En un mundo que corre para hacerse con una vacuna segura y efectiva contra la COVID-19, cada vez más voces alertan contra el “nacionalismo” que puede dejar atrás en esa carrera a las partes más pobres del planeta y avisan de que el desarrollo y la fabricación de vacunas no acabarán con la pandemia con rapidez a menos que estas también se distribuyan equitativamente. Así lo hace también la Fundación Bill y Melinda Gates, que ha lanzado esta semana su cuarto informe anual, Goalkeepers, en el que concluye que tal distribución igualitaria puede evitar cientos de miles de muertes.
En el documento, la organización filantrópica indica que la COVID-19 ha puesto fin a 20 años de avance en la lucha contra la pobreza extrema, con 37 millones de personas más sumidas en ella. Además de analizar el daño que la pandemia ha causado y sigue causando tanto a nivel sanitario como económico, la fundación aboga a lo largo del informe por una respuesta colaborativa, pidiendo a los países que trabajen juntos en tres ámbitos para acabar con ella: desarrollar diagnósticos, tratamientos y vacunas; fabricar tantas pruebas y dosis “como podamos, tan rápido como podamos” y entregarlas “equitativamente a quienes más las necesitan, sin importar dónde vivan o cuánto dinero tengan”.
Para la elaboración del informe, la fundación pidió al laboratorio de Modelos de Sistemas Biológicos y Sociotécnicos (MOBS LAB) de la Universidad Northeastern, en Boston, con experiencia en simulaciones sobre la gripe, que estimara los resultados para dos escenarios hipotéticos diferentes. En uno, aproximadamente 50 países ricos monopolizan los primeros 2.000 de 3.000 millones de dosis de una potencial vacuna contra la COVID-19. En el otro, los 3.000 millones de dosis se distribuyen en todas partes en función de la población de cada país, no de su capacidad para costearlos.
Para evitar hacer suposiciones impredecibles sobre el futuro transcurso de la pandemia en sus modelos, el equipo de investigadores ha explicado que analizó lo que habría ocurrido si hubiera habido una vacuna disponible a mediados de marzo, cuando el virus comenzó a propagarse por todo el mundo. Así, indican, elaboraron un modelo de la evolución de la pandemia basado en su trayectoria anterior, contemplando también medidas adoptadas por cada país en relación con las restricciones de viaje y las políticas de salud pública, como el cierre de escuelas. Sin una vacuna real, los investigadores también tuvieron que basarse en otras suposiciones, como estimaciones del 80% de eficacia en una sola dosis dos semanas después de la administración, con un total de 3.000 millones de dosis administradas.
¿Cuáles son los resultados? El informe sostiene que si los países ricos compran los primeros 2.000 millones de dosis de vacunas en lugar de asegurarse de que sean distribuidas proporcionalmente a la población, el número de personas que fallecerán con COVID-19 se podría duplicar. Se basa en las cifras de los modelos si hubiera habido vacuna el 16 de marzo: el 61% de los fallecimientos podrían haberse evitado hasta el 1 de septiembre si las dosis se hubieran distribuido en todos los países, mientras que en el escenario menos equitativo, en el que los mejores postores se hacen con ellas, solo se habría evitado el 33% de las muertes.
Los investigadores también han calculado lo que habría ocurrido con una vacuna con una eficacia del 65%: habría impedido el 57% y el 30% de los decesos en el escenario colaborativo y en el no colaborativo, respectivamente.
Los modelos simulan, así, cuáles habrían sido los efectos del despliegue de la vacuna esta primavera. La pregunta que se hacen los autores es si estos cálculos y patrones se mantendrán contra “una potencial segunda ola de COVID-19”. “Este es solo el primer paso”, dice en la web de noticias de la universidad uno de los investigadores que ha encabezado el equipo, Alessandro Vespignani, profesor de Física y director del Network Science Institute. Aunque todavía hay muchos factores desconocidos que no se tienen en cuenta en este modelo –por ejemplo, cuántas personas serán inmunes en los próximos meses o la eficiencia de la vacuna que se desarrolle–, consideran que, de momento, los resultados son claros: “Cuando los países cooperan, el número de muertes se reduce a la mitad”.
En el informe, la Fundación Bill y Melinda Gates considera que la clave para desarrollar nuevas vacunas, especialmente en las primeras etapas, es buscar el mayor número posible de posibles vacunas.
“Algunos países han empezado a firmar contratos con compañías farmacéuticas para reservar dosis de una determinada posible vacuna en caso de que dicha vacuna tenga éxito. Esto no es algo malo. Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger la salud de su población, y estas inversiones ayudan a poner en marcha importantes acciones de I+D, a pagar nuevas instalaciones de fabricación y a acercar al mundo a la entrega de una vacuna”, dice el informe.
Pero primero, hay que encontrar una vacuna segura y efectiva, lo cual aún no es una certeza. Actualmente hay más de 100 candidatas en desarrollo, pero es probable que la gran mayoría de estos esfuerzos fracasen, recuerda el documento. “La incesante cantidad de titulares que aparecen sobre los prometedores resultados de los ensayos clínicos en primeras etapas oscurece el hecho de que la I+D es inherentemente de muy alto riesgo: la probabilidad de éxito es del 7% en las primeras etapas y del 17% una vez que las posibles vacunas pasan a ser probadas en seres humanos”. En esta línea, el informe dice que aunque los gobiernos están haciendo apuestas a largo plazo sobre las posibles vacunas que esperan que 'ganen', “la mayoría perderá”.
Además, la fabricación es uno de los desafíos que “más desapercibido” pasa en todo este proceso. “Una vez que tengamos una vacuna o vacunas que funcionen, necesitaremos fabricar miles de millones de dosis lo más rápido posible. En este momento, no tenemos la suficiente capacidad de fabricación para ello —y ningún país tiene el incentivo de ampliar la escala por sí solo–. Sin embargo, cada dosis de vacuna que el mundo no fabrique rápidamente implicará una pandemia más larga, más muertes y una recesión mundial más larga”.
La organización hace énfasis en la distribución equitativa entre países para poner fin a la pandemia: “Algunos gobiernos que han apostado por algunas vacunas quizás ganen esas apuestas, pero si utilizan todas las vacunas disponibles solamente para proteger a su gente, estarán extendiendo la duración de la pandemia en todas partes. También estarán contribuyendo al aumento de fallecidos”.
Iniciativas mundiales en marcha
El informe recuerda que aún no se sabe exactamente cómo se va a organizar una respuesta mundial colaborativa. Menciona el Acelerador del acceso a las Herramientas contra el COVID-19 (ACT-A) que la Organización Mundial de la Salud puso en marcha a finales de abril de 2020 y reúne a gobiernos, organizaciones sanitarias, científicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y de filantropía. “Es el esfuerzo de colaboración más serio que existe hasta la fecha para poner fin a la pandemia”, señala el texto.
Sus dos principales socios son la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI)— que tiene en su cartera nueve posibles vacunas contra el COVID-19— y GAVI, la Alianza para las Vacunas, impulsada por la Fundación Bill y Melinda Gates. “Nuestra fundación apoya el ACT-A, y por ello instamos a otros a unirse con nosotros. Para que quede claro, financiar adecuadamente estas organizaciones y otros socios claves costará mucho dinero —que no es nada comparado con el coste que representa una supurante pandemia”. A su juicio, un enfoque colaborativo reducirá en muchos meses el plazo de recuperación del mundo.
Uno de los pilares de la iniciativa es el mecanismo COVAX, con el que se busca invertir en varias vacunas candidatas prometedoras –permitiendo a los fabricantes producir a gran escala– y garantizar que las dosis necesarias estén disponibles lo antes posible tanto para los países de ingresos más altos como para los de menores ingresos. La idea es adquirirlas en común y asegurar el “acceso justo y equitativo” a ellas para todas las economías participantes mediante un marco de asignación que está elaborando la OMS. Hasta ahora, 80 países de ingresos más altos han mostrado interés en el mecanismo. Si se comprometen finalmente a participar, se asociarán con 92 países de ingresos bajos y medianos, que recibirán fondos del instrumento financiero de COVAX (AMC). COVAX ha apostado por nueve vacunas candidatas. El objetivo inicial es tener 2.000 millones de dosis disponibles para finales de 2021, que consideran que debería ser suficiente para proteger a las personas vulnerables y de alto riesgo, así como a los trabajadores sanitarios.
Paralelamente, muchas voces han pedido en estos meses una vacuna libre de patentes. En mayo, más de 140 líderes y expertos mundiales, entre ellos el presidente de Sudáfrica, el primer ministro de Pakistán, el presidente de Senegal y el presidente de Ghana, firmaron una carta abierta en la que pidieron a todos los Gobiernos que se unieran para conseguir una vacuna “universal” contra la COVID-19. La misiva, coordinada por ONUSIDA y Oxfam exigía que todas las vacunas, tratamientos y pruebas “estén libres de patentes, se produzcan en masa, se distribuyan equitativamente y se pongan a disposición de todas las personas, en todos los países, de forma gratuita”. El texto defendía, además, que el mundo “no puede permitirse que los monopolios y la competencia se interpongan en el camino de la necesidad universal de salvar vidas”.
También en mayo, 30 países se unieron a una iniciativa de Costa Rica y la OMS, Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19(C-TAP), para compartir conocimiento, con el objetivo de “acelerar el desarrollo de vacunas, fármacos y otros recursos técnicos mediante la investigación científica abierta”.