Guerra y desprotección para los pequeños agricultores de la Amazonia brasileña
Con la selva amazónica brasileña en llamas en diversos puntos, el gobierno de Jair Bolsonaro ha sido objeto de duras críticas dentro y fuera del país. Como respuesta, el presidente acusó a las ONG de haber causado los incendios y abrió conflictos con líderes internacionales que criticaron la postura del actual Gobierno frente a la crisis. En una reunión con los gobernadores de los estados afectados, el presidente lanzó nuevas acusaciones, afirmando que si las demarcaciones de tierras indígenas pendientes fuesen aprobadas, “el fuego en la selva amazónica acabaría en dos minutos.
El avance del incendio coincidió con el “Día del fuego”,orquestado por WhatsApp por productores rurales, comerciantes y usurpadores de tierras de la región norte, mayoritariamente en el estado de Pará. El día 10 de agosto esta acción colectiva promovió la tala y quema en áreas de bosque y tierras públicas. Una de las líderes de este movimiento dijo al periódico local Folha do Progresso que el evento quería “llamar la atención de las autoridades que en la región el avance de la producción va de la mano con el apoyo al gobierno”, así como “mostrar al presidente que queremos trabajar y el único modo es talando. Los pastizales hay que limpiarlos con fuego”.
Desde la elección de Bolsonaro,defensores del medioambiente ya se mostraron preocupados con el impacto que el Gobierno podría tener en el área, ya que el presidente tiene unalarga historia de discursos contra las leyes ambientales y las demarcaciones de tierras indígenas.
En los primeros meses de mandato, el gobierno de Bolsonaro recortó el 90% del presupuesto de la ya desfalcada Fundación Nacional del Indígena (Funai); redujo presupuestos y destituyó a funcionarios del Ibama y del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), órganos responsables de la fiscalización ambiental; publicó un decreto que retiró hasta el 95% de los fondos de programas estratégicos, como la lucha contra el cambio climático y el combate contra los incendios; y cesó al director del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE), órgano que monitorea la deforestación vía satélite en el país, después de que este divulgara datos del aumento de la destrucción de la selva en relación con 2018.
En una carta abierta al actual presidente del Ibama, un grupo de servidores del órgano denunció el día 26 de agosto que “el discurso propagado y las medidas concretas adoptadas contra la actuación del organismo y del ICMBio pueden llevar al colapso de la gestión ambiental federal y estimulan la comisión de crímenes ambientales dentro y fuera de la Amazonia”. Más allá de los crímenes medioambientales, tales retóricas y medidas también afectan a otra cuestión íntimamente ligada a la preservación en Brasil: los conflictos por la tierra.
Según el Boletín de Deforestación de la Amazonia Legal [región que engloba nueve estados brasileños en su totalidad y uno de forma parcial] de julio, elaborado por la ONG Imazon, la deforestación fue del 20% en asentamientos, 19% en unidades de conservación y 6% en tierras indígenas. Mientras tanto, la mayoría de la deforestación (55%) ocurrió en áreas privadas. Además, un cruce de datos realizado por la Agência Pública muestra la relación entre los asentamientos irregulares, donde hay reconcentración de tierras, y la deforestación en la Amazonia.
En un país donde la concentración de tierras es históricamente alta, las medidas de integración de la Amazonia puestas en práctica por el régimen militar desplazaron hacia la región a grandes empresas del centro-sur y a trabajadores rurales pobres en busca de tierras. El Gobierno promovió asentamientos para ocupar la Amazonia y después los abandonó. Con el pasar de los años, agricultores familiares que intentan mantener un espacio para plantar se ven cada vez más acorralados por la expansión de la frontera agrícola de cultivos de gran escala y por la presión de invasores, madereros, pistoleros y garimpeiros (buscador ilegales de piedras preciosas). Poco a poco se han convertido en objetivo de la creciente violencia.
La extensión de tierras en conflicto viene aumentando exponencialmente desde 2015, según la Comisión Pastoral de la Tierra. Según el informe anual de la entidad, en 2018 el número de hectáreas involucradas llegó a 39,4 millones, lo que representa un 4,6% del territorio nacional en disputa. Y la Amazonia Legal, que engloba nueve estados de Brasil, registra el 97,7% de las áreas en conflicto en el país.
Pará, segundo estado más afectado por los recientes incendios, también es el estado donde hay más muertes por conflictos en el campo. Según la investigación del historiador Airton dos Reis Pereira, de la Universidad del Estado de Pará (UEPA), entre 1970 y 2018, más de 1.000 personas murieron como consecuencia de conflictos de tierra en el campo paraense. Esa región también concentra el mayor número de matanzas en todo el país. De 1985 a 2019 se han producido 49 matanzas en el campo brasileño con 229 víctimas.
Los discursos hostiles de Bolsonaro contra indígenas y sin tierras, la paralización de la reforma agraria por su gobierno y la reciente aprobación del proyecto de ley que amplía el porte de armas en propiedades rurales, aumentan el miedo de que los conflictos en el campo, ya elevados, exploten este año. En los últimos meses se han publicado historias de agricultores amenazados de muerte en la lucha por un pedazo de tierra en el estado. “Cada entrevista que damos pensamos que es la última”, señala un agricultor amenazado de muerte.
El Projeto de Assentamento Areia [Proyecto de Asentamiento Arena] (PA Areia), en el sureste de Pará, es la puerta de entrada a una inmensa tierra disputada palmo a palmo por grupos de madereros que hace décadas dominan el área. Cercado por Unidades de Conservación que forman una de las mayores áreas continuas de bosque tropical del planeta, el PA Areia es una ruta privilegiada para acceder a las maderas duras que todavía abundan allí. Por esto, el proyecto de asentamiento presenta una intensa reconcentración de los lotes de reforma agraria y ha sufrido innumerables episodios de violencia, trabajo esclavo y crímenes ambientales. El acceso al PA está controlado por madereros, que llegan a cobrar entrada para el lugar, un área pública perteneciente a la União.
Sin saber todo eso, la pareja Osvalinda y Daniel llegó en 2001 “buscando una tierra sin problemas”. A primera vista, parecía un lugar maravilloso, con tierras buenas y un pueblo nuevo, pero al poco tiempo, se fueron dando cuenta de que que algo estaba mal.
Cuando intentaban buscar ayuda de la asociación de vecinos y del sindicato de los trabajadores rurales para desarrollar la agricultura, no lo conseguían. Ellos percibieron que los agricultores producían para mantenerse, pero que no había mucha oportunidad de crecimiento y que las familias dentro del asentamiento tenían necesidades básicas. “Fuimos al fondo: ¿por qué la agricultura no estaba desarrollada? Ahí vimos que tanto la asociación de vecinos como el sindicato y todos los órganos de la región estaban manipulados por los agricultores y madereros para no desarrollar la agricultura porque lo que tenía que funcionar ahí dentro era la madera”.
Debido a la falta de apoyo, decidieron abrir una asociación de mujeres y buscar nuevas técnicas para la agricultura. Fueron invitados a participar en un programa experimental de desarrollo de la agricultura familiar que duró ocho años. “Decidimos trabajar en otro sentido. Incentivamos a los agricultores a hacer plantación de cultivos, no usar veneno o pesticidas. Fuimos cambiando la visión dentro del PA Areia”, cuenta Osvalinda.
Sin embargo, la actividad les comenzó a traer problemas con las empresas ilegales que operan dentro del PA Areia. Surgió la primera propuesta para que la asociación formara parte de una trama para ayudar a las empresas en la explotación de la madera. “Yo no acepté. Nosotros abrimos una asociación para no estar en sus manos”, afirma Osvalinda. A partir de ese momento, sus vidas comenzaron a cambiar, cuenta.
“Me amenazaban de forma verbal constantemente. Nos mandaban mensajes diciendo que la asociación no saldría adelante, que solo iba a perjudicar a las personas, a los agricultores. Y así se comenzó a crear una bola de nieve contra la asociación de mujeres”, cuenta.
Osvalinda recuerda con detalle el día en que su vida cambió por completo. Aquél día, la agricultora había ido a un municipio próximo para someterse a un tratamiento de salud cuando descubrió algo que le impactó.
“Yo estaba en una casa de apoyo y, conversando con una residente, me preguntó que si yo conocía a una mujer en Areia que se llamaba Osvalinda y que era la presidenta de la asociación de mujeres de allá”, recuerda. “Le dije: 'la conozco', pero no le dije que era yo. Me pareció extraño porque la mujer era de Novo Progresso [municipio de la misma región del PA Areia]. Y le pregunté: '¿Por qué?'. Y ella me dijo: 'Porque esa mujer está condenada a muerte. Va a morir esta semana'. Y le pregunté de nuevo: '¿Por qué?'. Contestó: 'Ah, porque esa mujer está denunciando a los madereros de ahí adentro y el Ibama ha entrado y quemado sus camiones. Y es ella la que está denunciando'. Entonces le dije que esa mujer era yo, pero que no estaba denunciando a nadie. Ahí ella cambió de tema, desvió la conversación”, añade.
Osvalinda decidió no hacerse el tratamiento para el cual había ido a la ciudad y Daniel fue a buscarla. Pero, cuando llegaron a casa, un grupo de madereros y pistoleros les acorraló. Uno de los madereros llegó con una bolsa de dinero e hizo una propuesta-ultimátum a los dos a cambio de silencio. La pareja negó las denuncias y tampoco quiso aceptar el dinero.
“Ahí él se molestó, se levantó y dijo: 'Doña Osvalinda, el pobre solo recibe dinero cuando muere'. Le pregunté si me estaba amenazando. ”No, de ninguna manera yo la estoy amenazando. Solo le estoy diciendo a la señora que si mis empleados vienen aquí a hacer alguna cosa porque el Ibama ha entrado de nuevo y ha quemado mis camiones, mis máquinas y ellos han quedado desempleados, no fui yo quien los mandó“, contestó.
La pareja cuenta que, solo después de mucha insistencia, consiguieron formalizar la denuncia y en ese momento tuvieron otra ingrata sorpresa. “Allá en la Policía Federal quedamos como unos estúpidos. Ya había un montón de denuncias contra las personas que nos amenazaron. Desde 1998, 1999 y 2000”, cuenta Osvalinda. “La policía ya sabía que existían grupos criminales organizados con mucho dinero que estaban operando allí, dominando las comunidades y haciendo trabajo esclavo dentro del asentamiento, como sucede a día de hoy por allá. No es una cosa escondida. Todo el mundo lo sabe. Y ahí quedamos más asustados”, completa Daniel.
En 2015, los dos fueron incluidos en el Programa de Protección a los Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), vinculado al Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos. Incluso con ese soporte, en mayo de 2018, la situación llegó al extremo: encontraron dos tumbas, cada una con una cruz, en su jardín. Al comienzo del año, dejaron su pedazo de tierra en el PA y viajaron a otro estado para pasar una temporada lejos de allí. La mudanza fue motivada, según el Ministerio, por la necesidad de recibir tratamiento de salud intensivo, pero las amenazas que se acumularon contra ellos a lo largo de los años también contribuyeron en la decisión.
Pero muchos no tuvieron la misma “suerte”. La pareja cuenta que ya ha muerto “un montón de gente” en el asentamiento –no solo por el conflicto agrario, sino también como consecuencia del trabajo esclavo. “Nivaldinho [agricultor] murió descuartizado a machetazos; Nelson [agricultor] fue apuñalado por un pistolero; Cuca [agricultor] fue asesinado y su cuerpó desapareció”, recuerda Daniel. “Otra fue Rosinha [agricultora], una niña de 13 años que estaba embarazada. Su cuerpo desapareció y a día de hoy no lo han encontrado”, agrega Osvalinda. “El Gaúcho [agricultor] también fue asesinado. Todo eso dentro del pueblo del asentamiento”, prosigue Daniel. “Además de los otros a los que también han mataron y que han lanzado a las brasas del aserradero. Cuando hacen eso, el cuerpo no se convierte ni en ceniza, hasta la ceniza desaparece”, completa Osvalinda.
Ellos temen que el conflicto empeore bajo el gobierno de Bolsonaro. Osvalinda cuenta que en enero recibió una amenaza de un forajido que se sentía amparado por el discurso del presidente. “Ahora nosotros tenemos un presidente que nos va a apoyar. Puede avisarle a doña Osvalinda que ahora quien manda aquí somos nosotros”, le dijo el forajido a unos colegas de la pareja.
A pesar de las dificultades, ellos no piensan en desistir en su lucha. “Nosotros no vamos a abandonar a las familias porque conocemos el miedo estampado en el rostro de cada una de ellas. Pero sabemos que el día de mañana puede que no estemos aquí para contarlo”, dice Daniel. “Cada entrevista que damos, muchas veces pensamos que es la última. Mientras no se haga justicia, el crimen continuará”.
“O salía o moría”
Conteniendo la emoción, D.O, de 58 años, gesticula poco y casi susurra mientras recuerda las amenazas que también le obligaron recientemente a abandonar, junto con su familia, la lucha por una parte de tierra en el suroeste de Pará.
“Algunos compañeros han sentido el choque de nuestra salida. Pero, por otro lado, entendieron que tenía que salir de allí. O salía o moría. Ellos me iban a perder de todos modos”, cuenta el expresidente de la Asociación de Agricultores Familiares de Mata Preta.
Mata Preta se sitúa en el municipio paraense de Anapu, en el terreno público de cultivo Bacajá, un inmenso territorio de más de 80.000 hectáreas creado en 1983. Allí, la misionaria norteamericana Dorothy Stang fue asesinada con seis tiros hace 14 años. En Anapu, la lucha por la tierra no da tregua y casi siempre prevalece la ley de la pistola. Fue la región con mayor número de asesinatos en el país el año pasado como consecuencia de los conflictos agrarios: tres muertes, según la CPT. El total de asesinatos llega a 20 desde el año 2000, además de 16 intentos de homicidios y 34 amenazados de muerte, como D.O.
El terreno donde vivían y cultivaban D.O. y su familia se tornó uno de los frentes judiciales contra la ocupación ilegal de tierras en 2013 con una demanda civil presentada por la União y por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) contra la agropecuaria Santa Helena Participaciones Ltda. La acción pedía la recuperación de las tierras tras una investigación de Incra que concluyó que la empresa había ocupado ilegalmente la zona. Como determina la Constitución, esa tierra debería ser destinada a la reforma agraria.
Con la posibilidad inminente de que la empresa perdiera la propiedad, la tensión aumentó en Mata Preta. Un mensaje de la CPT informó a los órganos públicos sobre la situación: “Al final de la semana del 30-31 de mayo de 2015, matones armados cortaron ambos extremos de un puente en la carretera vecinal que da acceso a Mata Preta, donde están ubicados los lotes 69, 71 y 73 [...] Después de haber serrado el puente, matones fuertemente armados vigilan el área, cercan y abordan a los que consiguen pasar el canal. El día 29 de agosto, agricultores, en más de 15 carros, aterrorizaron a las familias apuntando con armas, gritando y amenazando con destrucción”.
Al año siguiente, en 2016, la justicia concedió la reintegración de posesión de los lotes de terreno ocupados por la empresa en favor de la União. Pero la primera victoria de los sin tierra no fue tan sencilla. El intervalo de más de un año entre la decisión favorable a la reintegración y su puesta en práctica, en diciembre de 2017, convulsionó a Mata Preta.
Al asumir el liderazgo de la asociación de agricultores en 2016, D.O. tuvo que lidiar de inmediato con el asesinato de dos compañeros. Él narra la escena con lo que recuerda. “Llegaron a pie desde el monte. Se acercaron y le dispararon a Zé de Arimatéia, le dieron en el hombro. Él cayó, pero no murió. Cuando cayó, le dispararon a Titela, que corrió al monte, y lo terminaron de matar. Luego le dispararon a Cícero en las piernas. Intentó correr, atravesó un canal, pero no pudo más y quedó ahí tirado... pero no murió. Después le dispararon a Marrone, que tenía 17 años. Le dieron tres tiros. Incluso dispararon a un muchachito de 11 años, pero no lo hirieron”. Hasta hoy la policía no ha descubierto a los autores del crimen.
Un mes después de la muerte de los agricultores, la comunidad vivió otra situación de peligro. “Entró un grupo de 30 hombres armados para sacar a toda la gente que estaba dentro de la tierra”. Según D.O, los pistoleros llegaron rompiendo las casas. “Habían ido allá para limpiar la zona, no para conversar o negociar con nadie. O aceptabas salir o ibas a morir. La conversación era esa. Ahora, 30 hombres armados... ¿Qué íbamos a hacer?”, recuerda. “El trabajador vive con una hoz y con un machete para trabajar, pero no había armas de fuego para enfrentarse a los pistoleros”. El agricultor montó apresuradamente un cobertizo de lona dentro del monte y se escondió en él con la familia para no ser hallado. Cuando el clima mejoró, él regresó para pedir ayuda de la justicia.
En 2017, D.O tuvo que ingresar en el PPDDH. No recuerda cuántas amenazas ha recibido. En mayo del mismo año, la CPT acudió al Ministerio Público Federal (MPF) para pedir más rapidez en el proceso de desocupación del área. “Después de tantos meses de sufrimiento y defensa comunitaria, sería triste dejar que la reintegración de Santa Helena Participaciones termine en una matanza”, rezaba el mensaje enviado al MPF.
Ya era diciembre de 2017 cuando se hizo efectiva la recuperación de las tierras de manos de la empresa. A esas altura, D.O ya no podía quedarse en su sembradío. El PPDDH le recomendó que se quedara en Altamira, un municipio de la región, distante del foco del conflicto. También sufría un problema de salud que requería cuidados médicos.
El problema, él puntualiza, es que, después de la reintegración, más allá de estar en la mira de los pistoleros, él pasó a estar también en la mira de las personas que querían comercializar lotes de terreno de forma ilegal. Además de eso, en la ciudad la familia pasó a tener dificultades para mantenerse. Ellos sobrevivían con el cultivo en Mata Preta. “Nosotros allá estábamos pasando hambre y las amenazas continuaban”, cuenta. “Los mismos carros que veíamos en la granja estaban allá en Altamira, 24 horas, cerca de casa. Esas personas preguntaban sobre mí a otra gente”, recuerda.
Ante esta situación, llegó un momento en el que no podía más. “Pedí al equipo de los derechos humanos [PPDDHH] que me sacaran de allí a toda costa. Ellos dijeron que me llevaban, pero que me traerían de vuelta más adelante”, señala. “Mira, tú me vas a traer para la boca del lobo, yo no voy a querer”, contestó D.O.
Como reveló el reportaje de Agência Pública de abril de este año, el programa de protección sufre por las limitaciones presupuestarias. Defensores ligados a la lucha por el derecho a la tierra y territorio, además de ambientalistas, son los más afectados: representan 348 de los 416 casos incluidos en el programa, según los datos de abril.
Para el agricultor, su lucha en Mata Preta honró el compromiso que hizo dentro de la comunidad. “Salimos con la cabeza erguida. Eso para nosotros es satisfacción”. Pero D.O. tiene una nueva preocupación: él y la familia necesitan trabajo y vivienda fija. “Estamos con el plazo contado. Solo Jesús sabe para dónde vamos”..., dice. La actual residencia depende del alquiler que a partir de este mes ya no podrá pagar si no consigue un empleo.
Familias atacadas a tiros y casas quemadas
Bajo el sol abrasador del verano amazónico, el agricultor Cláudio Araújo da Silva pisa los escombros y las cenizas de su antigua choza en Ourilândia do Norte, sur de Pará. Cláudio se emociona al retirar restos de sus pertenencias del piso de tierra batida, ahora cubierto por el carbón en que se ha transformado su antigua casa.
En mayo de este año, a Cláudio y otras diez familias les incendiaron sus casas en la oscuridad de la noche. Según los relatos de los habitantes escuchados por la Agência Pública, un grupo de cuatro personas disparó en dirección a las residencias antes de prenderles fuego. Los reporteros encontraron cartuchos de escopeta calibre 20 en las inmediaciones.
El incendio criminal es el capítulo más reciente de un conflicto agrario que se arrastra desde hace 30 años en estas tierras, donde un grupo de cerca de 150 familias reivindica desde 2006 la creación de un asentamiento de reforma agraria.
Esta historia es parte del proyecto de Agência Pública llamado Amazônia Sem Lei, que investiga la violencia relacionada con la regularización de la tierra, la demarcación de la tierra y la reforma agraria en la Amazonia Legal.Amazônia Sem Lei
Traducido por Diajanida Hernández
