La pesadilla de Joan y Sisca en una casa en ruinas: “Nos quieren desahuciar con un 71% de discapacidad”
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Tras treinta años viviendo en unas condiciones infrahumanas, un desahucio amenaza a Francisca Riutort, vecina de Menorca, con un 34% de discapacidad, y a Joan, su sobrino, que requiere cuidados permanentes y que cuenta con una discapacidad del 71%. “Querían desahucianos este jueves, a pesar de que me cobraron el alquiler del mes completo. No les importa nada”, asegura la mujer, que se ve en estas circunstancias porque la propiedad, la Inmobiliaria Impons SA, no quiere renovar un contrato que firmó con su madre hace tres décadas.
Según ha relatado, hace cuatro años que el baño del piso, situado en un segundo sin ascensor, está sin agua y en ruinas, hasta el punto de que el cielorraso sobre la ducha se le cayó encima este verano. “Estas construcciones tienen cincuenta años y nunca nadie ha invertido en mantenimiento. Hace cuatro años que estoy sin agua caliente en el baño, me apaño gracias a un arreglo que hizo un familiar, ¿sabes lo que es estar tanto tiempo sin agua? Las tuberías son tan viejas que en el piso de arriba hubo fugas y se cayó todo el techo. Tuvieron que venir los bomberos y el arquitecto del Ayuntamiento de Ciutadella porque el techo se vino abajo y cayó encima de los bomberos”, relata la afectada.
Acompañada por sus vecinos y familiares, Francisca cuenta que tanto los funcionarios del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Ciutadella como los representantes de la empresa dueña de la vivienda, la Inmobiliaria Impons SA, son conocedores de la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentra. Además, asegura que, en el caso del tribunal, se presentó oportunamente la documentación que acredita el delicado estado de salud de su sobrino.
“Él tiene que someterse a una intervención quirúrgica en las próximas semanas y va a necesitar un techo, un lugar higiénico donde vivir. Tampoco lo han tenido en cuenta”, insiste. Por su parte, el abogado de la afectada subraya que “el juzgado tiene perfecto conocimiento de que hay un tutelado en el domicilio, sabe que tiene una discapacidad grave y que Francisca también es discapacitada, pero les da igual”. También ha añadido que “existen informes de servicios sociales”. “No los han querido contemplar, no lo han querido ver de ninguna manera”, ha lamentado el letrado.
Mi sobrino tiene que someterse a una intervención quirúrgica en las próximas semanas y va a necesitar un techo, un lugar higiénico donde vivir. Tampoco lo han tenido en cuenta
Sisca y su sobrino, de 37 años de edad, han logrado esta jueves aplazar por unas semanas el desalojo de su vivienda, ubicada en el Carrer Maó de Ciutadella, gracias al apoyo de los vecinos y al trabajo de los activistas de la Plataforma Menorca Habitatge Digne y de los integrantes de CGT Menorca. La mujer, entre lágrimas, ha agradecido la ayuda a los presentes convocados en la puerta de su casa, aunque sabe que es una situación temporal. “Por suerte hemos logrado un acuerdo y podré quedarme hasta finales de octubre”, ha comentado.
Cuando los agentes de Policía se marcharon y la calma volvió al barrio, la vecina de Ciutadella reflexionaba con elDiario.es sobre su futuro: “¿Qué voy a hacer? No tengo ni idea. Pelearé hasta el último momento, pero, si no lo consigo, tendré que ocupar. ¿Por qué no tengo derecho a vivir en un lugar digno? Yo no quiero ninguna casa de lujo, quiero un lugar donde vivir. Buscaré una casa que haya sido embargada por el banco y esté cerrada o algo que no esté demasiado deteriorada y pueda estar, porque tampoco quiero molestar a ningún particular ni a nadie”, explica Francisca mientras se seca las lágrimas.
Buscaré una casa que haya sido embargada por el banco y esté cerrada o algo que no esté demasiado deteriorado y pueda estar, porque tampoco quiero molestar a ningún particular ni a nadie', explica Francisca mientras se seca las lágrimas
30 años sin un baño decente
Hace tres décadas el problema del acceso a la vivienda en Menorca tenía otras características y, sobre todo, otros precios. A 1993 se remonta el origen del contrato que la Inmobiliaria Impons SA se niega a renovar a Francisca y su sobrino. “Cuando vine a vivir aquí era joven, acababa de salir de una situación conflictiva y el propietario, para asegurarse de que cobraría el alquiler, puso el contrato a nombre de mi madre. Desde entonces, el contrato se ha renovado todos los años”, cuenta la afectada, quien señala que, desde siempre, el mantenimiento del inmueble ha corrido por su cuenta.
Consultado por elDiario.es, el abogado representante de Francisca Riutort se ha mostrado perplejo por la celeridad con que el Juzgado ha rechazado todas las instancias presentadas durante los últimos días y ha subrayado que considera que los fundamentos de la sentencia para el desalojo no son suficientes para proceder al lanzamiento de su representada.
“Es un tema complejo y difícil de explicar, pero, en todo caso, cabe señalar que Francisca no fue condenada. No hay sentencia contra ella ordenando el lanzamiento porque la sentencia es contra su madre, que no vive ni ha vivido nunca en este domicilio. El contrato de arrendamiento fue firmado hace treinta años y se ha renovado año tras año hasta hace unos meses atrás. No se ejecuta el lanzamiento por falta de pago, sino porque no se ha renovado el contrato porque los propietarios se niegan”, ha explicado el letrado.
El funcionario judicial ha comunicado a Sisca y su sobrino que en octubre volverá, seguramente con otra orden de lanzamiento. Preguntado sobre los motivos de tanta cerrazón y falta de diálogo, el abogado de Francisca ofrece una explicación posible: “En 31 años no ha hecho una puñetera obra y últimamente se habían generado discusiones con la propiedad. Ella se atrevió a reclamar que hiciera unas obras, y la respuesta al reclamo fue un burofax para que se fuera primero y una demanda de desahucio después. Así de claro”. Y sentencia: “Las demandas por obras son largas y los trámites de desahucio bastante cortos en comparación”.
En 31 años no ha hecho una puñetera obra y últimamente se habían generado discusiones con la propiedad. Ella se atrevió a reclamar que hiciera unas obras, y la respuesta al reclamo fue un burofax para que se fuera primero y una demanda de desahucio después. Así de claro
Por su parte, la representante de Inmobiliaria Impons SA presente en el desalojo se han negado reiteradamente a contestar las preguntas de elDiario.es sobre por qué rechazan renovar el contrato de un piso de renta antigua que se viene abajo a dos personas con discapacidad. Además, este periódico ha buscado sin éxito después del intento de desahucio ponerse en contacto con la empresa, que ha rechazado de nuevo hacer cualquier tipo de declaraciones.
Dos desahucios al día en Balears
A la convocatoria para frenar el desalojo de Francisca y su sobrino también han asistido otros afectados por la profunda y caótica crisis habitacional que atraviesa Menorca y por extensión todas las Illes Balears. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, durante 2023 en el archipiélago se llevaron a cabo 880 desahucios. Algo más de dos al día.
Manuel S.H. ha venido esta mañana desde Maó con su mujer y su hija menor de edad. Se enteró de la convocatoria por las redes de la Plataforma Menorca per l'Habitatge y decidió solidarizarse con Francisca. Fue desalojado el pasado 31 de julio de su domicilio de la calle Santa Rosa de la capital menorquina tras no poder renovar el contrato por fallecimiento del propietario.
“El banco se ha quedado con la casa donde viví durante años por 10.000 euros. Intentamos comprarla, no queremos nada gratis, resolvimos irnos después de muchas semanas de hostigamiento del juzgado y del banco”, cuenta. Además, añade una reflexión: “Al final lo único que van a lograr es que nos vayamos a okupar. En algún sitio hay que vivir”.
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