Luis Carlos Díaz no puede hablar de lo que le pasó. No puede confirmar la versión que su mujer, Naky Soto, ha transmitido, ni hablar expresamente del momento del arresto: el juez que lleva el caso de su detención se lo ha prohibido. Pocos días después de su liberación, hablamos con él y sobre la nueva situación que se le abre a uno de los activistas en redes sociales más reconocidos del país. Debe presentarse ante el juzgado cada ocho días y no tiene permiso para salir del país.
Naky Soto es la única que trazó una hipótesis sobre la detención del periodista. Horas después del arresto, ella explicó que el lunes por la noche, a la vuelta de la emisora a la que había acudido para hablar del apagón eléctrico que afectó a Venezuela durante casi cinco días, dos camionetas secuestraron a su marido. Soto contó a los medios que acudieron a solicitar información que se lo llevaron encapuchado al Helicoide, el centro de detención conocido por albergar presos opositores. Allí, supuestamente, fue sometido a interrogatorios entre abusos.
Díaz ha escrito varios artículos en los que ilustra, a través de la voz de otros apresados por su actividad digital, las condiciones en las que los mantienen: incomunicados, sin acceso a un abogado y sometidos a malos tratos. “Las viví”, puede decir ahora.
Según la información que se hizo pública, poco después de llevarse a Díaz, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) realizó un allanamiento de la casa que comparten y se llevan sus ordenadores, teléfonos y otros dispositivos. Esta parece ser una razón plausible para que el periodista no apareciese por las redes sociales -“su casa”- durante varios días después de que fuera liberado. Desde hace años, Díaz se ha servido del espacio digital para informar de su experiencia en la oposición. Pero también para enseñar a los usuarios que le siguen -372.000- a moverse en la red y protegerse de sus vulnerabilidades.
En esa operación incautaron también medicamentos con los que Soto se está tratando un cáncer de mama y dinero que tenía guardado para la operación. Soto aseguró que los agentes sabían donde estaban y para qué los utilizaba.
Ante las denuncias, Amnistía Internacional ha declarado al activista prisionero de conciencia, mientras que la ONG Espacio Público se ha movilizado para representar su defensa y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha pronunciado a su favor.
Sin resultados concretos del proceso judicial que atraviesas, ¿cuál es a tu parecer la razón por la que deciden detenerte?
Ellos tienen muchos frentes de conflicto abiertos, que en realidad son crisis que se han generado por sus propias decisiones políticas. Hay falta de alimentos, de medicinas, fallas estructurales gravísimas y un estado de ingobernabilidad continuo. Un país que está colapsando. Ahora, se suma lo eléctrico, y como siempre necesitan generar un espectáculo que desvíe la atención.
Lamentablemente, en esta ocasión el espectáculo fui yo, una persona detenida que puede durante uno o dos días desviar la atención de la agenda pública y en paralelo puede servir como escarmiento o amenaza contra el resto de comunicadores, ciberactivistas, la gente que participa en redes y demás. Solo que en este caso, quizás por el nivel de presión o por la respuesta que ha habido, la jugada fue más difícil y al final terminó en libertad, aunque todavía condicional y con presiones constantes.
Llevas denunciando en redes muchas de las maniobras del Gobierno, pero nunca habían llegado a la detención. Es decir, que Maduro ha permitido la crítica. ¿Dónde estaba el límite?
Eso ha cambiado por completo. Maduro ya no tiene un límite. Pasó de decir hace un par de años “que me digan dictador” a luego decir que no, que de esa manera no se le puede llamar. De hecho, al periodista Jorge Ramos, de Univisión (...) primero lo encierran, le quitan todos los equipos y lo votan del país por llamarlo dictador o confrontarlo con la realidad. El chavismo es como lengua de fuego y piel de bebé, y cuando los atacan o los critican responden casi hasta fingiendo molestia, fingiendo dignidad, como quien se siente herido por las cosas que le dicen.
¿No hay entonces un punto crítico donde os pongáis barreras? Donde penséis: “esto no se puede tuitear”.
Yo sigo una premisa muy sencilla: no tuiteo nada que no tenga comprobado, confirmado, algo que no haya un dato que lo compruebe. No corro a dar primicias de casos que no sean de mi materia de especialidad. Trabajo con framing: es decir un encuadre, no solo contar las cosas que pasan sino cómo interpretar como pasan. No hay un límite, hay temas donde no hay que hablar si no se es especialista.
¿El Gobierno de Maduro sabe moverse en redes sociales? ¿Comprende cómo es el debate en estas plataformas?
El chavismo en general no entiende las redes sociales. Entienden la comunicación de forma militar, es decir: vertical, obediente, con pensamiento único donde hay tropas digitales y todos tienen que seguir la misma línea y todo lo que salga es conspirativo, antipatriótico y demás. No entienden para nada las conversaciones espontáneas, no entienden las campañas ciudadanas. Siempre acusan de que son pagadas, que son inorgánicas. Ni Maduro, ni su gabinete, ni Chávez en su momento entienden las redes, por fortuna. Eso es lo que nos da ventaja a los ciudadanos.
Cuando fuiste liberado aseguraste que no podías hablar del caso pero sí hacer periodismo. ¿Cómo continúas tu labor de aquí en adelante?
Hay unos límites claros, que son los del tribunal. También hay un juego político en el que las autoridades o al menos quienes se incomodaron con mis opiniones siguen muy pendientes con lo que digo. Tengo que cuidarme, estoy tratando de evitar espacios en vivo, como la radio.
En cuanto a mis redes sociales, tardé muchos días en recuperar su uso. Lo que tengo que hacer es mantener mi trabajo, entendiendo que tengo algunas restricciones de movilidad. Me toca pensar mucho en otros modelos de financiación pero tengo que pensar si lo puedo hacer aquí en Venezuela o si me van a volver a encerrar o expulsar del país. Todas esas son decisiones que no dependen de mi sino de la presión gubernamental de estos días.
¿Desde Venezuela se puede desarrollar este tipo de activismo? ¿Os planteáis salir del país cuando termine el juicio?
Va a ser inevitable que se mantenga un activismo en Venezuela dentro y fuera porque la situación solo empeora. De hecho, gente que no era parte de estos movimientos se suma, que de pronto se ve afectada. Hace 10 años había gente que reclamaba cosas relacionadas con la democracia, con los derechos humanos, pero no había gente que está reclamando por enfermedades porque hoy no tiene el medicamento y que se están muriendo.
La cantidad de gente que se manifiesta públicamente, que es activista, que exige reivindicaciones sociales solo ha aumentado porque la sociedad civil se ha visto afectada por la crisis del chavismo, hay una especie de entrega de relevos. Hay gente que ha recibido presión suficiente como para tener que salir del país y otros que se mantienen dentro luchando. Hay que pensar que Venezuela es un país democrático, con una sociedad civil formada que conoce la democracia y la va a exigir. En ese sentido, no somos Corea del Norte ni somos Cuba.
¿Cómo calificas el ejercicio del periodismo allí en comparación con otros países donde se sufren reiteradas violaciones de derechos humanos por prácticas similares?
En Nicaragua se vive una situación parecida a la nuestra porque las franquicias del sandinismo y el chavismo tienen cosas en común, las perversiones a las que han llegado. Me preocupó muchísimo ver a alumnos y amigos míos perseguidos, hostigados, exiliados por su trabajo. Nicaragua está mucho más abandonada; las migraciones de Venezuela son muy marcadas en el continente, desestabilizan la región y se convierten en un problema prioritario.
He dado clases de periodismo en toda América, durante muchos años decía que México y Honduras estaban peor porque los periodistas eran asesinados y desaparecían, y después de lo que ocurre en Venezuela puedo decir que tenemos que estar muy pendientes, generar muchas alertas y límites, si no son institucionales pues de opinión pública para que el Gobierno no se atreva a empeorar la arremetida contra la prensa. Es duro y difícil pero comparándonos con el resto del continente, Venezuela tiene que estar en las prioridades porque no es tanto lo grave que son las cosas sino el deterioro, de dónde veníamos. Nosotros éramos un país estable, democrático, con bajos niveles de conflictividad y ha pasado a ser uno de los más violentos del mundo.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) avisa además de que estos actos y ataques contra periodistas no son solo un ataque al gremio, sino que deja a la ciudadanía venezolana sin información.
Los ataques a la prensa impiden que la gente se entere de las cosas que pasan. A diferencia de otros países, el Estado venezolano no rinde cuentas: no tenemos acceso por ejemplo a la cifra de inflación, a las cifras epidemiológicas; nos las niegan. Ni de homicidios, secuestros, robos, nada que tenga que ver con seguridad porque los gobernantes creen que las cifras van en su contra así que en ocasiones ni siquiera las recogen. No se rinde cuentas sobre los salarios de los funcionarios públicos, sobre las contrataciones, sobre los acuerdos con otros países. Es un Estado opaco, blindado, cerrado a la ciudadanía.
Los periodistas, más o menos con distintas fuentes y expertos paralelos, pueden contar qué ocurre en el país. Al acabar con los periodistas se rompe con la noción de país que tiene la gente. Los canales de televisión no pueden denunciar, están totalmente controlados y casi no hay periódicos. Los que eran libres e independientes los dejaron sin papel, así que a la gente solo le quedan las redes sociales pero en ellas te consigues el caos: la espontaneidad de un montón de gente que no siempre es competente para las cosas que dice.
El Grupo de Lima responsabiliza al Gobierno de Maduro del apagón eléctrico. ¿Qué información están dando a la ciudadanía sobre el origen del apagón?
La información oficial, la que da el Estado venezolano es que todo son sabotajes, conspiraciones y demás. La información real, la que se maneja desde hace una década es que las inversiones y el mantenimiento del sector eléctrico han sido totalmente caóticos o incluso fuente de corrupción. Cuando hablamos de corrupción de Venezuela estamos hablando de miles de millones de dólares. El Grupo de Lima responsabiliza a Maduro porque en Venezuela la electricidad no es de una empresa privada ni nada, fue estatizada hace bastante tiempo y ha ido deteriorándose desde la esfera que menos le paga a sus empleados. Los salarios son de menos de 10 dólares al mes, y con eso no mantienes el parque eléctrico. No se importaron las piezas, no se hizo mantenimiento y todo eso pasa factura.