“Encontré un estudio de 35 metros cuadrados por 600 euros. Sin embargo, mi casera vuelve el 15 de mayo porque vive aquí de temporada y me tengo que ir. No tengo contrato de alquiler”, explica a elDiario.es Àlex, un joven mallorquín de 25 años que se trasladó el 23 de febrero a Formentera para cubrir una sustitución por un docente que está de baja por enfermedad. Es habitual que en el archipiélago balear el mercado del alquiler se tensione todavía más cuando llega la temporada turística. En el caso de Àlex, se trasladó a Formentera para sustituir la baja de un profesor durante un mes pero, según su testimonio, se podría alargar hasta final de curso.
El principal inconveniente para rechazar el trabajo y volver a Mallorca es que si lo hace sufriría una penalización de dos años de acceso en la bolsa de interinos ya que, de acuerdo con su testimonio, el hecho de no encontrar una habitación (ya no un piso) no es una ‘razón de peso’ para abandonar un trabajo en el ámbito de la educación pública. “Si tengo que acampar en la playa lo haré. Lo que no voy a hacer es autoboicotear mi carrera profesional porque no se considere el hecho de que no tener casa sea una razón de peso para dejar el trabajo”, asegura.
Es un nuevo caso que sirve para ejemplificar la emergencia habitacional que se vive en las Illes Balears, cuyas consecuencias se sufren con mayor crudeza en las Pitiüses. “Soy maestro en Formentera y me quedo sin casa. Hilo”, escribía este domingo el joven en Twitter, en una publicación con varios cientos de interacciones. El objetivo de esta publicación, detalla a esta redacción, es provocar una reacción por parte de las administraciones públicas. “No estoy pidiendo caridad. Es una propuesta para pedir a las instituciones que mediante la gestión pública pongan soluciones”, insiste.
“Algunos padres me han ofrecido una habitación que querían alquilar en verano. Se me han presentado algunas soluciones, pero no es así como se tendría que resolver este problema”, opina. El derecho a una vivienda digna, consagrado por el artículo 47 de la Constitución Española, está siendo sustraído a amplias capas de la población local, que ve cómo este derecho fundamental se está convirtiendo en un bien especulativo. Esta problemática conduce a la proliferación del fenómeno de las autocaravanas: población local o temporeros que prefieren vivir en ellas porque no pueden pagar los precios fijados por el mercado o porque prefieren ahorrarse ese dinero. Esto está sucediendo incluso durante la temporada de invierno.
Sin solución
Ante este contratiempo, Àlex se ha puesto en contacto con el Consell de Formentera -que no ha contestado a la petición de información de elDiario.es- y el Govern balear para dar a conocer su caso.
Según su relato, el joven se puso en contacto con el Casal de Colònies de Formentera, espacio gestionado por el Instituto Balear de la Juventud, dependiente de la Conselleria de Asuntos Sociales, para saber si le podían ofrecer una alternativa residencial. “Me dijeron que no porque había un campamento de aprendizaje y que, debido a ello, no podemos convivir con los niños. Anteriormente, la directora del IB-Jove (Instituto Balear de la Juventud) me dijo que sí, pero después me informaron de lo contrario”, afirma.
El casal de colonias de Formentera tiene una capacidad de 32 plazas del 1 de octubre al 23 de junio y de 24 plazas desde el 24 de junio al 30 de septiembre, según figura en la web del Govern. Fuentes de la Conselleria de Asuntos Sociales explican que no han recibido una petición formal para ceder este espacio a los docentes que se encuentran en esta situación. Las mismas fuentes indican que no es un espacio que esté destinado a este uso, sino que es un centro de ocio para los alumnos y alumnas del archipiélago balear. “La Conselleria de Educación, de forma excepcional y siempre que hubiera plazas disponibles, ha habilitado este espacio para docentes, pero no es un recurso destinado para profesores”, asegura la Conselleria de Asuntos Sociales a elDiario.es.
A primera hora de la tarde del lunes, a la Conselleria de Educación no le constaba haber recibido una petición por parte de Àlex en relación al problema que la situación le ha generado. “Es un problema estructural que afecta a todos los profesionales, como a camareros, policías o sanitarios”, indican fuentes de la Conselleria de Educación a esta redacción. Según Àlex, hay una veintena de docentes que podrían quedarse sin techo en las próximas semanas o meses. La Conselleria, que no cuestiona el testimonio de Àlex, ha recibido un correo electrónico del afectado, según ha podido comprobar esta redacción.
La vivienda más cara del Estado
Las Illes Balears son, junto a la Comunidad de Madrid, la región con la vivienda más cara de España (tanto nueva como de segunda mano), según se desprende de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el tercer trimestre de 2022. En cuanto al alquiler, no hay datos actualizados por el INE -los más recientes se refieren a 2020-.
El Ejecutivo autonómico, formado por una coalición entre el PSIB, Més per Mallorca y Unides Podem, se ha mostrado partidario de poner un tope a los precios del alquiler, pero es un instrumento que solo se podría poner en funcionamiento con la aprobación de una Ley de Vivienda estatal que lo prevea. La ley, que se encuentra atascada en el Congreso de los Diputados, solo prevé la fijación de topes en el alquiler en zonas tensionadas y para los grandes tenedores de vivienda -aquellos que tienen más de diez inmuebles en propiedad-.