La élite económica es parte integral del sistema de Vladímir Putin. Un puñado de empresarios cuya lealtad al actual presidente es recompensada con grandes cantidades de dinero, mansiones, yates y jets privados. Ahora esos activos son el objetivo de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, que intentan presionar a los oligarcas con sanciones individuales que corten el acceso a las riquezas acumuladas en los últimos 20 años. En concreto, la UE ha anunciado la aplicación de “medidas de inmovilización de bienes y prohibición de viajar por actos que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania” contra 862 personas y 53 entidades.
En Francia, el Ministerio de Economía ha puesto en marcha un grupo especial para rastrear las cuentas bancarias y las propiedades de las personas incluidas en esta lista. Agrupa miembros de la dirección general de Finanzas Públicas, del servicio de Aduanas, de la dirección general del Tesoro público y de Tracfin, un servicio público especial puesto en marcha para luchar contra el blanqueo de dinero y circuitos financieros clandestinos. El Ministerio explica que, una vez identificados por las autoridades, los dueños conservarán la propiedad de los bienes, pero no podrán transferirlos o venderlos. En Francia, sólo una decisión judicial o circunstancias especiales permiten la confiscación de un bien.
Ese fue el caso del yate Amore-Vero, propiedad del oligarca Igor Setchine, presidente del gigante petrolero Rosneft, incautado en el astillero de La Ciotat, cerca de Marsella, sólo unos días después de la puesta en marcha del grupo especial. Según las autoridades francesas, el barco había llegado en enero para realizar trabajos de mantenimiento que debían durar hasta abril. Sin embargo, “en el momento de la inspección, el barco estaba haciendo los preparativos para salir rápidamente, sin haber terminado los trabajos previstos”. La intención de sacarlo del territorio permitió la incautación del yate, valorado en 120 millones de euros y cuya cubierta principal cuenta con una piscina que puede transformarse en un helipuerto. Además, cuatro cargueros a nombre de empresas rusas que estaban atracados en puertos franceses del Atlántico fueron inmovilizados en los días posteriores.
Biarritz, los Alpes y la Costa Azul
“Francia es un país de acogida ideal para las ganancias ilícitas”, señalaba hace unos días Sara Brimbeuf, directora de la ONG Transparencia Internacional Francia a la agencia AFP. “Y los inmuebles de lujo son la vía preferida para el blanqueo de beneficios procedentes de la corrupción o la malversación de fondos públicos”. En los últimos años, medios de comunicación y ONG han señalado la presencia de muchos activos de los oligarcas rusos en territorio francés, especialmente en la Costa Azul, en los barrios acomodados del oeste parisino y en estaciones alpinas como Courchevel. El ministro de economía, Bruno Le Maire, ha estimado que podrían embargarse o congelarse en Francia “casi un billón de dólares” de activos rusos.
También en Biarritz, donde la élite rusa ha estado muy presente desde que, a mediados del siglo XIX, cuando el zar y su corte se desplazaron por primera vez para un encuentro con Napoleón III.
En la costa vasca, Gennady Timchenko adquirió, en 2007, una mansión con vistas al Atlántico. Este oligarca hizo una fortuna en el petróleo gracias a una empresa de mediación y a la intervención estatal de la multinacional Yukos, ordenada por Putin en 2003. En otro tiempo, Timchenko gozó de los favores del Estado francés: en 2013 fue nombrado Caballero de la Legión de Honor en 2013 por su papel “decisivo” en el ascenso del grupo Total en el capital de la empresa de gas Novatek. Señalado ahora por las sanciones, según el diario Libération, actualmente posee un apartamento en París y hoteles en Cap Nègre (Costa Azul) y en Méribel (Alpes). Falta que las autoridades lo señalen como propietario legal de bienes en territorio francés. En Italia, la policía de San Remo confiscaba hace unos días el Lena, uno de sus yates.
Sin embargo, la mansión de Biarritz no forma parte del patrimonio de Timchenko desde 2012. Según desveló Reuters, la propiedad fue vendida a Kirill Shamalo, por aquel entonces yerno de Putin y miembro del consejo de administración del grupo petroquímico Sibur, en el que coincidió con el antiguo primer ministro francés François Fillon. Cerca de esa residencia, en el municipio vecino de Anglet, se instaló también Lyudmila Putina, exesposa del presidente ruso, en una propiedad adquirida por otro empresario, Arthur Ocheretny, con quien Putina se casó en 2015, según los medios rusos.
Barreras
El Ministerio francés ha enviado un mensaje a bancos, notarios y compañías financieras de Francia pidiéndoles que controlen las cuentas bancarias de los intereses rusos y que bloqueen las que puedan estar relacionadas con la lista elaborada por la Unión Europea. Y una notificación similar para los agentes inmobiliarios y los notarios, a los que se ha ordenado que bloqueen cualquier transacción que implique propiedades relacionadas con los objetivos de las sanciones. Sin embargo, por el momento el Ministerio de Economía francés aún no ha procedido a la congelación o incautación de bienes inmobiliarios.
Uno de los retos a los que se enfrentan los investigadores es la dificultad para establecer la verdadera identidad de los propietarios de muchos edificios de lujo, que se esconden en una maraña de empresas tapadera o a nombre de testaferros. “En muchos casos la propiedad es de una empresa domiciliada en un paraíso fiscal; descubrir quién es el verdadero beneficiario es complicado y requiere una investigación”, explica Francesco Giumelli, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Groningen (Países Bajos) y experto en sanciones económicas.
El principal ejemplo es el propio presidente ruso que casi no tiene activos a su nombre, aunque se le considere el hombre más rico del mundo. Un recordatorio también de la opacidad del sistema financiero mundial, que puede servir de argumento para relanzar nuevas reformas internacionales en este ámbito. “El problema es que la transparencia a menudo choca con otros derechos, por ejemplo el derecho a la privacidad, así que no es tan sencillo. Además, la superposición de varios sistemas legales en distintos países complica aún más la cuestión”, señala Giumelli.
Por eso el grupo puesto en marcha por el Gobierno francés también colabora con los servicios de inteligencia exteriores (DGSE) e interiores (DGSI) para “identificar a las personas que contribuyen al esfuerzo bélico del Kremlin y que probablemente tengan activos en Francia y la Unión Europea”, según ha explicado el Ministerio. Este arsenal de medidas dirigido al entorno de VladÍmir Putin es uno de los pilares de la respuesta económica decidida por la UE a la invasión de Ucrania, junto con el bloqueo de material tecnológico y la salida del sistema de pagos SWIFT.
En los últimos años, la oposición rusa había señalado repetidamente la importancia de esa élite económica. “La guerra contra Ucrania continuará porque Putin la necesita”, dijo en una entrevista con Le Monde en marzo de 2015 Alexei Navalny, menos de un año después de la anexión rusa de Crimea. “Para que sean efectivas, desde mi punto de vista, las sanciones deberían dirigirse al partido de la guerra, a los oligarcas, a los propagandistas, a los ejecutivos de los medios de comunicación y a sus familias, a todos aquellos que hacen grandes discursos sobre el mundo occidental amoral, pero que van allí a pasar el fin de semana o envían a sus hijos a estudiar”.
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