Esta semana se ha iniciado en Honduras una campaña para terminar con la prohibición de la llamada píldora del día después. La campaña se produce en un contexto en el que líderes eclesiásticos, algunos médicos de prestigio y políticos conservadores están afirmando que este tipo de anticonceptivo de emergencia provoca abortos, esterilidad y cáncer.
Honduras es el único país de América Latina en el que están prohibidas las píldoras anticonceptivas de emergencia. Costa Rica, donde también estaba prohibida, admitió el registro del medicamento el pasado jueves. Algunas mujeres que se encuentran en una situación desesperada, entre ellas las que han sido violadas, se ven obligadas a comprar pastillas de contrabando en el mercado negro, que son caras y además carecen de los controles de calidad pertinentes.
La píldora se prohibió en 2009, pocas semanas después de la expulsión del presidente elegido democráticamente con un golpe de Estado respaldado por una poderosa red de élites religiosas, económicas y militares. Desde entonces, la iglesia ha desempeñado un papel importante en la política del país.
Coincidiendo con su prohibición, los líderes de las iglesias católica y evangélica del país afirmaron públicamente que este anticonceptivo de emergencia era “una píldora abortiva”. Por su parte, el ministro de Salud del gobierno de facto, médico y expresidente del Colegio de Medicina, también repitió esta falsedad antes de autorizar la medida.
Desde entonces, los embarazos de adolescentes han aumentado y la de Honduras es una de las tasas más altas de la región. La campaña 'Hablemos lo que es' , que durará seis meses, arrancó el jueves en las redes sociales y quiere terminar con los falsos mitos en torno a los peligros de esta píldora anticonceptiva.
Según Paula Ávila-Guillen, directora de Iniciativas para América Latina del Centro para la Igualdad de la Mujer con sede en Nueva York, la prohibición en Honduras ha castigado de forma desproporcionada a las mujeres y niñas más vulnerables. “Las mujeres más pobres, en las zonas rurales, y las víctimas de la violencia sexual son las más afectadas”, indica.
Honduras tiene una de las tasas más altas del mundo de violencia sexual –si se excluyen los países en guerra–. En 2016 se produjo una agresión sexual cada tres minutos.
Por otra parte, el aborto está prohibido. Sin excepciones. La educación sexual en las escuelas es opcional y los servicios de planificación familiar asequibles son limitados. La oficina de la primera dama coordina el plan nacional para reducir los embarazos de adolescentes, que promueve la abstención. Los resultados han sido nefastos.
María (nombre ficticio), una joven de 24 años, tuvo relaciones sexuales sin protección con su novio universitario en una fiesta cuando tenía 19 años. Fue su primera experiencia sexual y la pareja sabía poco sobre anticonceptivos, ya que en la escuela o en casa nunca les hablaron de este tema.
Al día siguiente, su novio compró anticonceptivos de emergencia en una farmacia de San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país. María tomó la píldora, que le causó dolor de cabeza, mareos y un dolor menstrual intenso al mes siguiente.
“No tengo idea de lo que realmente tomé, podría haber sido cualquier cosa”, indica. “Si hubiera estado en mi pueblo (no en una gran ciudad) probablemente habría terminado embarazada”.
Durante la última década, defensores por los derechos de las mujeres y destacados obstetras y ginecólogos han estado presionando para que se revoque la prohibición.
La situación mejoró en 2014, cuando el Ministerio de Salud del país convocó a un grupo de expertos para que contribuyeran a redactar un protocolo para las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, en 2016, los funcionarios se negaron a incluir los métodos anticonceptivos de emergencia. El protocolo nunca ha salido a la luz, a pesar de las peticiones de expertos internacionales, entre ellos la organización Médicos sin Fronteras, que dirige clínicas de violencia sexual en Honduras.
“Los mayores obstáculos para el cambio son la continua interferencia de las iglesias y la politización de la anticoncepción de emergencia”, señala Ana Falope, psicóloga y portavoz de la nueva campaña.
La ley nunca llegó a modificarse, por lo que con la voluntad política necesaria, la prohibición podría ser revocada por un decreto ministerial. Sin embargo, los activistas tendrán primero que convencer a una sociedad profundamente conservadora de que la anticoncepción de emergencia es segura, y abordar los prejuicios profundamente arraigados en torno al derecho de la mujer a elegir.
“El Gobierno y la Iglesia han utilizado las principales plataformas de los medios de comunicación para difundir noticias falsas sobre la anticoncepción de emergencia. El primer paso es romper esos mitos y presentar la realidad como es”, concluye Guillén.
Traducido por Emma Reverter