Venezuela es, por si aún cabían dudas, un país con dos parlamentos que, por ahora –hoy, no se sabe mañana– van a seguir existiendo en paralelo.
El primero, por antigüedad, es la Asamblea Legislativa, elegida en 2015 en elecciones predeterminadas dentro del ciclo constitucional, reconocidas como limpias, controlada por la oposición, reconocida internacionalmente y cuyas decisiones no se aplican. De hecho, los magistrados para el Tribunal Superior de Justicia que nombró están refugiados en la embajada de Chile. Aunque el término utilizado en este país de matices tan complejos sea el de “huéspedes”.
El segundo es la Asamblea Constituyente, convocada por el Gobierno con carácter extraordinario para redactar una nueva Constitución, monolítica, sin representantes de la oposición, que la boicoteó, electa entre acusaciones de fraude que nacen de Smarmatic, la propia empresa proveedora del sistema electoral electrónico, pasan por la ya exfiscal general y llegan a gran parte de la comunidad internacional, que no la reconoce. Lo que no impide por el momento, que ejerza de tomadora de decisiones que sí se aplican: destituir a la fiscal general o crear una Comisión de la Verdad para examinar el papel de los opositores en las protestas contra el Gobierno de los últimos meses.
El lunes se planteó una gran incógnita. El Gobierno de Nicolás de Maduro decidió que ambas asambleas no se reunirían en el mismo edificio. Un problema menos, aparentemente. No ha desalojado a los legislativos de la oposición ni les ha quitado su inmunidad ni ha comenzado a detenerlos. Enviando así el problema hacia el futuro.
Pero no, en cuestión de horas, en el edificio en que debía reunirse la oposición, en el que se dijo que no pasaría nada, se hacían preparativos para que se reúna la Constituyente en donde el Gobierno dijo que no se reuniría. Ayer de noche, mandaron instalar sillas para los constituyentes en el hemiciclo que usa la oposición. Pero resulta que hay varias salas en el edificio. La incertidumbre es altísima.
El Gobierno sólo tendría que esperar unos días, hasta el 15 de agosto, para que lleguen las vacaciones y ganar así algo más de tiempo, acercándose más al plazo, que termina esta semana y que permitirá saber si finalmente la oposición competirá unida en las elecciones regionales de diciembre. O sólo saber si competirá, algo que parece difícil, ante su propia desorientación y las pocas ganas que parece tener el chavismo de que eso suceda. Esperar y seguir gobernando. Y mientras se llama al diálogo, quizás, no dejar a la oposición participar en las elecciones, o dejarles participar pero sólo a medias. Quién sabe.
El problema de la situación en Venezuela hoy es que se dice una cosa ahora, dos horas después se dice otra y al día después pasa una tercera.
Mientras tanto, una vez más, hay algo sobre lo que no caben dudas. El Gobierno controla la situación sin mayores dificultades en medio de una confusa situación institucional que cada vez más actores políticos califican de dictadura pero que, tras cuatro meses de duras protestas en las calles con más de 100 muertos, comienza a languidecer hacia la anormalidad de la hiperinflación, la escasez y una resignación apática, hastiada y derrotista.
Es significativo que Julio Borges, el presidente de la Asamblea legislativa controlada por la oposición, el mismo que el sábado tras la destitución de la fiscal general, que se ha pasado con todo el equipaje desde el chavismo a la oposición y que por más que se siga considerando fiscal general, ya no puede acceder a su despacho, continuara llamando a la resistencia del pueblo en las calles.
Como lo es que tras cuatro días sin la más mínima protesta, se refiriera el lunes al cuerpo institucional que preside ya en pasado. Dijo: “Somos el testamento de la lucha por la democracia. Debería saberse que esta Asamblea fue fiel a su mandato”.
Eso es la Venezuela política de hoy. Dos asambleas, una con poder e impulso y otra desprovista de capacidad y desorientada, dos personas que se proclaman fiscales generales, dos conjuntos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y un Gobierno que sigue manteniendo el control de la situación ante unas calles que se han llamado a la calma y una hiperinflación que no remite.
Para añadir complejidad a la situación, en un giro propio de un país acostumbrado a las asonadas violentas, una amenaza que sobrevuela esta densidad y no sirva más que para contaminar. Los 10 hombres que sobrevivieron al asalto del depósito de armas de un cuartel militar la madrugada del domingo están libres. Y algunos venezolanos no condenan esos actos. De hecho, la oposición no los aprueba, pero tampoco los condena con rotundidad. Es probable que no sean muchos quienes quieren que la situación se deteriore aún más, pero son ruidosos y consiguen distorsionarlo todo, dotando de argumentos a quienes en vez de buscar soluciones dialogadas, por más imposibles que estas parezcan, querrían salir del estancamiento político por la fuerza. Aquellos que preferirían que los más de 100 muertos que ya se registran en estos meses aumenten.
Corrección: una primera edición del artículo indicaba que Smartmatic fue la empresa contratada para el recuento de votos en la elección de la Asamblea Constituyente. Su función real fue la de facilitar el sistema electoral electrónico, para lo que tenía acceso al recuento, como había hecho en anteriores comicios.