La ONU publica el más detallado informe sobre abusos y vejaciones a los rohingya

La comisión de investigación de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Myanmar ha publicado el mayor y más detallado informe sobre las atrocidades y abusos cometidos contra la minoría musulmana rohingya durante décadas.

El documento, de 444 páginas, detalla las vejaciones y abusos perpetrados contra esta comunidad apátrida -el Estado no los reconoce como nacionales- desde 2011 en los estados de Kachin, Shan y, especialmente, en el norte de Rakáin.

La investigación se ha basado en más de 800 entrevistas de supervivientes de las masacres pero también en vídeos, fotografías e imágenes por satélite que demuestran la campaña de tierra quemada perpetrada por las autoridades.

“La demolición en masa y la política de destrucción en el estado de Rakáin levanta serias preocupaciones sobre la destrucción de evidencias y sus efectos en futuras investigaciones de los crímenes, incluyendo los más graves bajo la ley internacional”, como el genocidio, señala el informe.

El texto también analiza la represión y denegación de derechos aplicadas como política de Estado contra los rohingyas durante “medio siglo”.

“Los múltiples elementos de opresión están basados en políticas de estado que ocurren en un contexto de retórica y práctica discriminatoria. La misión concluye que esta sistemática, severa e institucionalizada opresión, desde el nacimiento hasta la muerte constituye persecución”, subraya la comisión.

“El sentimiento antirohingya y antimusulmán, incluyendo el discurso del odio, es generalizado”, también “en los círculos más progresistas”, puntualiza el texto.

Pero el informe pone sobre todo el acento en los distintos estallidos de violencia que ha habido a lo largo de los años y especialmente en el ocurrido a partir del 25 de agosto de 2017 en el estado de Rakáin y que provocó la huida de más de 800.000 personas hacia Bangladesh, donde sobreviven como refugiados.

La versión reducida del informe se presentó el pasado 27 de agosto y la conclusión más relevante fue que se confirmaron elementos de “genocidio intencional” por parte de las Fuerzas Armadas birmanas en dicha operación contra los rohingya.

La misión considera que “los crímenes cometidos en el estado de Rakáin y la manera en la que fueron perpetrados, son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos”.

Concretamente, la misión de investigación considera que es “una estimación conservadora que al menos 10.000 personas fueron asesinadas” durante las operaciones de limpieza étnica en agosto de 2017.

“Nunca se podrá justificar la necesidad de asesinatos masivos, incluyendo mujeres y niños; violaciones y violencia sexual a una escala masiva”, denuncia el texto.

El documento, además, explicita centenas de violaciones, culpa claramente al Ejército de la gran mayoría de las atrocidades cometidas y nombra públicamente a los mandos que deberían ser investigados y juzgados por un tribunal internacional por haber cometido el peor crimen, el de querer eliminar, suprimir a una comunidad entera.

Los expertos nombran a los mandos militares que consideran responsables de los crímenes cometidos durante la campaña militar, empezando por su máximo cargo, el general Min Aung Hlaing.

De hecho, los expertos han elaborado una exhaustiva lista con los presuntos responsables de los crímenes cometidos contra los rohingyas.

Pero también condenan a la líder de facto birmana, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, porque “no utilizó su cargo (...) ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakáin”.

Además del “genocidio intencional” en Rakáin, la comisión ha recabado pruebas de crímenes de guerra y contra la humanidad en los tres estados.

Los expertos han instado al Consejo de Seguridad de la ONU a referir el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o a crear un tribunal internacional penal “ad hoc” para juzgar esos crímenes.

Mientras tanto, sugieren que se impongan sanciones individuales contra los presuntos responsables identificados y un embargo armamentístico contra el país.