LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha asegurado que actuará contra la propiedad de Can Rova --donde se ha llevado a cabo el desalojo de los residentes--, por su actividad irregular, pero también por el riesgo que suponía para las personas, por el riesgo de incendio y por los riesgos contra el medio ambiente que se han producido durante meses.
La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer; la concejala de Bienestar Social, Antonia Picó, y personal técnico del departamento de Servicios Sociales y un técnico de los servicios jurídicos se han reunido este martes con el representante legal y los portavoces de un grupo de personas desalojadas del camping ilegal de Can Rova.
Con motivo de la manifestación que ha tenido lugar en la plaza de España, a la que han asistido una veintena de afectados, Ferrer les ha explicado el histórico de los diferentes expedientes municipales que tiene en marcha el camping ilegal desde su detección y el trabajo técnico que han realizado los Servicios Sociales.
“Estamos ante un conflicto entre particulares, en un desahucio ejecutado por mandato judicial y en un entorno en el que había un riesgo grave e inminente para las personas en el cual, además, no se nos dejaba actuar”, ha matizado Ferrer.
“Los Servicios Sociales estuvieron trabajando durante semanas con las 14 familias que tenían menores a su cargo en el campamento ilegal y lo sigue haciendo ahora con todas las personas que se catalogan como vulnerables. No se trata de un trabajo político, son criterios técnicos y son los mismos criterios que se llevan años siguiendo en todas las situaciones de emergencia”, ha añadido Ferrer.
El Ayuntamiento, en un comunicado, ha destacado que en la noche del lunes un total de 17 personas durmieron en el polideportivo del CEIP S'Olivera. Las 29 que comenzaron pernoctando en esta instalación, temporal y de emergencia, se han ido reduciendo al encontrar otras alternativas habitacionales.
Además, se ha ayudado a cinco personas con billetes de vuelta a su lugar de origen, tal y como habían solicitado, y se ha pagado la fianza para entrar a vivir en pisos a dos familias. Ninguna de las personas que han dormido en s'Olivera ha sido catalogada como vulnerable.
Por otro lado, las familias que sí estaban en riesgo de vulnerabilidad están acogidas entre el centro Nazaret de Cáritas y el centro de baja exigencia de sa Joveria.