El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha comparecido este lunes ante la corte londinense de Woolwich al inicio de su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 cargos de espionaje e intrusión informática por revelar información confidencial de ese país en 2010.
Vestido con un traje gris y el pelo blanco, Assange, de 48 años y cuya salud se ha deteriorado tras casi una década de confinamiento en el Reino Unido, habló para confirmar su identidad y decir que comprendía el procedimiento.
En la galería del público estaba el actual director del portal digital de revelación de secretos, Kristinn Hrafnsson, y el padre del informático, John Shipton que, en declaraciones previas a la prensa, reclamó que su hijo, que no ha sido condenado por ningún delito, pueda salir en libertad condicional.
A las puertas de la corte, anexa a la prisión de Belmarsh, donde Assange cumple prisión preventiva, decenas de manifestantes pedían su liberación y la suspensión del proceso de extradición auspiciado por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
Por parte del equipo legal en España del australiano, el jurista Baltasar Garzón manifestó a los periodistas que todo el proceso “es una locura” y “políticamente motivado”, más cuando EEUU ha advertido que los extranjeros no están cubiertos por la primera enmienda de su Constitución, que protege la libertad de expresión. Garzón ha informado que la decisión final sobre la extradición no llegará hasta junio.
Al pedir la entrega de Assange por difundir registros de las guerras de Afganistán e Irak y miles de cables diplomáticos que revelaron abusos de derechos humanos, el Gobierno de EEUU “quiere blindar su sistema de inteligencia contra cualquier periodista”, lo que atenta contra la libertad de prensa, sostuvo.
Varios eurodiputados asisten como observadores a este juicio, entre ellos la española Sira Rego, de Unidas Podemos, quien señaló que, con este proceso, “la democracia está en riesgo”, pues se habla de derechos fundamentales como el de información, pero también “de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que el Gobierno de EEUU lleva a cabo impunemente en todo el mundo y que se han conocido gracias a las filtraciones de WikiLeaks”.
En el primer tramo del proceso, entre este lunes y el viernes, empezó hoy su exposición el fiscal James Lewis, en representación de la Justicia estadounidense, que pidió la entrega de Assange para ser enjuiciado por 17 delitos relativos a la ley de espionaje y uno al amparo de la ley de fraude y abuso informático que implican hasta 175 años de cárcel.
Lewis explicó que se requiere al galardonado activista por “alentar y ayudar” a Chelsea Manning a obtener ilegalmente información clasificada de ordenadores oficiales, que WikiLeaks publicó después entre 2010 y 2011.
Los documentos revelados en colaboración con periódicos de todo el mundo eran registros militares que expusieron graves violaciones en Irak y Afganistán, archivos sobre los arrestos extrajudiciales en la bahía de Guantánamo y cables diplomáticos sobre otros Gobiernos.
Lewis subrayó que no se persigue a Assange por su actividad como periodista (negó que lo sea, aunque tiene el carné), sino por el crimen de tratar de acceder a ordenadores oficiales y “poner en peligro” la vida de “fuentes e informantes” citados en los documentos.
Aunque la defensa detallará sus argumentos en los próximos días, en una vista preliminar la semana pasada el primer abogado, Edward Fitzgerald, aseguró que existen pruebas de que Donald Trump ofreció el indulto a su cliente si negaba la implicación de Rusia en una filtración de correos electrónicos en 2016 que perjudicó a su rival política, la demócrata Hillary Clinton.
Detenido inicialmente en 2010 en el Reino Unido a petición de Suecia por un caso de presuntos delitos sexuales hoy archivado, Assange ha pasado los últimos diez años confinado, primero bajo arresto domiciliario y después en la embajada en Londres de Ecuador, que en 2019 le retiró el asilo político, y ahora en Belmarsh a la espera de que se resuelva este proceso.