La coalición alemana de socialdemócratas, verdes y liberales ha anunciado este miércoles un acuerdo para poner fin a la crisis presupuestaria desatada por una sentencia del Tribunal Constitucional y que pasa por recortes en los presupuestos generales por valor de 17.000 millones de euros y sin tocar el freno de la deuda para 2024.
“Mi mensaje más importante es que el Gobierno mantiene sus objetivos: impulsar la transformación hacia la neutralidad climática, reforzar la cohesión social y mantenernos al lado de Ucrania en su lucha defensiva contra Rusia”, ha declarado el canciller, Olaf Scholz.
“Claramente tenemos menos dinero para alcanzar estos objetivos”, ha admitido en una rueda de prensa, en la que ha señalado que por ello es necesario hablar de “recortes y ahorro”.
Tras varias semanas de intensas negociaciones, el canciller ha comparecido en Berlín con el vicecanciller y ministro de Economía, el verde Robert Habeck, y con el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner.
El agujero de 17.000 millones de euros en los presupuestos generales de 2024 se cerrará a través de la eliminación de “subvenciones dañinas para el clima”, así como de la reducción de gastos de diversos ministerios“, ha dicho Scholz, sin entrar en detalles.
Al mismo tiempo, los gastos del Fondo para el Clima y la Transformación (KTF), el polémico fondo extraordinario en el centro de la sentencia del Constitucional, se reducirán en 12.000 millones el año que viene y en 45.000 millones hasta 2027.
El recorte de 17.000 millones de euros permitirá cumplir con los objetivos del déficit para 2024 y dejar intacto el freno de la deuda –que limita el endeudamiento al 0,35 % del PIB–, lo que constituía una línea roja para los liberales.
Ayuda a Ucrania
Por otro lado, de los presupuestos generales se destinarán 8.000 millones de euros al envío de armas y las ayudas financieras a Ucrania, más 6.000 millones a los refugiados ucranianos en Alemania.
“Si la situación en el frente empeora u otros reducen su ayuda a Ucrania, tendremos que reaccionar”, ha afirmado Scholz, y ha explicado que hay un acuerdo para, llegado el caso, proponer al Parlamento que se levante el freno de la deuda para poner contraer más créditos.
Habeck, por su parte, ha detallado que para aumentar los ingresos del Estado se subirán los impuestos a las emisiones de CO2 y se recortarán algunos programas de subvenciones, entre ellos uno para la industria solar.
No obstante, éste es “el precio a pagar” para mantener los “pilares centrales” de lanzamiento de la industria de hidrógeno verde, la descarbonización y el impulso de la transformación en el ámbito de la calefacción, señaló.
Lindner, por último, se ha congratulado de que sea posible “mantener el curso de consolidación fiscal” y cumplir con el freno de la deuda.
No obstante, en vista de que el desarrollo económico “no es satisfactorio”, se realizarán “inversiones récord” para impulsar la coyuntura, también a través de lo que ha calificado como “vías creativas”, por ejemplo, a través de la privatización de una filial de la compañía de ferrocarriles Deutsche Bahn.
Entre los recortes ha citado 3.000 millones de euros en subvenciones a los productos como los vasos de plástico y un recorte de las ayudas sociales por valor de 1.500 millones de euros, que, sin embargo, no impactará los “estándares sociales”, sino que se logrará supuestamente con ajustes para facilitar la integración en el mercado laboral.
Crisis presupuestaria
El caos en torno a los presupuestos se produjo después de que una sentencia del Tribunal Constitucional declarara nula la reasignación de 60.000 millones de euros vinculados a la pandemia del coronavirus a un fondo extraordinario para la transformación económica.
La sentencia ha puesto en entredicho la legalidad de otros fondos extraordinarios constituidos de forma similar, lo que ha obligado a presentar un presupuesto complementario para tapar los gastos descubiertos de 2023.