Doce años de prisión y la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita. A las 18.00 horas de Argentina, las 22.00 horas de España, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal número 2 darán a conocer la sentencia en el caso que investiga la presunta corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina, que administró Néstor Kirchner por 12 años y que desde 2015 está en manos de Alicia Kirchner, cuñada de la vicepresidenta. La causa tiene a Cristina Fernández de Kirchner como la principal acusada.
La vicepresidenta —y dos veces presidenta— escuchará en su despacho del Senado la sentencia de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en la llamada “Causa Vialidad”. Si bien no habrá movilizaciones en el momento del veredicto, porque el propio kirchnerismo decidió frenarlas, ante una eventual condena se esperan concentraciones de apoyo a la vicepresidenta, que ha insistido en diversas ocasiones en que la sentencia contra ella “estaba escrita” y que defiende que se trata de un caso de 'lawfare' (hostigamiento judicial). Desde la alcaldía de Buenos Aires han desplegado un importante operativo de seguridad en los principales puntos de la ciudad, sobre todo en el centro porteño, el Congreso y la zona de los tribunales.
Este es el juicio de mayor impacto político en la historia reciente del país. Es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años. El caso tiene tal magnitud que los jueces se reunieron el viernes por la mañana en los tribunales con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos móviles, sin empleados testigos, sin filtraciones. Se prevé que será una sentencia unánime.
La Fiscalía pidió una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública, por medio de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Lázaro Báez, amigo del expresidente Néstor Kirchner y principal beneficiado de la concesión de la obra pública en Santa Cruz en los doce años de gobierno del matrimonio Kirchner. También, el fiscal pidió decomisos por casi 1.000 millones de dólares. Las defensas solicitan la absolución por inexistencia de delito.
La semana pasada, Cristina Fernández de Kirchner dejó en claro lo que pensaba del juicio: “Es un pelotón de fusilamiento”. La vicepresidenta ha repetido en numerosas ocasiones que la sentencia contra ella “estaba escrita”, como ya dijo el 2 de diciembre de 2019 —días antes de asumir como vicepresidenta en el actual Ejecutivo— cuando se le tomó declaración. En aquel momento se refirió a los magistrados que seguían la causa como “tribunal del 'lawfare'”.
Más de cien testigos pasaron a lo largo de un juicio que lleva más de tres años y medio e incluye a 13 imputados, incluyendo al empresario Lázaro Báez. La lectura del fallo será virtual y la vicepresidenta, como el resto de los acusados, tendrá la obligación de mantener su cámara encendida al momento de escuchar la sentencia.
Final abierto
Más que los testimonios, la columna vertebral de la causa ha sido la prueba documental. El punto en cuestión es si la Fiscalía habrá conseguido probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de desvíos de fondos públicos y obras para favorecer al empresario Báez. Es decir, hasta qué punto corresponde la imputación de “asociación ilícita”, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de acusaciones como amplias y tendientes a la persecución política.
Además de la asociación ilícita, la vicepresidenta está acusada por defraudación, que tiene una pena de hasta seis años de prisión. Aún cuando el Tribunal contemplara ambos delitos y con la pena máxima, Cristina Fernández no será encarcelada ya que por el cargo que ocupa tiene fueros hasta que finalice su mandato. Es decir, antes deberá someterse a un juicio político en el que sea destituida. Asimismo, debe agotar todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluye a la Corte Suprema. Y además, el próximo 19 de febrero, la vicepresidenta cumplirá 70 años, por lo que en caso de ser condenada deberá cumplir prisión domiciliaria.
El 23 de agosto, Cristina Fernández aseguró que “no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo”. Un mes más tarde, la vicepresidenta lo denunció por prevaricato, un delito que implica sanciones contra quien “dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.
Escándalo judicial
Un día antes del veredicto, se dieron a conocer una serie de chats y audios entre jueces, funcionarios de la Ciudad y empresarios para enmascarar un viaje a la provincia de Río Negro, en el sur del país, que ha sido denunciado por “dádivas”.
La denuncia dice que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a la ciudad de Bariloche, a la estancia del empresario inglés Joe Lewis.
El tema abrió un escándalo político sobre el manejo de un sector de la Justicia, en relación al comportamiento de un grupo de jueces, funcionarios de la oposición y miembros de la mayor empresa de medios en Argentina, en el día previo a conocerse el fallo contra la vicepresidenta.
Aunque no está relacionado con el veredicto que se conocerá este martes, el presidente Alberto Fernández decidió dar el lunes un mensaje en cadena nacional, lo que muestra la intensidad con la que el Gobierno vive la decisión. El presidente anunció que pedirá que se investigue a los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que realizaron un viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.