La distribución equitativa de una eventual vacuna contra la COVID-19 ha sido una preocupación constante entre los expertos en salud pública global, organizaciones civiles y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo es desde antes, incluso, de que la carrera en varios laboratorios se adentrara en sus fases finales. Tan pronto como se apruebe el uso de una vacuna eficaz, un mundo desesperado por acabar con la pandemia se enfrentará a unos suministros limitados.
En esta competencia, una catarata de voces han alertado contra el llamado “nacionalismo de vacunas” que busca priorizar a las propias poblaciones y puede dejar atrás a las partes más empobrecidas del planeta.
Los datos dibujan un panorama aún muy alejado del propósito de garantizar un acceso equitativo para todos los países que han expresado muchos líderes mundiales. En la actualidad, los Estados ricos concentran más de la mitad de las dosis compradas hasta ahora a nivel mundial, según las cifras recopiladas por el Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad Duke, en Carolina del Norte, en Estados Unidos.
Sus investigadores han analizado la información disponible sobre los acuerdos y las negociaciones de los países y organizaciones multilaterales para adquirir dosis de manera anticipada, ávidos por reservarse el suministro incluso antes de que las vacunas estén en el mercado. Al igual que los ensayos clínicos se están desarrollando a una velocidad sin precedentes, también lo está siendo el número de compromisos de mercado anticipado, un contrato que suele usarse generalmente para incentivar a las empresas a que desarrollen un producto costoso garantizando cierta cantidad de compras por adelantado.
Lo que temen los expertos de Duke, así como numerosos especialistas, es que la tendencia actual de que un puñado de países se asegure tantas dosis como puede para tener más posibilidades de cubrir a su población –hablan de compra “frenética”– acabe profundizando la desigualdad en el acceso y prolongando la pandemia.
“Los datos indican que nos dirigimos a un escenario en el que los países de altos ingresos pueden vacunar a toda su población antes de que los países de bajos ingresos hayan cubierto los grupos de alta prioridad. Hemos escuchado mucho compromiso con la distribución equitativa de los países de altos ingresos, pero los datos muestran que todavía estamos lejos de eso”, dice a elDiario.es Andrea Taylor, subdirectora del Centro de Innovación en Salud Global de Duke.
A principios de esta semana, el director general de la OMS volvió a insistir en que la urgencia con la que se están desarrollando estas tecnologías “debe ir acompañada de la misma urgencia” por distribuirlas de manera equitativa. “Cada gobierno quiere, con razón, hacer todo lo posible para proteger a su pueblo. Ahora bien, existe el peligro de que las personas más pobres y vulnerables sean pisoteadas en una estampida por la obtención de la vacuna”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus.
La jefa de la OMS en África, Matshidiso Moeti, ha reconocido que en estos momentos hay “una competencia muy fuerte a nivel mundial para reservar dosis”, mientras desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) africanos temen que el continente se resienta a medida que las naciones más ricas compren suministros. Y aunque se han mostrado optimistas sobre los hallazgos en materias de vacunas en estas últimas semanas, inciden en algunos factores que pueden afectar a la distribución justa de cualquier vacuna contra la COVID-19, como el precio o las condiciones de almacenamiento.
6.800 millones adquiridas, más de la mitad por países ricos
El análisis de la Universidad Duke refleja que, si bien es probable que se necesiten de tres a cuatro años para fabricar suficientes vacunas para cubrir la población mundial, casi 9.600 millones de dosis están ya reservadas antes incluso de que las candidatas sean aprobadas para su comercialización. En concreto, las compras confirmadas abarcan 6.800 millones de dosis, con otras 2.800 millones de dosis que están actualmente bajo negociación o reservadas como expansiones opcionales de acuerdos existentes, según los datos de Duke.
Los acuerdos directos sellados por los países de ingresos altos –y algunos de ingresos medios– como Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea o Japón dan como resultado “una porción más pequeña del pastel disponible” para una asignación mundial equitativa, señalan los investigadores, un patrón que da como resultado que la mayoría de las vacunas se destinen a países ricos y que haya menos dosis disponibles para los países de ingresos bajos y medianos o para los mecanismos cuyo objetivo es la equidad en el reparto, como el programa COVAX.
El problema, explica Taylor, radica en que los límites de fabricación hacen que la demanda superará a la oferta “durante uno o dos años”. En este contexto, “estos acuerdos directos están socavando la equidad al retirar las dosis del mercado, incluso antes de que se fabriquen”.
Según su nivel de riqueza, los Estados de ingresos altos han comprado el 53,7% de todas las dosis adquiridas hasta ahora en el mundo, 3.686 millones (confirmadas).
Mientras, los países de ingresos medios altos cuentan con 706 millones de dosis y los países de ingresos medios bajos, con más de 1.700 millones de dosis. En el primer grupo se encuentra Brasil (196 millones), y en el segundo India (1.600 millones), dos naciones que cuentan con una gran infraestructura de fabricación de vacunas.
En este sentido, los investigadores de Duke subrayan algunas diferencias. Entre los países ricos, aquellos con capacidad de desarrollo de vacunas fueron los primeros en asegurarse grandes compromisos por adelantado. Pero la mayoría de las naciones de ingresos altos han podido negociar compras invirtiendo grandes cantidades de fondos públicos en investigación y desarrollo de vacunas contra la COVID-19 y mediante su poder adquisitivo han alcanzado acuerdos a gran escala en varias vacunas candidatas.
Después están los países de ingresos medios, que, con un poder adquisitivo limitado, están utilizando otras estrategias para ponerse al frente de la fila, y menciona los casos de India y Brasil, que han logrado negociar grandes compromisos para las principales candidatas a vacunas como parte de los acuerdos de fabricación. También está el caso de Perú, que aunque no tiene capacidad de fabricación o desarrollo de vacunas, sí puede albergar ensayos clínicos, lo que le ha permitido negociar acuerdos de compra.
Al final de la cola están los países de bajos ingresos que carecen de capacidad de fabricación y pruebas clínicas, que “quedan fuera del proceso de negociación”. No obstante, algunos de ellos están formando coaliciones para abordar esta brecha, como es el caso de la Unión Africana.
Más dosis adquiridas que población
Muchas naciones ricas están asegurándose por adelantado un número de dosis que supera (en ocasiones varias veces) a su población. Pero dado que ninguna de las candidatas está aprobada de momento, algunas de las que han adquirido pueden no tener éxito, por lo que los países que pueden permitírselo están comprando varias de ellas, con la esperanza de que varias superen el proceso regulatorio.
Por el contrario, ninguno de los países de ingresos medios y medios bajos tiene suficiente para vacunar a toda su población. El siguiente gráfico muestra la proporción de población cubierta con las dosis compradas (los datos de Duke tienen en cuenta que algunas vacunas, como las de Moderna y Pfizer, requieren dos dosis) y la incidencia de casos de coronavirus por millón de habitantes.
Por ejemplo, el ministerio de Sanidad de España calcula que, en total, a lo largo de 2021, llegarán las suficientes para inmunizar a 80 millones de personas. Esa cifra supera por 30 millones la población española, pero Sanidad ha explicado que una parte podría estar destinada a la reserva estratégica –puede que en años sucesivos haya que seguir administrando– o a la venta o donación a terceros países.
“Desde la perspectiva de un país individual eso tiene sentido. También es cierto que la inversión masiva de las compras anticipadas ha permitido un aumento de la producción a una escala que no habíamos visto antes en esta fase temprana del proceso. Y eso ayudará a todos, incluyendo a los países en desarrollo”, dice Taylor.
El problema, continúa, es que cuando todos los países ricos se esfuerzan por estar totalmente cubiertos, “es a expensas de que otros países puedan cubrir a sus poblaciones de mayor riesgo”. “Habría sido mejor, desde una perspectiva mundial, asegurarse de que todos los países tuvieran alguna vacuna antes de que cualquier país recibiera lotes”.
En la misma línea se ha manifestado Belén Tarrafeta, farmacéutica experta en gestión sanitaria, quien ha cuestionado en un hilo de Twitter que “la estrategia de la acaparación de vacunas 'por si acaso' sea una estrategia que vaya a favorecer a países en desarrollo”. Habla de tres escenarios hipotéticos en materia de logística. En el más optimista, en el que todas las vacunas compradas funcionan y la producción marcha sin problemas, cree que podrían surgir problemas de coordinación o que no se respeten las preferencias de los países receptores. En el más pesimista, en el que por “problemas de eficacia, seguridad, calidad o producción todo se retrasa” y las vacunas adecuadas no dan abasto para cubrir necesidades en la UE, “no hay reservas para donar, acaparamos producción a largo plazo y hay un impacto negativo en otros países”, afirma.
Las esperanzas, en COVAX
Cada vez que alguien expresa su temor por la distribución desigual de vacuna, una palabra aparece: COVAX. Las esperanzas para evitar tal escenario están depositadas en este mecanismo puesto en marcha por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), la Alianza para la Vacunación (Gavi) y la OMS. Es el único esfuerzo que hay en estos momentos a nivel global para “garantizar que las personas en todos los rincones del mundo tengan acceso a las vacunas contra la COVID-19 una vez que estén disponibles, independientemente de su riqueza”, indica Gavi en su web. Es uno de los tres pilares del llamado acelerador de acceso a herramientas COVID-19 (ACT), lanzado en abril por la OMS y la Comisión Europea.
COVAX tiene como objetivo proporcionar 2.000 millones de dosis para finales de 2021 para proteger a las poblaciones de alto riesgo en todo el mundo. A largo plazo, el objetivo es proporcionar a los países financiados (los de más bajos ingresos) dosis suficientes para cubrir el 20% de su población, mientras que los países autofinanciados (los de más altos ingresos) pueden adquirir diferentes niveles de cobertura de población. En la actualidad, participan en él 187 naciones, con ausencias tan notables como la de EEUU o Rusia. Recientemente, tras los anuncios de algunos Estados (entre ellos España), se han recaudado de 2.000 millones de dólares para el sistema de financiación de COVAX para reservar dosis para los países más pobres, pero Gavi calcula que hacen falta al menos 5.000 millones más para finales del año que viene para garantizar la distribución equitativa. “Esto no es caridad, es la forma más rápida e inteligente de poner fin a la pandemia e impulsar la recuperación económica mundial”, ha subrayado el director de la OMS.
Según el análisis de Duke, ni un solo país de bajos ingresos ha llegado a un acuerdo directo con farmacéuticas para comprar vacunas, lo que apunta a que dependerán de COVAX para asegurarse las vacunas. De momento, COVAX ha anunciado acuerdos para aproximadamente 700 millones de dosis. 200 millones específicamente para naciones de bajos ingresos serán producidas por el Instituto Serum de India y ha firmado también un acuerdo con AstraZeneca, en el que la empresa farmacéutica –que anunció este lunes que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene una eficacia del 70% de media– se compromete a suministrar al mecanismo 300 millones de dosis de la vacuna una vez aprobada.
Una de las tendencias que inquietan a los expertos es que los países ricos están destinando fondos a COVAX pero no para adquirir dosis para sus poblaciones como estaba previsto, sino para financiar la compra para los países pobres. Y, al mismo tiempo, cierran acuerdos directos con grandes cantidades para cubrir sus propias poblaciones, lo que a su juicio socava los esfuerzos de COVAX y puede reducir el volumen disponible para un reparto equitativo. Mencionan concretamente los casos de Reino Unido, Canadá o la UE.
A esta tensión se refiere Adrián Alonso Ruiz, investigador en políticas de innovación y acceso a medicamentos. “Plataformas como COVAX nunca se han visto antes, por la rapidez con la que se ha organizado, el nivel de financiación y la agilidad con la que se está desarrollando para intentar asegurar un acceso global. Para montar COVAX, los primeros que movieron ficha fueron la Comisión Europea y la UE. Pero a la vez, la UE es de los primeros que está firmando contratos bilaterales con la industria para acceder prioritariamente a la vacuna”, dice a elDiario.es. “Nos enfrentamos a una especie de esquizofrenia, en la que por un lado queremos asegurar cierto nivel de acceso equitativo, pero a la vez nos cuesta mucho no utilizar los recursos que tenemos en los países occidentales –de poder económico y de contacto con la industria farmacéutica– para asegurar las primeras dosis”.
La semana pasada, César Hernández, representante de España en el equipo negociador de compra anticipada de la vacuna de la UE, defendió en una entrevista con este medio el papel de la Unión a la hora de impulsar una respuesta solidaria y colaborativa y financiar COVAX. “Todo lo que se ha hecho desde la estrategia europea de vacunas contempla este aspecto de solidaridad, no es en absoluto una mirada de eso que se ha llamado 'nacionalismo de vacunas'. Por supuesto que se busca solucionar los problemas de nuestros ciudadanos, pero en las negociaciones se habla de dosis muy por encima de lo que eventualmente serían las necesidades de primera hornada de la ciudadanía europea. Todos los contratos tienen cláusulas que permiten la donación o reventa a terceros países y a organizaciones humanitarias. Todo eso está contemplado, en las negociaciones, y en las políticas de los países de UE. (...) No sería justo decir que Europa está intentando solo solucionar sus problemas, sino que hay un ejercicio de solidaridad internacional”.
En general, Alonso Ruiz considera que COVAX tiene “bastante potencial” a la hora de impulsar una respuesta colaborativa. “A nivel global, los esfuerzos multilaterales tienen que vencer a los comportamientos nacionalistas que, en general, no nos benefician como planeta. Los pilares están bien puestos”, señala, aunque también cree que se tiene que fortalecer la gobernanza –a la hora por ejemplo de incorporar a la sociedad civil– y transparencia. “¿Cómo se llegan a los acuerdos con la industria? ¿Cómo se deciden los precios? ¿Qué unidades se compran? Hay que incorporar más voces de la sociedad civil sobre cómo se tiene que distribuir una vacuna, a qué países va primero, para evitar problemas de opacidad”.
La pelea por las patentes
Paralelamente, hay naciones, encabezadas por India y Sudáfrica, que están peleando en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para lograr exenciones de propiedad intelectual que permitan que a todos los países no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas en vacunas (así como otras herramientas contra el coronavirus) mientras dura la pandemia, lo que permitiría a los fabricantes comenzar a producirla sin temor a ser demandados o procesados. Organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras (MSF) están abogando por esta medida.
“Es una respuesta bastante lógica desde el punto de vista de unos países que están viendo cómo países con mayor poder económico o mayores contactos están haciendo compras adelantadas de un productos al cual tiene pinta de que no van a poder acceder. La idea es aumentar la capacidad de fabricación, en lugar de que sean unos productores más seleccionados, como el Instituto Serum de India. Varios laboratorios podrían producirlas a la vez”, explica Alonso Ruiz.
La propuesta volvió a debatirse el pasado viernes en una reunión informal en la OMC, pero los Estados están lejos de alcanzar un consenso, ya que las posiciones están muy distanciadas. Según han confirmado fuentes diplomáticas a este medio, los países ricos –y algunos miembros como Brasil– cerraron filas y se opusieron firmemente a la propuesta de exención, señalando que no hay indicios de que los derechos de propiedad intelectual hayan constituido un verdadero obstáculo para el acceso a las tecnologías relacionadas con la COVID-19. Estados Unidos, la UE, Japón, Canadá y Suiza reconocieron que el suministro sostenido y continuo de esos medicamentos y tecnologías es una tarea difícil. Sin embargo, subrayaron que es mucho más probable que los sistemas sanitarios y de adquisición ineficientes y con financiación insuficiente, el aumento de la demanda y la falta de capacidad de fabricación impidan el acceso a esos materiales.
Moderna es la única empresa que se ha comprometido a no cobrar por patentes. Por su parte, AstraZeneca se ha comprometido públicamente a vender su vacuna a precio de coste a perpetuidad a los países en desarrollo. Médicos Sin Fronteras pide un paso más a la compañía: que “abra sus registros y libros de contabilidad y comparta de manera transparente todos los costes de I+D, ensayos clínicos y fabricación, y haga públicas todas las licencias y acuerdos alcanzados”.