Los agricultores franceses han salido a la calle en los últimos días para protestar contra lo que consideran una falta de respuesta de los poderes públicos a las demandas del sector. Una movilización que sigue el ejemplo de lo ocurrido en las últimas semanas en otros países europeos, como Alemania, Países Bajos, Polonia y Rumanía.
En Francia, las protestas comenzaron con el bloqueo de varias carreteras de la región de Toulouse, cuya circulación está interrumpida desde el jueves pasado, y se han ido extendiendo a lo largo de los últimos días por otros puntos del país. Este lunes, un grupo de agricultores franceses bloqueó al sur de Perpiñán la autopista A9, que se dirige a la frontera española. “El hartazgo que los agricultores han expresado desde hace meses se está transformando en cólera por toda Francia”, advertía el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), Arnaud Rousseau, en la red social X (antiguo Twitter) el viernes por la noche.
“Puedo afirmar que, a partir de hoy y durante toda la semana, y el tiempo que sea necesario, se van a llevar a cabo un cierto número de acciones”, añadió el lunes el líder de la principal asociación sindical del sector en Francia, durante una entrevista en la radio pública France Inter, en la que también expresó el sentimiento de “degradación social” general que afecta a la profesión y reclamó “propuestas concretas” al Gobierno.
Las protestas comenzaron unos días antes de que el ministro de Agricultura, Marc Fesneau, presentase ante el Consejo de Ministros un nuevo proyecto de ley sobre política agrícola, que los sindicatos consideran insuficiente.
El domingo, Fesneau anunció un aplazamiento de última hora en la presentación del texto para añadir un apartado de simplificación de controles y procedimientos administrativos, una de las reivindicaciones de la FNSEA, así como una mayor flexibilidad para los proyectos de ampliación de las naves industriales ganaderas, medida que afecta en particular las explotaciones avícolas y porcinas.
El sindicato ya había advertido que la movilización podía estallar a lo largo de este mes de enero y que se prolongaría hasta el Salón de la Agricultura, un gran evento nacional que se celebra la última semana de febrero en París y que sirve como termómetro de las relaciones entre la clase política y los representantes de las organizaciones agrícolas.
Reuniones con el primer ministro
Este inicio de crisis supone la primera prueba de fuego para el nuevo primer ministro, Gabriel Attal, que multiplica desde el lunes las reuniones con las principales organizaciones agrícolas, en compañía del ministro del ramo. El pasado noviembre, tras un primer movimiento de protesta organizado, su predecesora había aceptado aplazar la subida de los impuestos por el uso del agua y por la contaminación difusa vinculada al uso de productos fitosanitarios.
Precisamente el plan gubernamental Ecophyto, destinado a reducir el uso de este tipo de productos en Francia –Macron anunció su abandono total, antes de dar marcha atrás– y que actualmente está en proceso de renegociación, ocupa un lugar destacado en las reivindicaciones de la FNSEA. El sindicato repite que no puede haber “ninguna prohibición sin solución” y quiere que Francia solicite a Bruselas la suspensión de otras medidas medioambientales de la nueva Política Agrícola Común, como la obligación de dejar en barbecho el 4% de las tierras cultivables.
Otro punto de discusión: las tarifas de venta entre productores y distribuidores para 2024. Los agricultores quieren que se garantice el respeto de la actual legislación, que establece que el precio de las materias primas agrícolas no es negociable una vez se fijen las tarifas. En un contexto de presión en las negociaciones entre la industria agroalimentaria y los distribuidores para limitar la inflación, los agricultores acusan a los distribuidores de renegociar precios a la baja, en contra de la ley.
El Gobierno intenta negociar una salida y evitar que las manifestaciones se amplíen a otros sectores y las protestas se multipliquen. “[Los agricultores] tienen toda la razón y comparto su dolor y su rabia”, insistió el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, el domingo en el telediario de mayor audiencia del país. “Hay que tomar urgentemente una serie de decisiones”.
El ministro aludió a la “simplificación drástica de las normas”, que resultan, dijo, “demasiado complejas costosas y, a veces, imposibles de aplicar”. Al mismo tiempo, anunció que su departamento “movilizará a 100 inspectores para comprobar que, en las negociaciones se protejan los ingresos de nuestros productores y que la ley se aplique de forma estricta y rigurosa”.
No obstante, el Ejecutivo se niega a dar marcha atrás en el aumento del impuesto sobre el gasóleo no de carretera (que se utiliza para tractores y otra maquinaría de uso agrícola), a pesar de los llamamientos que se multiplicaron durante el fin de semana en las filas de la oposición. Se trata de uno de los principales detonantes de la crisis, a imagen de lo ocurrido en Alemania, donde los agricultores se movilizaron hasta conseguir frenar la subida de un impuesto similar.
Una agricultora atropellada
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, también se ha mostrado conciliador con las protestas. Darmanin ha asegurado que no se preveía ninguna “evacuación por las fuerzas del orden” en la autopista A64, principal vía bloqueada por los agricultores, “porque no se están produciendo daños en el lugar”.
El único incidente de gravedad ha ocurrido la mañana de este martes, en el departamento de Ariège, cuando “un vehículo chocó contra unos fardos de paja y arrolló a tres personas”, causando la muerte de una agricultora e hiriendo de gravedad a su marido y su hija, “por razones desconocidas”, según declaraciones del fiscal del Tribunal de Apelación de Toulouse. Los tres ocupantes del coche fueron detenidos.
“La UE quiere acabar con la agricultura francesa”
En su rueda de prensa de la semana pasada, Macron había hecho referencia a la “necesidad de un mejor acompañamiento a los agricultores” para “que mejoren sus prácticas” ante la transición ecológica. El presidente, que de momento se mantiene en un segundo plano, ha pedido a sus principales ministros y a los prefectos que se movilicen por todo el país, en una cuestión que la extrema derecha está intentando capitalizar con vistas a las próximas elecciones europeas.
Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional y cabeza de lista para esos comicios, visitó el sábado una granja dedicada a la producción de leche. Bardella describió la movilización como “un movimiento de cólera” contra la Unión Europea, señalando en particular el Green Deal. El eurodiputado describió a su partido como el único baluarte contra una “UE que quiere acabar con la agricultura francesa”. “La lucha por la agricultura es también la lucha contra la eliminación del mundo rural”, aseguró.
La ofensiva pretende reforzar la popularidad del partido de Marine Le Pen no solo entre los agricultores –que representan sólo el 1,5% de la población activa del país–sino también erigirse en portavoz de la “Francia de los olvidados” contra la globalización, declaraciones que recuerdan a muchas de las intervenciones de los manifestantes en los medios de comunicación, que suelen mencionar los acuerdos de libre comercio negociados por Bruselas como responsables de una situación de competencia desleal respecto a las materias importadas de países del Mercosur o de Oceanía.