Una primera línea de playa llena de terrazas en el limbo: “Quienes las denuncian están en contra del turismo”
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Último día de verano en la playa de Can Picafort. Los primeros clientes de las terrazas de los bares del paseo marítimo son residentes y trabajadores de esta turística zona al norte de Mallorca. También algún turista madrugador. Tres kilómetros de paseo junto al mar que suman una cincuentena de bares y restaurantes, algo más de media docena de hoteles y otros tantos comercios dedicados al turista playero y los recuerdos que se llevarán los visitantes. Esto en la primera línea.
Enfilan ya la recta final de la temporada. A finales de octubre, todo volverá a estar cerrado. Y quedará un paseo marítimo sin las terrazas que han vuelto a ser objeto de denuncias y polémicas esta temporada. Y viene de largo.
Hace más de 20 años. El primer conflicto vino con la Ley de Costas. Hasta ese momento, según relata el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, “las terrazas estaban junto a la arena, pegadas a la playa, pero Costas obligó a que se trasladaran a la fachada de los bares y restaurantes, para respetar los seis metros”.
Esos seis metros son la servidumbre de tránsito de la Ley de Costas y se miden, según la ley, “desde la línea interior de la ribera del mar que forma parte de la servidumbre de protección, si bien en la misma las limitaciones son más estrictas”. “En esta zona no está autorizada la construcción de ninguna instalación y deberá dejarse permanente expedita para el uso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento”, añade la ley. “Expedita”, enfatiza Monjo, “si aplicamos la ley a rajatabla, nada de terrazas, ni mesas ni sillas, pero tampoco papeleras, bancos o juegos infantiles”. “Libre de obstáculos es libre de todo, no puede haber nada”, comenta el primer edil.
Evidentemente, el paseo marítimo de Can Picafort tiene papeleras, bancos, jardineras y juegos infantiles. Y cuentan con el permiso oportuno. También los cuatro grupos escultóricos con 21 figuras femeninas de Joan Bennàssar instaladas en 2016. Tras el éxito de la exposición, solicitaron su integración definitiva dos años después. A día de hoy, esas esculturas forman parte del paisaje costero de Can Picafort. “Pero no van a denunciar las esculturas, denuncian las terrazas, porque están en contra del turismo”, critica el alcalde de la localidad.
No van a denunciar las esculturas, denuncian las terrazas, porque están en contra del turismo
Las terrazas: ahora sí, ahora no
Miguel es el propietario del Bar Playa y recuerda que “hace unos 25 años” les “obligaron a cambiar las terrazas a la fachada y ya no era tan cómodo para el turista, porque desde la mesa del bar podían ver a los niños jugando en la arena con el cubo, el capazo de la playa, las toallas, todo, mientras se tomaban un cafecito”. “No tiene nada que ver con estar aquí, que ya no ves al niño, tienes que venir con él, coger tus pertenencias… Y están a la sombra, aquí vienen por el sol. Pero aceptamos el cambio, no hubo otra, y así estamos desde entonces”, comenta.
El origen de ese conflicto fue un informe de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de 2001 que alertaba de la ocupación de la zona de servidumbre de tránsito. Tres años después, el Ministerio de Medio Ambiente denegó al Ayuntamiento de Santa Margalida el permiso para que los bares y restaurantes de Can Picafort ocuparan el paseo marítimo con mesas y sillas. Pese a que el Ayuntamiento recurrió la decisión argumentando que hacía muchos años que las terrazas ocupaban esa zona y que quedaba espacio libre para el paso de los peatones, Costas ordenó la retirada de las mesas y sillas de las terrazas de la primera línea. El Ayuntamiento acató la decisión. Durante mes y medio de aquel 2004, entre mayo y junio, no hubo terrazas en el paseo marítimo de Can Picafort, hasta que se alcanzó un acuerdo provisional para que se instalaran de nuevo esa temporada turística, según recogía el diario local Última Hora por aquel entonces,
El verano de 2005, la primera línea de Can Picafort lucía de nuevo su estampa veraniega de un paseo repleto de terrazas y turistas. El delegado de Gobierno en esa época, Ramon Socías, autorizó la instalación “siempre que estas queden pegadas a la zona de tierra y no a la de mar, no ocupen más de un metro de superficie y dejen un espacio libre de paso de cuatro metros de ancho en el paseo marítimo para que circulen vehículos de emergencia en caso de necesidad”. Y, estas son las condiciones, las consensuadas hace 20 años con Costas, a las que hace referencia el actual alcalde de Santa Margalida tras las nuevas acusaciones contra el espacio que ocupan las terrazas. Esos cuatro metros.
Las nuevas denuncias
Así surge el nuevo conflicto, con, al menos, dos denuncias este año. La primera, por parte de la oposición. El PSOE de Santa Margalida cuestionó en el pleno municipal del pasado mes de abril la “excesiva” ocupación de la vía pública. A principios de septiembre, el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), denunciaba ante el Consell de Mallorca la misma infracción. Es la institución insular la que tiene competencia sobre las autorizaciones, además de tener que realizar las pertinentes inspecciones e imponer multas en caso de incumplimiento.
¿Y por qué la denuncia ante el Consell de Mallorca? Porque es quien tiene las competencias del litoral urbano desde el 2001. Aunque, a día de hoy, no es la única institución con deber de gestión. Son cuatro.
El 1 de julio de 2023, Balears asumía las competencias de Costas y Litoral, convirtiéndose así en la cuarta comunidad autónoma en lograr el traspaso, después de Catalunya, Andalucía y Canarias. ¿Qué implicaba? La gestión de las autorizaciones administrativas dentro del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), los usos de temporada (como son las hamacas, sombrillas o zonas de fondeo) y las zonas de servidumbre de tránsito (los seis primeros metros desde la ribera del mar).
Pero no solo eso. También que se cumpla lo autorizado, sancionar las infracciones y recaudar las multas. Eso sí, el Gobierno se reservaba el cobro del canon de ocupación, la decisión final de las concesiones y planificar los proyectos y obras de interés general. Con este nuevo traspaso, los Consells Insulares pasaban también a asumir la competencia en el litoral rústico.
¿Cuántos metros tutela la Ley de Costas en litoral urbano y rústico? Es lo que la ley denomina servidumbre de protección y define así su anchura: “100 metros contados desde el límite interior de la ribera del mar, excepto en aquellos tramos litorales que, a la entrada en vigor la Ley de Costas (28 de julio de 1988), estuvieran ya clasificados como urbanos o tuvieran un plan parcial ya aprobado con anterioridad al día 1 de enero de 1988, en los cuales la anchura es de 20 metros”.
En el caso del litoral urbano, en esos 20 metros, tienen potestad cuatro administraciones: la ley es estatal (la de Costas de 1988), los primeros seis metros los gestiona el gobierno autonómico, los siguientes catorce el Consell Insular y el Ayuntamiento de la localidad participa en los veinte, por ejemplo, otorgando las licencias de ocupación de la vía pública.
Al recibir la denuncia del GOB, según fuentes del Consell de Mallorca, los inspectores se desplazaron hasta Can Picafort para “levantar acta y realizar los informes oportunos”. “En estos momentos, está en proceso de valoración y se abrirá expediente sancionador en el caso de que algún establecimiento no se adecúe a la normativa”, añaden. Las mismas fuentes aseguran que “Can Picafort no ha tramitado los permisos para que se instalen las terrazas, pero otros ayuntamientos de zonas costeras sí lo han hecho”. “Lo haré en 2025”, asegura a elDiario.es el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, “porque tenemos la autorización de Costas de 2022 a 2025 y el traspaso de competencias a Balears fue el año pasado, no tengo que informar de nada si está vigente el último permiso y nadie nos ha dicho que tengamos que comunicarlo al Consell”.
El Consell de Mallorca asegura que el Ayuntamiento de Santa Margalida no ha tramitado los permisos para que se instalen las terrazas. 'Lo haré en 2025', afirma el alcalde, quien añade que existe un permiso vigente
Desde la institución insular aseguran que “las notificaciones se han de enviar a las tres administraciones”, es decir, a Costas estatal, al Govern y al Consell de Mallorca. “Nunca hemos pedido autorización al Consell, nunca”, responde el alcalde a la pregunta de si desde 2001 algún año han notificado la instalación de terrazas a la institución insular. “Pero en todo este tiempo tampoco nos la han pedido ni he visto a ningún inspector del Consell por aquí hasta hace unas semanas”, remarca el primer edil. Fuentes del Consell de Mallorca afirman que Santa Margalida no les ha comunicado la ocupación de la vía pública ni este año ni el anterior, pero tendrían que “consultar año a año para saber si desde 2001 se ha hecho en alguna ocasión”. Tras el revuelo montado y la ausencia de comunicación entre ambas instituciones, al alcalde asegura que enviará “los permisos de Costas al Consell” y les propondrá “un convenio para seguir controlando la ocupación y pasar la información a quien corresponda”.
Los hoteles también invaden la primera línea
La visita de los inspectores del Consell de Mallorca no es la única que ha recibido Can Picafort este verano. El celador de Costas, según el alcalde, “vino a raíz de que la denuncia de la oposición saliera en la prensa y yo le enseñé, en una segunda reunión, todo el paseo marítimo, y al ver que los hoteles invaden toda la zona de protección, ha quedado en punto muerto”. Varios hoteles de esta zona mallorquina, como The Sea Hotel (1966), Dunamar (1971) o el hotel Son Bauló (1968), abarcan con sus instalaciones la zona de servidumbre de protección, incluida la de tránsito, quedando para uso y disfrute exclusivo de los huéspedes de estos establecimientos.
El alcalde asegura que ha ido un celador a inspeccionar la primera línea de playa y que, tras ver que los hoteles invaden toda la zona de protección, la inspección ha quedado en punto muerto. Varios hoteles, construidos antes de la Ley de Costas, abarcan con sus instalaciones la zona de servidumbre de protección, incluida la de tránsito, quedando para uso y disfrute exclusivo de los huéspedes de estos establecimientos
La particularidad es que fueron levantados antes de la Ley de Costas, situación que contempla la propia normativa. “La realización de un nuevo deslinde no significa, en modo alguno, que las edificaciones que puedan quedar incluidas dentro de los terrenos de DPMT tengan un origen ilegal. Por esa razón, la legislación actual reconoce los derechos de los propietarios que en su día no infringieron ninguna normativa, pero somete estas propiedades a un régimen especial”. “Hemos instalado una pasarela de madera sobre la arena para que, al menos, los peatones puedan atravesar esta zona de hoteles, porque no tienen por dónde pasar sin pisar la playa”, explica Monjo.
Una de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Santa Margalida para dar espacio a los peatones ha sido eliminar el carril bici. “Como Ayuntamiento estamos a favor del turismo y queremos tener una oferta turística global en las mejores condiciones, por eso en las zonas más saturadas del paseo marítimo hemos prohibido bicicletas y patinetes, no son compatibles con los peatones”, expone el alcalde.
La anchura del paseo marítimo de Can Picafort no es igual en todos sus tramos. La más estrecha es una parte del paseo Enginyer Antoni Garau, donde las terrazas invaden parte de la zona de tránsito. Esa de seis metros que debería estar expedita según la normativa. Con las terrazas de bares y restaurantes, libre y despejada quedan 4’8 metros. El acuerdo de hace 20 años marcaba cuatro metros libres. “Lo que no voy a hacer es decirles a unos que pueden poner mesas y sillas y a otros, como es un poco más estrecho, no podéis poner. Además, es donde hay más playa y la que más turistas tiene, ¿cómo vamos a dejarla sin servicios por un metro?”, argumenta el alcalde Joan Monjo.
Como la anchura del paseo marítimo no es igual en todos sus tramos, para cumplir con la ley de Costas, el Ayuntamiento tendría que eliminar sólo algunas terrazas. 'Lo que no voy a hacer es decirles a unos que pueden poner mesas y sillas y a otros, como es un poco más estrecho, no podéis poner.', argumenta el alcalde
“Tenemos todo el paseo marcado con unas tachuelas en el suelo que delimitan el espacio que pueden ocupar las terrazas y hacemos varias inspecciones durante la temporada para comprobar que se limitan a ese espacio”, sintetiza el alcalde mientras una patrulla de la Policía Local de Santa Margalida hace las pertinentes comprobaciones. Uno de los agentes asegura a este diario que “la inmensa mayoría de los establecimientos cumplen y el que no, se sanciona”.
Un concejal tiene siete terrazas ilegales
En la parte más estrecha de ese paseo, Miguel y Eugenio regentan sus locales desde hace más de seis décadas. Además, Eugenio Garrido es concejal en el Consistorio y ha sido el centro de la última polémica, como recoge esta noticia del Ara Balears, que informa que el político tiene siete establecimientos con terrazas ilegales. El concejal explica que tiene “siete locales en propiedad, pero cinco están alquilados y dos en explotación”. Uno de ellos es el Vent i Mar, hotel y restaurante. Eugenio recuerda que empezó con su padre a trabajar hace 42 años: “No teníamos nada, y lo único que hemos hecho ha sido eso, trabajar. Él nunca ha disfrutado de la vida, solo ha trabajado. Y aquí sigue, con 80 años y le quedan 10 para jubilarse”.
No teníamos nada, y lo único que hemos hecho ha sido eso, trabajar. Mi padre -que montó el restaurante que tiene una terraza ilegal- nunca ha disfrutado de la vida, solo ha trabajado. Y aquí sigue, con 80 años y le quedan 10 para jubilarse
Pero no solo trabaja su padre en el hotel, también su madre. “Con 83 años y los dos cotizando”, puntualiza Eugenio. A las críticas vertidas, Eugenio responde: “Me lo tomo a risa y mi padre me dice que es publicidad gratuita”. Y añade: “Es una persecución contra el alcalde y me ha tocado a mí también por ser concejal en su mandato”. El alcalde coincide con el concejal en que las denuncias por la ocupación de las terrazas “son un ataque personal”. La terraza del Vent i Mar son dos filas de mesas y sillas y, según Eugenio, “si pudiesen, los clientes estarían dentro de la arena, dentro del agua”. “Primero se llena la terraza y, cuando ya no queda más remedio, pues se meten dentro del local”, afirma.
Una de las cantinas más concurridas de ese paseo es el Bar Playa, que abrió sus puertas en 1964. Miguel es su propietario. Critica el cambio de ubicación de las terrazas de hace 20 años. “Desde que están en sombra, los meses de marzo, abril, septiembre y octubre, a nada que refresque, no facturas, porque quieren estar al sol y, pegados a la fachada y con toldos, no hay sol. Antes teníamos sombrillas de rafia, también hacían más bonito el paseo”.
Sobre el traspaso de competencias y cómo debe comunicarse la ocupación de la vía pública, Miguel afirma: “Como propietario, vas al Ayuntamiento, pedimos el permiso, pagamos la tasa y ya no sabemos más, de si hay que elevarlo o no a más administraciones, no estamos para tanta burocracia, estamos para trabajar”. Y esta temporada, pese a los datos récord de ocupación, la facturación no se ha traslado al sector de la restauración. En esta zona de la isla también lo han notado. Miguel asegura que la temporada ha ido peor que la anterior: “El gasto de las familias ha subido mucho y se quedan a comer en los hoteles, nada de restaurantes”.
En otra zona del paseo, David trabaja desde este verano como relaciones públicas de Pirates, pero lleva 20 años en bares y restaurantes de Can Picafort. Asegura que tienen “la licencia de ocupación de la vía pública y, sin las terrazas, nadie vendría al local”. Khan, encargado del Don Denis, está en una de las zonas más anchas del paseo y cuenta que “rara vez” tienen clientes dentro del local. “Abrimos de abril a octubre y los clientes prefieren estar fuera, con las vistas al puerto y las esculturas. Todos se hacen fotos con ellas”, añade.
El alcalde detalla a elDiario.es que todos los establecimientos “tienen licencia de ocupación y pagan sus impuestos”. “Somos los primeros interesados para que todo esto funcione, porque el paseo hay que mantenerlo y cuidarlo”. Y añade que si no han elevado la documentación a otras administraciones públicas de las islas es porque “nadie” lo ha comunicado al Consistorio.“ Entendemos que el informe que enviamos a Costas para el periodo 22-25 está autorizado y vigente y el próximo año volveremos a enviarlo, con todo, terrazas, hamacas, sombrillas…”. “¿Ves la playa? Ese es el verdadero problema que tenemos en Can Picafort, que nos estamos quedando sin playa, porque se hizo mal el puerto e interrumpió la dinámica de las corrientes y ya no traen arena, pero eso nadie lo denuncia ni hace nada”, concluye el alcalde.
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