La mayoría de los países del mundo no está tomando las suficientes medidas para proteger a las mujeres y las niñas de las consecuencias económicas y sociales de la crisis de COVID-19. Así lo reflejan los datos publicados este lunes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, que muestran que la respuesta a la pandemia en materia de protección social y puestos de trabajo ha pasado por alto en gran medida las necesidades de las mujeres.
Su mecanismo de seguimiento de la respuesta mundial de género a la COVID-19 analiza 206 países y territorios que han adoptado 2.517 medidas gubernamentales contra la pandemia. De ellas, ha identificado 992 medidas en 164 países y territorios con perspectiva de género. Se fijan en acciones en tres áreas: las que abordan la violencia contra las mujeres y las niñas, las que apoyan a quienes proveen trabajo de cuidados no remunerado, y las que refuerzan la seguridad económica de las mujeres, según explican ambos organismos de Naciones Unidas.
Los resultados muestran que solo 25 países, el 12% del total, han introducido medidas con perspectiva de género que abarcan estas tres áreas, como la creación de líneas telefónicas de ayuda, albergues o mecanismos judiciales para contrarrestar el aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas durante la pandemia, así como las prestaciones económicas dirigidas directamente a las mujeres, la oferta de servicios de guardería infantil o la baja remunerada por motivos familiares o por enfermedad.
España es uno de los 25 países que, según los resultados, cuentan con medidas sensibles al género en las tres áreas analizadas, según el mecanismo de ONU Mujeres y el PNUD, y uno de los que mayor número tienen, 16 en total (10 sobre violencia de género, una sobre seguridad económica, y cinco sobre el apoyo a los cuidados). Algunas acciones españolas que se tienen en cuenta son el teléfono 016, el derecho a la reducción de jornada, el ingreso mínimo vital o el plan de contingencia contra la violencia de género durante el confinamiento.
Los otros Estados que han tomado medidas en las tres áreas son Albania, Angola, Argentina (el que más, 26), Bolivia, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Egipto, India, Indonesia, Italia, Letonia, Malta, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Perú, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovenia, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.
En el lado contrario, sus datos muestran que 42 países, una quinta parte (20%) de todos los analizados, no tienen ninguna medida con perspectiva de género en respuesta a la COVID-19.
En una nota de prensa, ambas entidades subrayan algunos ejemplos positivos, como el de Bosnia y Herzegovina, que, según indican, ha elaborado un plan de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que administran refugios; Colombia y Suecia se han facilitado o se facilitarán recursos financieros para apoyar a las supervivientes de la violencia machista. En respuesta a la crisis de los cuidados, señalan que Argentina ha aumentado los pagos mensuales de las prestaciones por hijos y que Australia y Costa Rica han asegurado que los servicios de guardería permanezcan abiertos durante el cierre.
Asimismo, ejemplifican, Austria, Chipre e Italia han concedido bajas por motivos familiares adicionales a los padres trabajadores afectados o Canadá y Corea del Sur, que han introducido prestaciones en efectivo para los padres afectados por el cierre de escuelas y guarderías. Por otro lado, Togo, Georgia y Marruecos están proporcionando transferencias de efectivo o subsidios a mujeres empresarias y comerciantes de la economía informal, apuntan.
Las medidas contra la violencia de género, las principales
De acuerdo con los datos proporcionados por el mecanismo, la respuesta con perspectiva de género varía ampliamente entre los países y las regiones. Europa encabeza la respuesta en lo que respecta a la lucha contra la violencia contra las mujeres y la atención no remunerada: representa casi el 32% de todas las medidas contra la violencia y el 49% de todas las medidas para abordar el trabajo de cuidados no remunerado. América es el que cuenta con el mayor número de medidas destinadas a fortalecer la seguridad económica de la mujer, seguido de África.
“Ha quedado claro que la pandemia de la COVID-19 está afectando con dureza a las mujeres: como víctimas de violencia en el ámbito privado confinadas con sus agresores, o cuidadoras no remuneradas de una familia o comunidad, o trabajadoras en puestos sin protección social. El Rastreador Global ayuda a los Gobiernos a tomar decisiones acertadas en materia de políticas, pues permite compartir las buenas prácticas y hacer un seguimiento del progreso en las políticas y medidas de atención que permiten combatir la violencia contra las mujeres”, dice la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.
En general, los datos muestran que los gobiernos han centrado principalmente sus esfuerzos con perspectiva de género en la prevención o la respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas. Estas medidas representan el 71% de todas las medidas: 704 medidas en 135 países. De ellas, el 63% se centran en el fortalecimiento de los servicios esenciales, como refugios, líneas de ayuda y otros mecanismos de denuncia. Sin embargo, solo 48 países, menos de la cuarta parte de los analizados, consideraron los servicios relacionados con la violencia contra las mujeres y las niñas como parte integral de sus planes de respuesta nacionales y locales frente a la COVID-19, y muy pocos previeron financiación adecuada para tales medidas.
Mientras tanto, la respuesta en materia de protección social, crisis de cuidados y empleo ha sido en gran medida ciega a las necesidades de las mujeres, con solo 177 medidas (el 10% del total) en 85 países están dirigidas explícitamente a fortalecer la seguridad económica de las mujeres, y menos de una tercera parte de los países (60 en total) ha adoptado medidas de apoyo a quienes proveen trabajo de cuidados no remunerado y de refuerzo de los servicios de atención para niñas y niños, personas de edad o personas con discapacidad.
Las acciones solo son eficaces si se financian adecuadamente
“Las conclusiones sugieren que, incluso en los casos en que los países han adoptado un número impresionante de medidas que tienen en cuenta el género, éstas solo serán eficaces si se financian adecuadamente y se mantienen a lo largo del tiempo”, recuerdan ONU Mujeres y el PNUD.
Ambas entidades recomiendan, en este sentido, que los servicios de respuesta y prevención de la violencia contra la mujer sean tratados como servicios esenciales, que cuenten con una financiación adecuada y formen parte integrante de los planes de respuesta nacionales y locales de COVID-19. Consideran, igualmente, que deben elaborarse paquetes fiscales para garantizar que las mujeres no queden excluidas de la respuesta y la recuperación de la pandemia; y que los gobiernos deben “apoyar la participación activa de las mujeres en los procesos de liderazgo y adopción de decisiones en su respuesta a la COVID-19” e invertir en datos desglosados por sexo para garantizar que se reconozcan y aborden eficazmente los efectos de la pandemia en función del género.
“La crisis de la COVID-19 ofrece una oportunidad para que los países transformen los modelos económicos existentes y los orienten a un contrato social renovado que dé prioridad a la justicia social y la igualdad de género. Este nuevo rastreador de respuestas de género puede ayudar a acelerar la reforma de las políticas detectando las carencias en las iniciativas nacionales y la financiación, y resaltando las mejores prácticas”, dice el administrador del PNUD, Achim Steiner.