Las mujeres españolas que certificaron su “pureza aria” para casarse con nazis

“Deseando demostrar que pertenezco a la raza Aria y no Hebraica, suplico a V.S. que se sirva expedirme un certificado en el que conste dicho concepto”. El 19 de enero de 1939, Margarita Horrach, vecina de Palma, se dirigía por escrito al auditor de guerra y entonces alcalde, Mateo Zaforteza Musoles, para acreditar que no tenía ascendencia judía. Como ella, al menos otras 45 mujeres, acompañadas por varios testigos, hacían lo propio ante los máximos responsables municipales. En plena vigencia de las leyes raciales y antisemitas de Núremberg –que preconizaban la superioridad de la raza aria–, las mujeres de Mallorca debían obtener un certificado de pureza sanguínea si querían contraer matrimonio con militares italianos y alemanes, una práctica de la que no se ha hallado constancia en el resto de Balears como tampoco en otras regiones españolas.

Ocultos en el hueco de una pared de la Secretaría General del Ajuntament de Palma, bajo una espesa nube de polvo y salpicados por excrementos de paloma, los expedientes de limpieza de sangre fueron hallados en 1998 por el historiador y entonces archivero Pedro de Montaner. Su mujer, la también historiadora Magdalena de Quiroga, decidió entonces documentar los casos e investigar qué fue lo que sucedió. A su juicio, que los papeles se encontrasen escondidos tras otros legajos es “una muestra clara de querer hacerlos invisibles”, como expone en el libro que, más de veinte años después del hallazgo, ha publicado bajo el título Expedientes de limpieza de sangre en Mallorca entre 1938 y 1940, recientemente editado por Llibres Ramon Llull.

“Al defenderme del judío, lucho por la obra del Supremo Creador”, dejó escrito Adolf Hitler en sus memorias, Mein Kampf (Mi lucha). Era 1935. El 15 de septiembre de ese año, la Alemania nazi daba luz verde a la Leyes de Ciudadanía del Reich y para la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes, el cuerpo legal que legitimaba la persecución de los judíos en el país germano. Entre otros preceptos, las nuevas normas prohibían los matrimonios mixtos entre 'arios' y judíos y decretaban que los ya existentes debían disolverse. Centenares de parejas fueron convocadas por la Gestapo entre 1942 y 1943 para ser examinadas y detenidas provisionalmente. Varias semanas después, la mayoría de ellas serían deportadas a los campos de concentración de Auschwitz.

El espíritu de las Leyes de Núremberg no tardó en extenderse por Europa, llevando a países como Francia, Italia y Suecia a promulgar sus propias normas raciales. “Bastaba con que uno de los progenitores fuera de raza hebraica para que todo el peso de la ley cayera sobre la familia y los hijos o que perdiera la patria potestad sobre ellos”, subraya Quiroga respecto al país transalpino, que en 1938 daba luz verde a su Provvedimenti per la difesa della razza italiana. En la misma línea, Francia prohibió los matrimonios mixtos. Y Suecia fue mucho más allá. Como investigó Anders Largert –y recoge la historiadora mallorquina en su libro–, el país nórdico exigió a todo aquel que quisiera casarse con ciudadanos alemanes una “declaración de honor” que demostrase que ninguno de sus abuelos fuera descendiente de judíos e incluso, durante más de cuarenta años –hasta 1996–, llegó a esterilizar a 230.000 personas por razones de “higiene social y racial”.

Salvo en Mallorca, no hay expedientes similares en España

La investigadora señala que, en el caso de España, salvo en Mallorca, se desconoce la existencia de expedientes similares. “O desaparecieron o no se llegaron a elaborar”, recalca. Quiroga asevera que no hay que perder de vista la situación en la que se hallaban en la isla las familias oficialmente consideradas de ascendencia judía, que difería del resto del país en general y de Menorca y Eivissa en particular. Y es que las conversiones masivas llevadas a cabo durante los siglos XIV y XV habían prácticamente borrado el recuerdo de los antiguos apellidos judíos.

Sin embargo, en Mallorca, el hecho de que en el desaparecido convento de Santo Domingo fuesen expuestos públicamente los nombres de los condenados en los actos de fe del último tercio del siglo XVII –solo en 1679, ante una multitud expectante, se celebraron cinco actos de fe en los que fueron sentenciados 221 conversos– perpetuó su memoria.

La principal particularidad que unía a todos ellos eran 15 apellidos (Aguiló, Bonnín, Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura, Tarongí, Valls, Valentí y Valleriola) que conforman el núcleo del linaje de los 'xuetes', nombre con el que se conoce a los descendientes de una parte de los judíos mallorquines convertidos al cristianismo. Como explica Quiroga, al término del Antiguo Régimen unas 2.000 personas (un 3% de la población de Palma) portaban estos apellidos. Otros aspectos que les caracterizaban eran que prácticamente todos ellos vivían y trabajaban en unas calles muy concretas de la ciudad (en torno al antiguo 'call jueu'), se dedicaban principalmente al comercio o a la joyería y mantenían unas estrictas relaciones endogámicas.

“La perpetuación en el tiempo de algunos de los rasgos más característicos de la apariencia física de los 'xuetes' se explica, precisamente, por la endogamia y las estrechas relaciones de consanguinidad mantenidas entre los distintos grupos y subgrupos de la Gent del Carrer [como se denominaba a este colectivo]”, explica Quiroga. La persecución de los conversos a partir de un auto de fe dictado por las autoridades inquisitoriales en 1673 –que consagró oficialmente a los 'xuetes' como 'grupo judaizante'– creó entre ellos “un espíritu de defensa contra la hostilidad exterior, que se traduciría en actos de socorro mutuo y solidaridad”, añade. Ya a finales del siglo XVIII, Carlos III intentó erradicar, mediante las Reales Cédulas de 1782, 1785 y 1788, la marginación a la que se encontraban sometidos los 'xuetes' anulando todo tipo de diferencias entre estos y el resto de mallorquines.

Sin embargo, el estigma no desapareció por completo y así fue testimoniado a finales de los años treinta, mientras las fuerzas fascistas de Benito Mussolini se asentaban en Mallorca para apoyar la sublevación militar contra la Segunda República y la Alemania nazi embestía imparable Europa. “Hitler insistía en que la contienda española continuase de manera que la presencia italiana en Mallorca pudiera continuar”, subraya Quiroga en su libro, en el que explica cómo, en poco tiempo, la cifra de pilotos y mecánicos procedentes del país transalpino alcanzó el millar.

Los italianos comenzaron a “lucirse” por las calles de Palma

Fue entonces cuando, relata, los italianos comenzaron a “lucirse”, dejándose ver por toda la isla y, sobre todo, en Palma. Su presencia era habitual en el muy transitado paseo del Borne y “las mujeres de todas las edades no ocultaban su entusiasmo por aquellos jóvenes que tan simpáticos se sabía mostrar, y ello exaltaba los celos de los mallorquines, que tenían hacia ellos un sentimiento de rabia”, como dejó plasmado el historiador Josep Massot i Muntaner en su obra La Guerra Civil a Mallorca. ¿Cuál era el problema? La investigadora explica que la política de exterminio de los judíos inspirada por el gobierno alemán encontró “un campo perfectamente cultivado en Mallorca, en donde 'se sabía' que persistía un marcado desprecio hacia los descendientes de los judíos conversos”.

Como detalla Quiroga, conocedores de la existencia del problema 'xueta' y de la posibilidad de identificarlos por sus apellidos, grupos nazis dependientes del gobierno alemán reclamaron a España un censo de los descendientes de los judíos mallorquines para poder deportarlos en su momento a los campos de concentración, como estaban haciendo los de Francia e Italia. Ante tal petición, el entonces Obispo de Mallorca, Josep Miralles, intervino directamente para impedir que se entregasen las listas, en las que figuraban los portadores de los 15 apellidos 'xuetes'. Sin embargo, la presencia de tropas alemanas e italianas en la isla obligaba a los futuros pretendientes alemanes e italianos a demostrar la pureza de sangre de sus prometidas. Fue entonces cuando comenzaron a tramitarse los certificados que acreditasen que las mujeres no tenían ascendencia judía para poder casarse con ellos.

Los documentos hallados en el Ajuntament de Palma configuran un fondo inédito compuesto por 46 'expedientes sobre no pertenecer a la raza judaica', como subraya la historiadora que ha investigado los casos. Cada uno de los expedientes consta de tres partes: una instancia escrita a mano o a máquina por la interesada o bien por sus padres dirigida al alcalde en la que solicitan un certificado de no pertenencia a la raza judaica o bien de pertenencia a la raza aria –o “Ariana” en algunos casos, por su equivalencia en italiano–. Para ello, se presentaban varios testigos, además del propio juramento. Otra de las partes la constituía el testimonio jurado y firmado de los testigos sobre la limpieza de sangre de la interesada –la limpieza afectaba a los apellidos paternos y maternos–, mientras que por último se expedía el propio certificado en el que se hacía constar que la mujer no pertenecía a la “raza hebraica”.

En el escrito presentado por Margarita H., además de su deseo de demostrar su pureza, también añadía que nunca había pedido limosna mientras que otro de los escritos, el de Francisca Besalduch, finalizaba con un “Dios guarde España y a V.E. muchos años” y un “¡Viva España! – iSaludo a Franco! – ¡Arriba España!”.

En ninguno de los escritos aparecía el nombre de la persona con quien la suplicante deseaba contraer matrimonio y, en varios de los documentos, tampoco se hizo constar para qué se había solicitado. “Es claro que, en el caso concreto de Mallorca, la indicación de no portar los conocidos apellidos de judíos –es decir, los apellidos chuetas– debió considerarse definitiva para probar la limpieza de sangre”, comenta Quiroga, quien considera innegable que los consulados interesados dispusieron de listados de 'xuetes' y que “no les fue extraña la problemática social de la isla”, sostiene.

A juicio de la historiadora, el responsable del archivo municipal de Palma debió de ocultar los expedientes al fondo de una pared del Ajuntament “probablemente por miedo a futuras represalias, o simplemente por vergüenza, en cualquier momento de la dictadura franquista”. “Puede ser, como ha sucedido tantas veces con los perseguidos y las minorías en general, para ocultar la realidad a las generaciones futuras”, sentencia.