Los edificios se vinieron abajo de tal manera en la ciudad de Antioquía, capital de la provincia de Hatay, que es muy difícil distinguir lo que era una calle, un comercio o una vivienda. Los terremotos que azotaron la región el 6 de febrero y causaron más de 41.000 muertos, dejaron cientos de construcciones derrumbadas cada una de una forma distinta. Una estructura cayó en medio de la calle, otra engulló los coches aparcados en la acera, otra se inclinó peligrosamente hacia los transeúntes, otra perdió las columnas de la planta baja y se cayó sobre sí misma... En esta provincia aún no han terminado las labores de búsqueda y rescate. “Se acabó Antioquía”, “Antioquía ya no existe”, exclaman los vecinos en medio de las ruinas de las que fueron sus casas. A pesar de que el epicentro de los dos terremotos no se produjo en el centro de la ciudad, la provincia está cruzada por una de las fallas que temblaron hace dos semanas.
Urbanistas, arquitectos e ingenieros insisten en que son las construcciones inadecuadas en zonas sísmicas las que causan más muertos y no los terremotos en sí. El Gobierno turco ha anunciado que investigará las edificaciones derrumbadas para determinar las negligencias que se cometieron durante su construcción o si se realizaron modificaciones posteriores, una práctica habitual en Turquía. Se cree que en miles de edificios se usaron materiales poco adecuados como hormigón a base de tierra o hierros frágiles en columnas, o que directamente se modificaron muros de carga para ampliar comercios en las plantas bajas de los edificios. “Ningún escombro se retirará sin recoger pruebas. Todos los que tuvieron responsabilidad en la construcción, inspección y uso de los edificios están siendo evaluados”, declaró el ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag.
Un grupo de 170 abogados ha presentado denuncias ante los fiscales locales para perseguir a los contratistas por “muerte por negligencia”. La denuncia pide que funcionarios públicos que dieron el visto bueno a construcciones o inspecciones inadecuadas también sean juzgados. “Esta cadena de investigaciones debe comenzar con los alcaldes y debe incluir a todos los funcionarios municipales. Además, debería contemplar a contratistas y funcionarios encargados de controlar los edificios”, señaló en un comunicado Cesim Parlak, uno de los abogados que presentó la denuncia.
Partidos opositores han acusado al Gobierno de no cumplir las normas de construcción para levantar edificios más resistentes y malgastar los impuestos especiales recaudados tras el gran terremoto de 1999 en Izmit, que causó 17.000 muertos. Además, 75.000 edificios de la zona afectada por el terremoto recibieron en los últimos años amnistías de construcción, que les permitieron sortear normativas sobre seguridad contra terremotos. Los abogados amplían el espectro de culpables por el derrumbe de los edificios y quieren investigar también ayuntamientos y empresas auditoras que aprobaron estas negligencias.
Vigilar los escombros para recoger pruebas
Los letrados desconfían de la investigación de las autoridades y temen que se retiren los escombros de los edificios derrumbados sin analizarlos. Por ello, han hecho una llamamiento para que abogados voluntarios de todo el país se desplazen a la zona afectada por el terremoto para analizar los edificios y recoger pruebas.
Antes de que se retiren los escombros fotografían el edificio derrumbado desde todos los ángulos posibles, toman una pequeña muestra de hormigón y hierro de una columna. Luego preparan un informe que podrá ser usado posteriormente como prueba judicial. “Analizaremos si los materiales coinciden con los informes de construcción y si son adecuados. Con este informe y los documentos que tenemos de cada construcción, las familias podrán llevar ante la justicia sus casos. Son miles, va a ser un proceso muy largo”, explica uno de los abogados voluntarios de Ankara.
Paralelamente, el Gobierno ha iniciado una labor titánica para analizar el estado de las estructuras que quedan en pie para determinar si han resultado muy dañadas por el terremoto y deben ser demolidas o aguantan y deben ser reforzadas. Se trata quizás, de la mayor labor de reconstrucción desde el inicio de la República. Las autoridades turcas han movilizado a funcionarios de varios ministerios para que vayan a la zona afectada por el terremoto a analizar las estructuras que quedan en pie. Por el momento, el Gobierno ha anunciado que al menos 105.794 edificios deben ser demolidos inmediatamente.
Uno de los primeros edificios en recibir una orden de demolición fue la sede provincial de urbanismo en Antioquía, que contiene un archivo con los registros de edificios de la provincia y cambios en los inmuebles. Cuando se emitió la orden el pasado sábado 11 de febrero, un grupo de abogados hicieron guardias en la puerta del edificio, ante el temor de que alguien quisiera destruir las pruebas. “(En el edificio) hay muchísimos documentos oficiales, sobre si las construcciones se ajustan a la normativa o no, si se tienen que demoler… Estos documentos pueden servir de prueba en futuros juicios, son muy necesarios para determinar la responsabilidad de los constructores”, señala la abogada Bedia Büyükgebiz, quién inició la movilización contra el derribo del edificio.
“Hay cientos de edificios que están muy dañados y la gente pide excavadoras a gritos. ¿Por qué se dan tanta prisa en querer derribar este edificio?”, alerta. Días después y ante la presión de la protesta, el Estado ordenó parar la demolición del edificio y la Fiscalía pudo poner a buen recaudo los ordenadores y documentos. “Sabemos que se mueve mucho dinero (en la construcción). Por eso, aún sabiendo que el suelo no es apropiado, se aprueban proyectos. A veces se permiten bloques de cuatro pisos y de repente viene una amnistía y resulta que el bloque tiene cinco”.
Varios economistas calculan que el coste de la reconstrucción de ciudades enteras podría superar los 10.000 millones de euros, cerca del 10% del PIB del país. Según datos de la agencia de gestión de desastres y emergencias de Turquía AFAD, cuatro de las quince millones de personas afectadas por el terremoto han abandonado el área afectada, ya sea para refugiarse temporalmente con familiares de otras provincias o alquilando nuevas residencias.
La migración interna del país también supone un reto para otras provincias, que acogen a cientos de miles de ciudadanos nuevos. Funcionarios de la provincia de Mersin, colindante con el área afectada por el terremoto, señalaron que la provincia ya ha acogido 400.000 ciudadanos nuevos y espera que la cifra alcance el medio millón en los próximos días. Su alcalde, Vahap Seçer, ha pedido ayuda para poder mejorar las infraestructuras para los nuevos ciudadanos. “Se requerirán grandes inversiones y recursos financieros. Nuestra provincia debería ser incluida en el área del desastre o recibir un estatus diferente”, señaló en una rueda de prensa.
Los miles de residentes que siguen en la zona afectada por el terremoto sobreviven en tiendas de campaña o en sus coches. En algunos lugares llevan dos semanas sin agua potable ni electricidad. Las autoridades y organizaciones de la sociedad civil han empezado a instalar contenedores de emergencia en las afueras de las ciudades afectadas, para acoger a los que se han quedado sin hogar, mientras el Gobierno reconstruye sus casas. Se desconoce cuánto se alargará la espera y tampoco si alguna vez podrán regresar a lo que eran sus ciudades.
Aún peor es la situación de los refugiados que residían en el área. Cerca de 10.000 han vuelto a Siria a enterrar a sus familiares, mientras que el resto vive con miedo de huir de la zona porque las autoridades turcas solo les han dado un permiso de tres meses para moverse por el país. Comenzar, de nuevo, una vida en otra provincia es muy difícil para todas las víctimas del terremoto, que se encontraron en la calle sin documentos ni ningún tipo de pertenencia cuando el sismo sacudió sus hogares.