Si el rumbo no cambia, Chile camina derecho hacia el segundo fracaso de su proceso constituyente. La propuesta de nueva Constitución aprobada este lunes por el Consejo Constitucional, un órgano controlado por el ultraderechista Partido Republicano (con 22 de los 50 escaños) y la derecha tradicional (11 escaños) que desde junio redactaba el texto, no concita el apoyo ciudadano para ser implementada. De mantenerse la tendencia actual, el país podría convertirse en el primero del mundo en acumular dos procesos constituyentes fallidos. Entre ambos ha pasado solo un año y tres meses.
El texto, que fue aprobado por los 33 votos de las derechas a favor y los 11 de la izquierda y centroizquierda en contra, tiene el sello conservador de los partidos que han marcado el compás de este segundo intento. “A la izquierda no le gusta esta propuesta y la caricaturiza porque tiene miedo de que el éxito de esta Constitución termine con su relato y cierre la puerta a las ideologías que tanto daño han hecho”, dijo la consejera republicana Ángeles López durante el debate. Desde el Partido Comunista, su par Karen Araya replicó que la nueva norma “es más de derecha” que la que está vigente. “Es más conservadora y va a profundizar más las desigualdades”, añadió.
Entre los artículos criticados por los partidos gubernamentales está la cláusula que protege “la vida de quien está por nacer”, que podría poner en riesgo la ley de aborto en tres supuestos básicos (inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación), aprobada en 2017 tras varias décadas de lucha del movimiento feminista. También causaron polémica, entre otras, las cláusulas sobre la expulsión inmediata de los migrantes en situación irregular o las que mantienen el Estado subsidiario actual y apartan el Estado social de derecho, una de las mayores ambiciones del progresismo para este proceso.
“Es una propuesta que retrocede en algunas de las cuestiones problemáticas que la doctrina constitucional chilena ha discutido en las últimas décadas”, dice a elDiario.es la abogada constitucionalista Tania Busch. A su juicio, “no resuelve” los problemas de la actual carta magna de 1980 que condujeron a la crisis actual, sino que “en cierta medida, los acentúa”. Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, opina que el articulado incluye los aspectos “identitarios para la derecha”. La semana pasada, el consejero de ultraderecha Luis Silva reconoció que el texto constitucional “acomoda más” al espectro que va “desde la centroderecha hacia la derecha”.
Un rechazo “muy instalado”
Hace meses que las encuestas vaticinan un rechazo contundente del texto por parte de la ciudadanía. El líder de la ultraderecha, José Antonio Kast, erigido ahora en uno de los defensores del nuevo texto fundamental, dijo hace unos días que en el mes y medio que falta para el 17 de diciembre, cuando se votará la propuesta de Constitución en un plebiscito, logrará “dar vuelta” a los pronósticos de los sondeos y sumar los votos para que gane la opción “a favor (de la nueva Constitución)”. “Tenemos una gran oportunidad, inmejorable, para cambiar el futuro de Chile”, señaló, a pesar de que siempre se opuso a sustituir la carta magna vigente, heredera de la dictadura de Augusto Pinochet.
“Es muy difícil en 60 días cambiar esa opinión porque está instalada con mucha fuerza”, asegura Marco Moreno, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Según indica, la evidencia comparada a nivel mundial muestra la complejidad de “revertir una diferencia de 20, 25 o 30 puntos que marcan los estudios de opinión” en tan poco tiempo. Además, añade, este segundo intento “no ha concitado mucho interés porque la ciudadanía está cansada y experimenta una suerte de fatiga del tema”.
Tania Busch ve “poco probable” cambiar los malos pronósticos, pero recuerda que en las últimas votaciones “el electorado chileno ha demostrado variar muchísimo su elección” hasta alcanzar resultados “no previstos” por las encuestas.
“Repitiendo errores del proceso anterior”
El proceso ha estado marcado por la falta de consenso. “No hubo espíritu de diálogo”, opina Espinoza. La derecha acusó a los partidos del Gobierno de “no querer sumarse a las conversaciones” –explica el académico– mientras que, por otro lado, la izquierda y centroizquierda criticaron que los conservadores “pasaron la apisonadora” durante las distintas fases de redacción.
El Partido Republicano y la coalición de derecha Chile Vamos presentaron casi 400 enmiendas (de un total de 1.099) para modificar con profundidad el borrador inicial elaborado por una comisión experta como base para el trabajo del Consejo. Era un anteproyecto que había generado cierto consenso. “Si bien no entusiasmaba a ningún sector, dejaba las cuestiones controvertidas para la discusión democrática y permitía cerrar el problema constitucional”, sostiene Busch.
Para los analistas, se están “repitiendo los mismos errores del proceso anterior”. Entonces, al contrario que ahora, el itinerario constitucional fue guiado por un órgano de mayoría progresista, integrado por militantes de izquierda e independientes, que elaboró una propuesta de carta fundamental que fue considerada “refundacional” porque proponía amplios cambios en la institucionalidad.
A la espera de los partidos del Gobierno
Aunque fuera de foco los partidos de la coalición de Gobierno han explicitado la posibilidad de rechazar el texto, no ha habido aún un pronunciamiento oficial. Es evidente que el Ejecutivo de Gabriel Boric no comulga con la propuesta emanada del Consejo, pero está por ver si hay unidad dentro de la coalición sobre la decisión final. “No sería nada de raro ver diferencias en los patrones de votación del Partido Comunista y el centroizquierda”, advierte Espinoza.
Los expertos coinciden que el peso de un eventual segundo fracaso no recaería tanto en el presidente y su Gobierno, sino en el Partido Republicano, que ha encabezado el proceso. “Los ciudadanos son conscientes que en la elección del Consejo le entregaron al Partido Republicano una mayoría para que condujera este proceso”, indica Marco Moreno. Una segunda oportunidad fallida impactaría “mucho más en el liderazgo de Kast que en Boric”, añade. Si eso ocurre, la ley establece que seguirá vigente la actual carta magna, aunque persistirá, señala, “el problema de su legitimidad de origen”.
Boric avisó hace meses que durante su mandato no habrá una tercera oportunidad para iniciar un nuevo proceso y los expertos ven pocas posibilidades de reabrir un nuevo itinerario constitucional en el corto o mediano plazo. Para la abogada Busch, ante este escenario, la única manera de avanzar sería con reformas a la carta fundamental que “recojan cuestiones de consenso social”. Y concluye: “El problema constitucional no se diluirá por haber fracasado dos veces, se agravará y va a volver a aparecer no se sabe cuándo”.