Bruselas inicia el proceso para bloquear fondos a Hungría por vulnerar el Estado de derecho con la activación, por primera vez, del mecanismo de condicionalidad por el que se vincula el dinero europeo con el respeto al Estado de Derecho. El comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, envía la notificación formal al Gobierno de Viktor Orbán, después del aviso anunciado el pasado 5 de abril en el Parlamento Europeo por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “En el caso de Hungría, lo hemos dejado claro. El tema es la corrupción, hemos discutido con Hungría cuestiones sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia, y aquí el requisito son reformas para luchar contra la corrupción”.
“Hoy la Comisión Europea ha remitido su primera notificación bajo el reglamento de condicionalidad”, ha tuiteado Hahn: “Hungría ahora está invitada a responder a las preocupaciones de la Comisión Europea. En nuestro deber de proteger el presupuesto europeo, la Comisión sigue examinando a todos los Estados miembros con arreglo a este instrumento”.
Como primer paso, la Comisión Europea envía la notificación por escrito al Estado miembro en cuestión como ha anunciado este miércoles Bruselas, exponiendo los motivos por los que las infracciones del Estado de Derecho afectan o amenazan con afectar el uso adecuado de los fondos de la UE.
Según fuentes comunitarias, “la carta de notificación no tiene efectos legales inmediatos, no es una denuncia, sino que supone abrir la discusión formal con Hungría. En la carta, la Comisión identifica asuntos que pueden ser quiebras del Estado de Derecho, que pueden afectar o corren el riesgo de afectar intereses financieros de la UE”.
“El mecanismo de condicionalidad es una herramienta financiera”, dice Bruselas: “La Comisión da un plazo de dos meses para responder, explicar, proponer... Es un procedimiento colaborativo con el objetivo de conseguir un acuerdo para que el proceso se detenga después. Si no, el procedimiento continuará. Tras recibir las respuesta, la Comisión tiene tiempo para evaluar y, si no está resuelto el problema, la Comisión vuelve al Estado miembro para explicar más en detalle los asuntos difíciles y las medidas a tomar. Entonces, el Estado tiene otra oportunidad de responder, y, si no, el colegio de comisarios tiene que hacer propuesta de sanciones para que las adopte el Consejo [los Gobiernos], que debe decidir por mayoría cualificada [al menos 15 Estados miembros que representen al menos el 65% de la población] si adoptar o no las sanciones para proteger el presupuesto de la UE”.
Las fuentes concluyen: “Es un proceso que puede parar pronto, o puede durar entre 5-9 meses”.
Según fuentes del Ejecutivo comunitario, las infracciones detectadas en Hungría pasan por “la contratación pública, la implementación de presupuesto, el control, la transparencia, la rendición de cuentas, la prevención de fraude, la corrupción y el respeto a la ley europea. Todo esto es mucho, y se ha estado señalando repetidamente por medio de recomendaciones ignoradas por las autoridades; se ha repetido año tras año durante más de 10 años. A esto hay que sumar circunstancias agravantes relativas a la justicia”.