones de euros para la dependencia (lo que supone 300 millones más que el curso pasado). “Es una cifra histórica teniendo en cuenta que esta partida se suprimió en 2012 y no se recuperó hasta el pasado 2021”, destacan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, esta partida fue derogada durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.
Las mismas fuentes detallan que la financiación se distribuye en dos partidas: la primera de 583 millones de euros a repartir en base a los criterios de cumplimiento del “Plan de Choque” y la segunda, de 200 millones de euros, con el objetivo de apoyar el despliegue del acuerdo de acreditación y calidad de los centros. De este modo, indica el Ministerio de Derechos Sociales, las comunidades autónomas “podrán disponer de un máximo de financiación para su sistema de dependencia, especialmente, cuando desarrollen líneas de actuación que persigan los criterios del conocido como ‘Nuevo modelo de Residencias’”.
La versión de la empresa
Después de haber preguntado a la dirección de Colisée Sa Residència por el contenido de la inspección, así como por cuál es la situación actual, la empresa ha remitido un comunicado que pasamos a reproducir a continuación:
Desde Sa Residència, estamos poniendo todos los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para asegurar la satisfacción de las necesidades de las personas residentes y la confianza de sus familias. Con todas ellas, estamos en contacto para que estén debidamente informadas y para escuchar sus opiniones y aportaciones. Tras meses de avances en distintas áreas, el centro sigue emprendiendo acciones de mejora como la formación continua del personal, la optimización de las dinámicas de trabajo y la incorporación a largo plazo de distintos perfiles profesionales. Asimismo, el centro está en contacto y coordinación constante con las administraciones e instituciones sanitarias y sociales competentes, actuando de acuerdo con las pautas y recomendaciones acordadas, y dando respuesta en tiempo y forma a cualquier petición de información.
Un concierto de 2 millones de euros públicos
Cabe destacar que Colisée Sa Residència recibe unos 2 millones de euros anuales de dinero público del Govern para las 84 plazas concertadas de las 114 que tiene el centro privado como capacidad total. Así figura en el contrato de ampliación del concierto firmado el 31 de mayo de 2022 entre la Conselleria de Asuntos Sociales y STS Gestió de Serveis Sociosanitaris, SL (ahora la mercantil La Saleta Care SLU), para el servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia de Colisée Sa Residència. En dicho contrato, que finaliza el 30 de noviembre de 2025, se puede comprobar que el precio de una plaza es de 67,14 y de 71,26 euros al día para una persona con un grado de dependencia II y III, respectivamente.
En cuanto a las competencias de la Conselleria de Asuntos Sociales, puede rescindir el contrato del concierto si aprecia que no se cumplen las condiciones del mismo, y reubicar a los residentes a otros centros públicos del Govern, según informaron fuentes de Asuntos Sociales a este diario. En la pasada legislatura, la cartera de Asuntos Sociales estaba en manos de Fina Santiago, consellera de Més per Mallorca; la de Salud estaba controlada por la socialista Patricia Gómez; mientras que Carolina Escandell era -y sigue siendo- consellera ibicenca de Bienestar Social por el PP. Después del acuerdo de investidura sellado entre el PP y Vox para que los conservadores gobiernen en minoría la Comunitat Autònoma, los populares tendrán el poder tanto en el Consell Insular como en el Govern, asumiendo todas las competencias en materia sanitaria y de servicios sociales.