Un año del giro de Sánchez sobre el Sáhara: de la ostentación de Marruecos a la tragedia impune de Melilla

“Evitar lo que ofende a la otra parte”. Esa fue la principal conclusión de la reunión de alto nivel (RAN) que celebraron España y Marruecos en Rabat a principios de febrero. En Moncloa habían fijado aquella cita como el final de una grave crisis diplomática entre los dos países a raíz de la acogida humanitaria del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para tratarse de una grave enfermedad en el hospital de Logroño. La respuesta del reino alauí fue una apertura de la frontera que supuso la entrada en Ceuta de miles de personas y la llamada a consultas de la embajadora en Madrid. Una vez reconducido el episodio inicial, que dejó entre las imágenes para la historia la militarización de la playa con tanquetas incluidas, comenzó una recomposición de las relaciones en la que prácticamente siempre ha salido ganando Marruecos, dejando claro que tiene la sartén por el mango. 

El primer gran hito fue el viraje histórico de la posición de España sobre el Sáhara Occidental. Durante más de cuatro décadas, los gobiernos se han limitado a remitirse a las resoluciones de la ONU para poner fin al conflicto. Esas resoluciones han ido rebajando las expectativas: desde reclamar la inmediata retirada de Marruecos de la excolonia española a la búsqueda de una solución “mutuamente aceptable” por las partes pasando por la celebración de un referéndum de autodeterminación. Pero el 18 de marzo de 2022, todo cambió: Pedro Sánchez reconoció la propuesta de autonomía de Marruecos como la solución “más seria, realista y creíble”. 

La ausencia de Mohamed VI

No sólo en el fondo –un volantazo histórico en una política de Estado– sino en las formas fue cuestionable la decisión, que anunció el Gobierno marroquí en un comunicado el viernes 18 de marzo de 2022, sin que Sánchez hubiera consensuado siquiera el asunto en el seno de la coalición –Unidas Podemos y el resto de aliados lo rechazan– ni con el principal partido de la oposición. A cambio, Moncloa lograba reconducir unas relaciones diplomáticas claves fundamentalmente para el control de la migración. Menos de un mes después, el 7 de abril, Sánchez era recibido por Mohamed VI durante el ‘Eid al-Fitr’, la fiesta de ruptura del ayuno en el Ramadán. Un simbolismo que en presidencia del Gobierno aseguraban que era una señal de una nueva era en las relaciones entre ambos países. “Es un signo de amistad muy fuerte”, repetía el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hacedor de ese restablecimiento de las relaciones tras la salida del Gobierno de Arancha González Laya precisamente por la crisis. 

Sin embargo, en la cumbre de alto nivel celebrada hace unas semanas, Mohamed VI no estuvo presente, pese al traslado de la delegación española a Rabat. Él decide si recibe o no y, en este caso, se limitó a mantener una conversación telefónica con el presidente del Gobierno. Fuentes gubernamentales aseguran que conocían la situación antes de emprender el viaje –aunque en aras de la buena relación con la monarquía alauí la diplomacia española no la comunicó– y rebajan importancia a la ausencia, dado que es conocido que el rey pasa largas temporadas fuera del país. Por ahora, Sánchez sigue a la espera de que le curse una nueva invitación. 

40 muertos en la valla de Melilla

En todo caso, hasta esa cumbre de alto nivel los lazos habían seguido recomponiéndose. Uno de los ejemplos de que no se había llegado a la ruptura total con la crisis es que Marruecos había seguido ejerciendo el control en las fronteras. Una labor por la que recibió 346 millones de euros de la UE en los últimos años y cuyo importe aumentó para el periodo 2022-2027 hasta los 500 millones de euros. 

Esa cuantía se conoció un par de meses después de que la actuación de los gendarmes marroquíes y la Guardia Civil acabara con la vida de 40 migrantes en la valla de Melilla el pasado mes de junio. El ala socialista del Gobierno ha evitado en todo momento cuestionar la actuación de Marruecos, que ya ha demostrado que si baja los brazos puede generar una crisis en Ceuta o Melilla, o mirar hacia otro lado mientras centenares de personas se juegan la vida en el mar. 

Aunque el Defensor del Pueblo concluyó que el Ministerio del Interior infringió la ley al devolver a 470 personas sin las garantías legales y cuestionó la versión policial, la Fiscalía archivó la investigación sobre lo sucedido. El asunto generó indignación tanto en el Congreso, donde el PP salvó al PSOE de una comisión de investigación, como en la Eurocámara, que albergó un debate sobre el asunto y reclamó explicaciones a Fernando Grande-Marlaska. El responsable de Interior primero rechazó la invitación y luego dio largas bajo la premisa de que el tema estaba judicializado. Pero en el Parlamento Europeo no se han olvidado y, una vez que el ministerio público le ha dado carpetazo, Grande-Marlaska comparecerá en la comisión de Libertades, Justicia e Interior este miércoles. 

La crisis con Argelia

El giro sobre el Sáhara permitió a España acercarse a Marruecos, pero abrió una crisis con su enemigo rompiendo cuarenta años de equilibrio. Argelia es el principal valedor del Frente Polisario y llamó a consultas a su embajador tras la decisión de Sánchez. La cosa no quedó ahí: suspendió el Tratado de Amistad entre ambos países y amenazó con congelar las domiciliaciones bancarias de los pagos de operaciones con España. Aquella decisión llevó a España a pedir auxilio en Bruselas, dado que las competencias de comercio exterior están cedidas, y la Comisión Europea advirtió con denunciar a Argelia por violar el Tratado de Asociación suscrito en 2005. 

No se ha producido esa denuncia, a pesar de que los empresarios españoles sostienen que siguen teniendo obstáculos. En plena crisis energética y ruptura con Rusia, Argelia se ha situado como un socio estratégico clave para el suministro de gas a la UE. Aunque en el caso español el suministro no se ha cortado, lo que se ha disparado es la factura de los hidrocarburos argelinos. También las exportaciones españolas a ese país han caído notablemente. 

Una “prueba piloto” para las aduanas en Ceuta y Melilla

En el lado contrario de la balanza está el incremento de los lazos comerciales con Marruecos. El Gobierno se anotó un tanto cuando logró arrancar a Marruecos la activación de las aduanas en los pasos fronterizos con Ceuta y Melilla. Aunque el reconocimiento de la soberanía no figura en ningún documento como parte de esa política pactada de no ofenderse, para el Ejecutivo la apertura de esos mecanismos suponía de facto el reconocimiento de las fronteras con Ceuta y Melilla. 

Sin embargo, casi un año después de la firma del acuerdo en el que Sánchez reiteraba el giro sobre el Sáhara y ambas partes se comprometían a la apertura gradual de las aduanas, sólo se ha producido una “prueba piloto” a hurtadillas: un transportista melillense hizo llegar al país vecino por Beni Enzar “una carga de aluminio” y una furgoneta de 'Almacenes Bentolila' hizo lo propio por la frontera del Tarajal con “productos de higiene personal”. De todo informaron las delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla horas después de la operación. En el Ejecutivo sostienen que no hay una fecha concreta y que tampoco pretenden dar pistas para evitar grandes concentraciones y avalanchas tras años de cerrojazo. 

Un socio indigesto en España y la UE

Más allá de ser un foco de conflicto en la coalición, Marruecos es un socio indigesto en la UE: es un aliado estratégico a la hora de controlar los flujos migratorios –uno de los temas más espinosos en el club de los 27 y más con el auge de los populismos de extrema derecha– al mismo tiempo que obliga a hacer equilibrismos a las autoridades europeas, conscientes de que negocian con un régimen antidemocrático. 

“Marruecos esta ahí al lado y no podemos prescindir. Es nuestro vecino inexorable. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo y eso hay que construirlo tragando saliva o sapos, si hace falta”, ejemplificó el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar.

Uno de esos 'sapos' fue el acuerdo pesquero con Marruecos, anulado por la Justicia europea al considerarlo ilegal por incluir las aguas del Sáhara y haberse negociado de espaldas al Polisario. A la espera de la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la UE el próximo mes de septiembre, la caducidad del texto vigente en julio empieza a inquietar a los estados miembros, entre ellos a España, que prepara ya ayudas para el sector ante la posibilidad de que no pueda faenar en esas aguas en los próximos meses, según fuentes gubernamentales. Letonia, Lituania y Polonia han pedido abordar el asunto en la reunión de los ministros del ramo de los 27 la próxima semana.

Una trama de corrupción con epicentro en Qatar y Marruecos

Sin embargo, la UE mira hacia otro lado en lo que tiene que ver con la vulneración de derechos humanos en Marruecos. El Parlamento Europeo denunció, con el voto en contra del PSOE y la ausencia del PP español, la situación por primera vez el pasado mes de enero en una votación de una resolución inédita que se produjo en medio de fuertes presiones de las autoridades marroquíes a los eurodiputados.

El debate fue posible en esa ocasión porque la Eurocámara vivía abochornada por la trama de corrupción que apenas un mes antes había estallado en la capital comunitaria con la detención de la ahora exvicepresidenta Eva Kaili y un exeurodiputado, entre otros, aparte del señalamiento a varias personas y el registro de varios despachos de la institución por una red de sobornos procedentes de Qatar y Marruecos. Aunque el texto abogaba por prohibir a las autoridades marroquíes acceder al Parlamento Europeo, sus puertas siguen abiertas a la espera de buscar fórmulas que permitan mantener las relaciones diplomáticas. Y es que Marruecos no ha dejado de hacer ostentación de su poder sobre España y la UE.