Un total de 135 familiares de los usuarios de Colisée Sa Residència -la residencia privada de mayores que gestiona el grupo francés Colisée en Eivissa- plasmaron su firma en un documento de siete páginas que fue remitido a la Dirección General de Atención a la Dependencia del Govern balear el 16 de enero. El texto, publicado de forma íntegra por elDiario.es el 16 de febrero, desgrana en 20 puntos toda una cadena de irregularidades -algunas de ellas muy graves- que los afectados llevan denunciando desde hace casi dos meses y cuyo contenido sigue, en gran parte, vigente, según las familias. Cabe aclarar que es el Consell d’Eivissa el organismo con las competencias en materia de control e inspección.
A estas presuntas irregularidades hay que sumar una nueva -también de máxima gravedad-: al menos dos trabajadores del centro privado están ejerciendo funciones de enfermeros sin estar colegiados ni poseer la titulación de Enfermería, según desvela en exclusiva elDiario.es, después de haber confirmado la información con fuentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España (CGE), que han contrastado los datos proporcionados por este diario a través de sus registros.
Los dos trabajadores que están ejerciendo como enfermeros sin ser titulados en Enfermería responden a las iniciales de J.J.P.R. y J.R.A.I. Según sus redes sociales tienen estudios de Medicina y están contratados por la empresa mercantil General Medical Care SLP -con sede en Tarragona-, pese a estar trabajando en la residencia que gestiona La Saleta Care SL (Colisée Sa Residència), que habría subcontratado los servicios de la primera. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con J.J.P.R. y J.R.A.I., sin recibir todavía respuesta.
“Estamos ante un caso muy grave que debe ser investigado y que debe llevar a las administraciones públicas a mover ficha”, explica a elDiario.es Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería en España. “Desgraciadamente, nos encontramos ante un caso en el que vuelve a comprometerse la seguridad de un colectivo especialmente vulnerable: el de los mayores que viven en residencias”, afirma.
Estamos ante un caso muy grave que debe ser investigado y que debe llevar a las administraciones públicas a mover ficha
El presidente del CGE asegura que se compromete la seguridad de los pacientes, en esta ocasión, porque “se trata de trabajadores que sin el título de Enfermería ejercen como tal”. “Duele comprobar el poco respeto con el que muchas veces se trata a las personas que residen en este tipo de centros sociosanitarios siendo, precisamente, las que más cuidados necesitan”, lamenta Pérez Raya.
“Mi padre iba cagado hasta la cintura”
En el primer reportaje publicado por elDiario.es, familiares de los usuarios de la residencia privada narraron escenas que ponen los pelos de punta. Fue el caso, por ejemplo, de Lucía (nombre ficticio), cuyo padre, de 87 años, con alzhéimer y totalmente dependiente, vive en una habitación doble con otro compañero, que no tiene una dependencia tan elevada, según contó su hija en conversaciones con este diario.
“El compañero, 'pobrecito', llevaba horas al lado de mi padre, pidiendo ayuda, sin moverse, pero no le hacían ni caso”, comentó. Cuando Lucía llegó, el compañero le dijo que su padre estaba “muy enfadado” (debido a su alzhéimer no se puede comunicar). Cuando entró a la habitación, siguiendo con su testimonio, había un gerocultor dentro (un profesional que está por debajo de un auxiliar de enfermería), “súper agobiado”, que le dijo que no podía con todo el trabajo que tenía encima. “Me dijo que no podía más”, aseguró Lucía, que añadió que le dijo que “no se preocupara”, que ella “se ocuparía” de su padre, aunque este trabajador, a pesar de ello, se quedó cinco minutos más con ella. “Abrazo a mi padre, le hablo, aunque no sabe ni quién soy, pero consigo que se calme. Bueno, mi padre iba, perdona por la expresión, iba cagado hasta la cintura. Literalmente”, lamentó Lucía a elDiario.es.
“Durante tres días no le han puesto los parches contra el alzhéimer”, explicó también a esta redacción Antonio Costa Ribas, cuya madre, de 92 años, tiene alzhéimer y demencia, y necesita que le pongan los parches todos los días, según detalló el afectado. En el segundo reportaje que publicó elDiario.es, los familiares incidieron en que desde la residencia privada se estaban “cambiando pautas de medicación” sin la autorización de los médicos de Atención Primaria de algunos residentes. Otras carencias que denuncian los familiares son hospitalizaciones tardías, deshidratación y falta de higiene.
“Se pone en riesgo la vida de los pacientes”
El presidente del Consejo General que representa a los Colegios Oficiales de Enfermeras y Enfermeros de España considera que es “intolerable” que haya personas ejerciendo como enfermeros sin tener la titulación. “Es el colmo que haya enfermeros o enfermeras falsos y, por tanto, no estén preparados”, critica. “No es ya que no se garanticen los cuidados que precisan estas personas, lo cual es lamentable, es que se pone en riesgo su propia vida”, afirma Pérez Raya.
El presidente del CGE considera que no solo hay que exigir la obvia titulación que establece la ley, sino también conocimientos especializados en geriatría y dependencia. “Debemos exigir que se cuente con las enfermeras especialistas en Geriatría, que son las que mejor conocen las necesidades y cuidados de estos pacientes, cómo ayudarles a conseguir una mayor autonomía y cómo actuar en casos de emergencia”, aclara Pérez Raya.
Después de haber publicado el segundo reportaje sobre este caso, elDiario.es se puso en contacto el 9 de marzo con el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de las Illes Balears (COIBA) para ponerle en conocimiento de los indicios de la presunta actividad irregular que había detectado en Colisée Sa Residència, momento en que se inició una nueva investigación. El COIBA también ha confirmado a este diario que los datos de los trabajadores proporcionados no constan en sus registros de colegiación, ni tampoco en los de ningún otro Colegio Oficial de Enfermería del Estado. Finalmente, fuentes del CGE han confirmado a elDiario.es que tampoco poseen la titulación de Enfermería. Anteriormente, esta redacción se había puesto en contacto con el Ministerio de Universidades para esclarecer la situación, si bien todavía no ha comentado nada sobre esta cuestión.
J.J.P.R., de 25 años, habría estudiado la carrera de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Cuba, en La Habana, según ha podido saber elDiario.es a través de su perfil de Instagram. En su red personal, aparece una fotografía publicada el 1 de diciembre de 2021. En dicha imagen, J.J.P.R. aparece con su título de Medicina, en un acto de graduación. En la misma situación está J.R.A.I., quien, al aparecer, habría cursado los estudios de Medicina en la Universidad de Oriente de Venezuela, según aparece en su perfil personal de Facebook. Ambos estarían en proceso de homologar su titulación de Medicina en España, según ha podido saber este diario, el cual, repetimos, ha intentado ponerse en contacto con los dos sin éxito.
Solo los titulados están habilitados para ejercer
La ley es muy clara. El Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de Ordenación de la actividad profesional de enfermería, especifica en su artículo 5, para la habilitación profesional, que “estarán habilitados para ejercer los actos propios de la profesión de enfermería, en cualquiera de las modalidades o formas jurídicas públicas o privadas de relación de servicios profesionales, únicamente quienes se hallen inscritos en el Colegio Oficial de Enfermería del ámbito territorial correspondiente, cumplan la legislación profesional vigente y no se encuentren suspendidos, separados o inhabilitados por resolución corporativa o judicial, situación que se acreditará mediante certificación profesional expedida por el órgano correspondiente”.
Esta obligación vuelve a quedar manifiesta en el artículo 7, que establece que “es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de enfermería, en cualquiera de sus ámbitos o modalidades, hallarse incorporado al Colegio Oficial de Enfermería del ámbito territorial que corresponda con el domicilio profesional, único o principal”. El artículo 52, de ejercicio profesional y colegiación, recuerda que “la ley regulará el ejercicio de la profesión de enfermería y las actividades para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación (...) en cualquier ámbito o forma jurídica pública o privada de prestación de servicios profesionales en que se lleve a cabo, es requisito indispensable hallarse incorporado al Colegio correspondiente”.
El artículo 10, por su parte, establece el deber de “exhibir el documento de identidad profesional cuando legalmente sea requerido para ello”. También se debe comunicar al Colegio, en un plazo no superior a treinta días, “sus cambios de domicilio o residencia, así como las ausencias superiores a cuatro meses”.
“Es necesario incrementar la colaboración con las Organizaciones Colegiales, ya que solamente los Colegios pueden habilitar como enfermeras (o enfermeros) a quienes, contando con la titulación correspondiente, se incorporen a los mismos”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, sobre esta cuestión. “De esta forma, la colegiación obligatoria de las enfermeras constituye una garantía para la seguridad clínica de las personas a las que atienden”, concluye el presidente del CGE.
elDiario.es se puso en contacto este jueves por la mañana con las empresas implicadas, Colisée Sa Residència y General Medical Care, para pedirles el número de colegiación de los dos trabajadores del centro privado, dado que es una información pública que cualquier persona puede consultar en los buscadores de los Colegios Oficiales. Asimismo, este diario ha preguntado a ambas empresas si les consta que J.J.P.R. y J.R.A.I. (aportando sus nombres y apellidos completos) están trabajando en Colisée Sa Residència sin la titulación de Enfermería. Por último, les hemos preguntado si han subsanado las deficiencias que denuncian los familiares. Las empresas afectadas no se han pronunciado en el momento de publicación de este artículo.
Del mismo modo, esta redacción se ha puesto en contacto con el Consell d’Eivissa, organismo que ostenta las competencias de control e inspección, para saber si está al tanto de la situación, pero no ha recibido respuesta. La institución insular abrió un expediente a la residencia el 13 de enero, después de una inspección extraordinaria que constató “diferentes deficiencias en el funcionamiento y en la atención a las personas usuarias”. El Consell Insular explicó, el 21 de febrero, que no contemplaba todavía el cierre de Colisée Sa Residència porque implicaba dejar a unos 100 usuarios sin servicio. “Es una de las últimas posibilidades”, respondió Carolina Escandell (PP), consellera de Bienestar Social d’Eivissa, sobre el cierre del centro privado o la retirada de su autorización, después de que la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago (Més per Mallorca), dijera en el Parlament que es la institución ibicenca la que debía decidir si cerraba o no la residencia privada.
Antes de la publicación del segundo reportaje, elDiario.es preguntó al Consell Insular si la institución tiene el organigrama completo de los trabajadores del centro, con las funciones de cada uno y las titulaciones del mismo, sin que este diario recibiera respuesta ninguna. Colisée, en cambio, respondió que “el organigrama actual del centro está a disposición permanente de todas las personas residentes y sus familiares, con indicación de las funciones de los distintos profesionales, asignadas de acuerdo con la normativa vigente”, sin que pudiéramos comprobar la información. En las dos anteriores ocasiones en que este diario contactó con el centro privado para consultar su versión respecto a las presuntas irregularidades que se denunciaban, la dirección mandó sendos comunicados que fueron publicados en su totalidad.
Debido a lo anteriormente explicado, los familiares, en diversas ocasiones, han solicitado “conocer con transparencia la relación de los puestos de trabajo”, es decir, el organigrama y la totalidad de los trabajadores “con las funciones a desempeñar en cada uno de los puestos” para garantizar “el cumplimiento de la normativa balear”. Para ello, quieren comprobar que cada trabajador tiene la titulación requerida para el desempeño de sus funciones. “Es importante saber cuántos son gerocultores, trabajadores sociosanitarios o técnicos en cuidados auxiliares de enfermería”, comentaron en anteriores reportajes. Según han lamentado en diversas ocasiones a este diario, es difícil distinguir quién es quién, porque todos ellos visten una indumentaria “muy parecida” y muchos de ellos no llevan “la identificación correspondiente” para el lugar de trabajo que ocupan.
A fecha de 30 de marzo, este diario no ha podido saber cuánto personal hay trabajando en Colisée Sa Residència. No se sabe cuántos trabajan de forma fija y cuántos son personal “itinerante”, es decir, trabajadores del grupo (o de la subcontrata General Medical Care) que llegan temporalmente a la isla, derivados de otros centros (el grupo Colisée posee más de medio centenar de residencias privadas en toda España). Tampoco se puede comprobar si se están cumpliendo las ratios ni si -todos ellos- tienen la titulación que exige la ley.
Según el decreto 86/2010, por el cual se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios residenciales, en el artículo 25 se establece, en cuanto al personal cuidador, que debe de haber 30 personas contratadas por cada 100 usuarios. “Debemos exigir unas ratios enfermera-residente que garanticen la atención de estas personas”, comenta Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España, sobre esta cuestión.
Un grupo de representantes de los familiares se reunió, por primera vez, el 19 de diciembre de 2022 con Carolina Escandell (PP), consellera de Bienestar Social d’Eivissa. En esa reunión, los familiares pusieron en conocimiento al Consell Insular de la gravedad de la situación que afirmaban estar sufriendo los usuarios de Colisée Sa Residència. Según su versión, Escandell les habría dicho que para que la institución insular realizara una inspección debían presentar la petición por registro de entrada. elDiario.es no ha podido contrastar esta versión con Escandell porque el Consell Insular no nos responde a las diferentes peticiones de consulta.
Sin embargo, la Ley 4/2009 de servicios sociales de las Illes Balears establece en su artículo 102 que “las entidades, los servicios y los establecimientos de servicios sociales deben inspeccionarse periódicamente, y las actuaciones de inspección se inician de oficio, ya sea por iniciativa propia del órgano competente, por orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia”. El artículo 123 establece que si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta el órgano competente lo comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano judicial que corresponda.
El 11 de enero los familiares presentan por registro de entrada un escrito en el que detallan una serie de presuntas irregularidades y exigen una “auditoría técnica” para que el Consell Insular compruebe la gravedad de la situación. El 13 de enero, en una inspección extraordinaria, el Consell d’Eivissa constató “diferentes deficiencias en el funcionamiento y en la atención a las personas usuarias”, por lo que instó a la dirección del centro a “enmendarlas”. Algunas de estas deficiencias fueron reconocidas posteriormente en el ‘Plan de Acción’ (a cuyo contenido, actualizado al 23 de febrero, tuvo acceso este diario) que presentó Colisée, obligado tras la inspección del Consell Insular y el documento enviado por los familiares al Govern.
General Medical Care ofrece ‘externalización sanitaria’
No hay mucha información sobre General Medical Care. En su web se presentan como una empresa de “soluciones de salud”. “General Medical Care es una empresa especializada en atención personalizada de alta calidad”, reza la primera página. Entre los servicios que presentan, afirman tener varios años de experiencia “brindando el mejor servicio a diferentes centros y residencias alrededor de España”.
“Nuestro personal altamente calificado posee la formación, experiencia y gran vocación humana”, dicen sobre sus trabajadores que ejercen en centros geriátricos. Entre sus servicios, según aparece en la web, ofrecen outsourcing a “empresas que requieran de profesionales para cubrir una parte o la totalidad de su plantilla sanitaria”. Outsourcing es un término en inglés que hace referencia a la externalización de servicios: cuando una empresa subcontrata a otra para ofrecer un determinado producto.
Curiosamente, en la web no aparecen los nombres y funciones de ningún trabajador ni tampoco de ningún responsable, jefe intermedio o director o directora de la empresa. Junior Arnoldo Gil Vasquez es el administrador único de General Medical Care SLP desde el 22 de agosto de 2017, según ha podido comprobar elDiario.es en el Registro Mercantil a través de la plataforma Insight View. Figuran como apoderados Federico Groessl Rodolfo, desde el 6 de noviembre de 2019 e Yvan Gonzalo Gil Vasquez, desde el 15 de diciembre de 2021.
Aparte de estos datos, la información sobre la empresa que figura en el Registro Mercantil, a través de la plataforma Insight View, es prácticamente inexistente. Sabemos que se constituyó el 7 de agosto de 2017 con un capital social de 3.000 euros, ejerciendo “actividades de medicina general”. Aparece enlazada una dirección vinculada a la empresa en La Pobla de Montornès (Tarragona); en la web figura la dirección de Carrer dels Filadors, 17, local 2, del municipio de Torredembarra (Tarragona), donde la empresa tiene una clínica. Tampoco es posible acceder a la información financiera de la empresa, según los datos del Registro Mercantil. No aparece nada relacionado con las ventas, la facturación, la cuenta de resultados, el total de activos, el patrimonio neto, o cualquier otra información económica relacionada.
EQT, fondo de inversión, dueño de Colisée
Antes de que el grupo francés Colisée adquiriera la residencia al Grupo Policlínica –que pertenece al empresario Francisco Vilás, dueño del único hospital privado de la isla–, esta se presentaba como un centro de lujo. Los precios de la residencia siguen reflejando este servicio ofrecido a modo de ‘resort de lujo’: un residente, con plaza privada, puede pagar entre 2.300 y 3.500 euros al mes. Si la plaza está concertada, los residentes pagan entre 800 y 1.200 euros, según ha podido saber este diario.
Colisée Sa Residència recibe unos 2 millones de euros anuales de dinero público del Govern para las 84 plazas concertadas de las poco más de 100 que tiene el centro privado. Así figura en el contrato de ampliación del concierto firmado el 31 de mayo de 2022 entre la Conselleria de Asuntos Sociales y STS Gestió de Serveis Sociosanitaris, SL (ahora la mercantil La Saleta Care SL), para el servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia de Colisée Sa Residència. En dicho contrato, que finaliza en noviembre de 2025, se puede comprobar que el precio de una plaza es de 67,14 y de 71,26 euros al día para una persona con un grado de dependencia II y III, respectivamente.
Colisée Sa Residència recibe unos 2 millones de euros anuales de dinero público del Govern para las 84 plazas concertadas de las poco más de 100 que tiene el centro privado, si bien las competencias de inspección y control recaen en el Consell d'Eivissa
En cuanto a las competencias de la Conselleria de Asuntos Sociales, puede rescindir el contrato del concierto si aprecia que no se cumplen las condiciones del mismo, y reubicar a los residentes a otros centros públicos del Govern, según informaron fuentes de Asuntos Sociales a este diario. Sin embargo, en estos momentos, hay lista de espera para entrar en las residencias públicas.
El grupo Colisée fue comprado por el fondo de inversión sueco EQT, según informó InfoLibre. Detrás de esta operación, el periodista Ekaitz Cancela, autor de Utopías Digitales (Verso Libros, 2023) e investigador del capitalismo digital, explicó a elDiario.es que EQT pretende liderar el proceso de automatización de la gentrificación en España. “Si un fondo de inversión multimillonario emplea algoritmos para adquirir empresas rentables como Idealista, destinará cantidades ingentes de dinero en las tecnologías más desarrolladas (llamadas promptech) para financiarizar todavía más las infraestructuras de las ciudades”. Según Cancela, siempre se sigue la misma lógica: “Monitorizar y extraer la máxima cantidad de valor de los recursos, lo que implica una vigilancia perpetua sobre los mercados”.
Colisée explota más de medio centenar de residencias en toda España, pero también cuenta con establecimientos en Francia, Bélgica, Italia y China. Según la información que figura en la web, el grupo cuenta con más de 6.200 camas residenciales, un equipo de más de 4.400 profesionales y 59 residencias en toda España. En el ámbito global, cuenta con más de 30.600 camas en Europa, más de 358 centros y más de 19.000 profesionales.
Si quieres aportar más información sobre este caso o compartir tu testimonio, puedes dirigirte a la dirección de correo electrónico illesbalears@eldiario.es