Nada dijo Jair Bolsonaro en la campaña electoral de 2018 acerca de enterrar el futuro de la ciencia y la investigación en Brasil. Es más, el ahora presidente se comprometió a elevar durante su legislatura el porcentaje de Producto Interior Bruto (PIB) destinado a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) del 1% al 3%. Tras cinco meses en el poder, el líder de la extrema derecha brasileña ha comenzando a ejecutar lo que firmó en el decreto Nº 9.741/2019 hace unas semanas, regulando la programación presupuestaria y financiera: la ciencia y la investigación brasileña sufren un recorte del 42% de lo originalmente establecido en los presupuestos.
Centros e instituciones de referencia como el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), la Financiadora de Inovação e Pesquisas (FINEP), la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) o el Instituto Evandro Chagas están absolutamente desconcertados. Otros como la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lo veían venir: ya el año pasado alertaban de que el ajuste promovido por el expresidente Michel Temer estaba dejando en situación muy vulnerable a la población respecto a las enfermedades transmitidas por el mosquito aedes aegypti. Ahora las autoridades sanitarias lo han oficializado: el 20% de las ciudades del país pueden verse afectadas por brotes de dengue –se ha contabilizado un aumento del 339,9% de casos respecto al primer trimestre de 2018–, chikungunya, fiebre amarilla y zika.
Pero hay más ejemplos. El bioquímico Sérgio Teixeira Ferreira es uno de los responsables del avance más significativo de las últimas décadas relacionados con el alzheimer. La irisina, una hormona ligada a la actividad física, frena el recorrido de la enfermedad. Su equipo es alentado y admirado a nivel mundial, pero defenestrado en su propia tierra. “Nuestro trabajo está prácticamente paralizado por la falta de recursos para la adquisición de reactivos –casi en su totalidad, importados–, realizar el mantenimiento de los equipos del laboratorio, etc”, ha indicado.
Varios de los más destacados representantes de la comunidad científica nacional forman parte de la estructura de la Academia Brasileña de Ciencias. Ningún miembro del Ejecutivo contactó con ellos para advertirles de esta reducción presupuestaria. La cifra bloqueada supera los dos mil millones de reales –unos 476 millones de euros–. “Muchas instituciones de ciencia y tecnología no conseguirán llegar hasta el final del año”, ha augurado Luiz Davidovich, físico cuántico y presidente de la Academia.
Davidovich ha atendido a este periódico antes poco antes de entrar en una audiencia pública en el Congreso Nacional. Quieren denunciar la situación a los representantes de la población sin intermediarios. “Creemos que tenemos que actuar con fuerza en el Parlamento”. Márcia Barbosa, física y directora de la Academia Brasileña de Ciencias, confía también en la respuesta de la población: “Yo estudiaba en la universidad durante la dictadura militar. Soy de una época en la que la gente se manifestaba, y derribamos una dictadura. No menosprecio la capacidad de articulación de las personas”, ha indicado.
Desprecio “al conocimiento”
Teniendo en cuenta que más del 90% de los trabajados de investigación científica en Brasil están ligados a universidades públicas, Barbosa asume que “usan el recorte no solo para ahorrar, es recortar para destruir, como instrumento político”. Los primeros meses de gobierno de Bolsonaro han sorprendido a la izquierda brasileña aún rearmándose, y muchas veces la verdadera oposición ha aparecido en las facultades. “Lo usa como revanchismo contra aquellos que se atrevan a levantarse y decir alguna cosa contra su ideología”, ha afirmado a eldiario.es.
La directora ha reconocido que existen en Brasil serias dificultades económicas, pero hay también otro estorbo, “el cognitivo”. Según ella, el Gobierno no está preparado para gobernar. “No tienen la visión de lo que hay que hacer cuando el país entra en crisis económica. Brasil está haciendo totalmente lo contrario lo que debería hacer”. Los mandatarios, a su vez, arrastran a sus votantes y seguidores. “Esto tiene sus raíces en que Brasil, como muchos países de América Latina, tiene un bajísimo índice de escolaridad”. Eso explica que, como analiza la física, se multipliquen los discursos de aquellos que “no consiguen hacer la correlación entre la generación de conocimiento y el desarrollo económico”. El caso de la investigadora Johanna Döbereiner es paradigmático. Gracias a ella Brasil es el segundo mayor productor de soja a nivel mundial, lo cual le sitúa en la cima del negocio agrario, una de las banderas del bolsonarismo.
El trauma agrava la caída libre firmada ya en la enmienda constitucional en la que el expresidente Temer congeló el gasto público durante los siguientes veinte años. El retroceso no se detiene mientras buena parte del electorado de Bolsonaro lo aplaude, o lo ignora. “Yo lo defino como el sector edad media, que desprecia el conocimiento”, ha lamentado Márcia Barbosa. “Tengo la impresión de que el Brasil que ha elegido este Gobierno es el sector de la edad media: no les gusta el conocimiento, lo usan pero no les gusta”, ha apuntado.
Este y otros recortes –como el que también afecta a las universidades públicas– están siendo ya utilizados por el Gobierno de Bolsonaro para intentar llevar la iniciativa en la negociación de la reforma de la Seguridad Social en el Congreso Nacional. Levanta enorme revuelo, sí, pero el Ejecutivo deja entrever que si los diputados y los senadores dan el visto bueno lo antes posible a la reforma, se podría revertir el bloqueo presupuestario.
El Gobierno busca acelerar el proceso para evitar los posibles efectos de la huelga general programada para el 14 de junio. Su estrategia es un arma de doble filo porque cada vez acumulan más sectores en contra dispuestos a echarse a la calle.