Miles de supuestos miembros de pandillas, una nueva “megaprisión”, un vídeo de carácter cinematográfico, el último paso en una controvertida campaña contra la delincuencia en el Salvador. El Gobierno del país centroamericano trasladó el pasado viernes a 2.000 presos a una cárcel recién inaugurada que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele.
“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)”, publicó el mandatario en sus redes sociales. “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”.
En un vídeo publicado por el mandatario se ve a presos con pantalones cortos blancos, descalzos, con la cabeza rapada, muchos de ellos tatuados. Corren, con las manos en la cabeza, por la nueva prisión hacia las celdas, y son trasladados en autobuses. Las imágenes también los muestran sentados muy juntos, con las manos atadas, observados por uniformados con pasamontañas.
A pesar de que el Gobierno no avisó sobre los traslados, decenas de familiares se movilizaron a la prisión La Esperanza, conocida como Mariona, en San Salvador. Según constató EFE, en este lugar se concentraron unas 150 personas y la salida de varios autobuses del recinto.
Críticas al Gobierno
Bukele inauguró el CECOT a finales de enero y el Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta “se constituiría en la cárcel más grande de toda América” y que “sería imposible que salga un reo” del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.
La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición, que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del Gobierno, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su “profunda preocupación” por esta nueva cárcel en El Salvador. “Amnistía Internacional ha denunciado un claro patrón de violaciones de derechos humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual en El Salvador. La construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”, dijo la ONG en Twitter.
“La construcción de la nueva cárcel es una clara señal de que las autoridades de El Salvador planean seguir aplicando una política de seguridad pública de encarcelamiento masivo. Esto no aborda las causas raíz de la violencia y no servirá para superar el problema a largo plazo 3/5
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se han detenidos a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
El régimen de excepción suspende algunos derechos constitucionales. Las detenciones pueden hacerse sin orden judicial, el Gobierno puede acceder a las comunicaciones privadas y los detenidos ya no tienen derecho a un abogado, informa Reuters.
Las ONG de derechos humanos sostienen que esta política ha atrapado a personas inocentes, y que decenas de ellas han muerto bajo custodia policial.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021.