El jurista y académico Benny Tai, figura clave en el movimiento democrático de Hong Kong, acaba de denunciar públicamente que corre el riesgo de ser secuestrado. El pasado 3 de abril publicaba en su muro de Facebook esta advertencia: “Si me ven salir de Hong Kong con destino a China continental o Macao, por favor, pregúntenme si lo hago de modo voluntario. Y si aparezco en televisión afirmando lo contrario, piensen que me encuentro bajo coerción o amenaza”.
Benny nunca ha sido una personalidad complaciente. Desde que en 2013 lanzó la iniciativa de ocupar el distrito financiero de Hong Kong que más tarde desembocaría en la Revolución de los Paraguas, ha estado en el punto de mira de las autoridades chinas. Pero últimamente los ataques se han intensificado, con grave riesgo para su seguridad personal. El activista denuncia haber sido vigilado y seguido de modo permanente en los últimos días, argumentando que se han publicado fotos suyas en lugares que raramente frecuenta, adonde ha acudido de manera privada con el propósito de no ser localizado por nadie.
“Es probable que alguien esté interceptando mis comunicaciones para conocer de antemano los lugares a los que me dirijo y realizar fotografías sin mi consentimiento”, apunta Tai, dirigiendo su índice acusador a “una poderosa agencia” vinculada al Ejecutivo chino.
William Nee, responsable de investigación de Amnistía Internacional en China, ha respondido a las cuestiones de este diario sobre el alcance de la situación: “En los últimos años hemos visto cada vez con mayor frecuencia cómo los activistas chinos tratan de controlar de manera preventiva la narrativa sobre los hechos ante la posibilidad de ser arrestados, asegurando que si en algún momento realizan una ‘confesión’ en televisión no será de forma voluntaria. Resulta inquietante que este tipo de táctica preventiva se esté utilizando ahora en Hong Kong, que se supone que debería gozar de un alto grado de autonomía”.
La actual persecución frente a Benny Tai viene labrándose desde hace mucho tiempo, orquestada por Pekín, pero el detonante ha estallado esta misma semana. Durante un reciente acto académico celebrado en Taiwán –país a quien China considera “provincia rebelde”–, el activista reflexionó sobre la posibilidad de que Hong Kong, junto a otras regiones con poblaciones étnicas diferenciadas, pergeñe algún modelo político que le permita gozar de independencia –quizá en el seno de una federación o confederación– cuando el Gigante Asiático logre la democracia.
La agencia de noticias oficial Xinhua inmediatamente se apresuró a recordar la política de “tolerancia cero” del Gobierno chino ante ese tipo de propuestas. Poco después, el 30 de abril, un portavoz del Ejecutivo hongkonés publicaba un poco habitual comunicado público de condena. La Delegación del Gobierno Chino en Hong Kong y la Oficina del Consejo de Estado se unieron a la campaña emitiendo sendos comunicados contra Tai. Tres días después, el periódico Diario del Pueblo, portavoz del régimen, instaba a las autoridades a emprender acciones legales.
Como consecuencia, 41 diputados de Hong Kong vinculados a partidos a favor del statu quo han cerrado filas junto al poder y se han implicado en una feroz campaña para que la Universidad de Hong Kong inhabilite al docente.
La polémica revela una maniobra por parte de las autoridades gubernamentales destinada a reforzar la legislación sobre seguridad nacional para restringir la libertad de expresión, la libertad de las universidades y la discrepancia política en Hong Kong. Además, divide al bando prodemocracia, obligando a sus integrantes a posicionarse a favor o en contra de la independencia, lo que alimenta el enfrentamiento interno.
Kinman Chan, compañero de Tai, sintetiza la situación de modo inquietante: “Se están resucitando prácticas de los tiempos de la Revolución Cultural”.