Las protestas callejeras en América Latina no cesan. Primero fue el turno de Ecuador y después de Chile y Bolivia, que siguen siendo escenario de manifestaciones multitudinarias y una fuerte represión estatal, y este jueves se suma otro país más a las movilizaciones: Colombia.
Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, indígenas y partidos políticos opositores del país han sumado fuerzas para protestar contra las políticas económicas y sociales del Gobierno que preside Iván Duque en un paro nacional que podría ser uno de los más multitudinarios de los últimos años.
La convocatoria de esta huelga general es resultado del descontento social que se ha ido acumulando en los últimos meses y que se agudizó cuando a principios de octubre la Central Unitaria de Trabajo (CUT) advirtió que la reforma laboral y de pensiones que planea implementar el gobierno de Duque “busca empeorar las condiciones de los trabajadores y pretende aumentar las ganancias de los empresarios”.
Los organizadores del paro nacional recuerdan que esas reformas que se estarían discutiendo contemplan, entre otras medias, un recorte del salario mínimo para jóvenes, un aumento en la edad de jubilación y en la cotización de los trabajadores.
Sin embargo, el presidente colombiano ha señalado en varias ocasiones que su gobierno no ha presentado ninguna reforma en materia laboral o de pensiones ante el Congreso y, si se llegara a dar el caso, ha asegurado que sería de forma consensuada entre el Ejecutivo, empresarios, sindicatos y representantes de los gremios trabajadores.
Más allá de esas posibles reformas, el pueblo colombiano tiene otros muchos motivos para salir a la calle este jueves. El incesante asesinato de líderes sociales en todo el país, un desempleo en aumento que ronda ya el 11%, la corrupción, la crisis en la educación pública y las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno para combatir el narcotráfico son algunas de las razones de la huelga.
Otro de los principales reclamos es también la implementación del Acuerdo de Paz, que fue firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Pese a que han pasado 15 meses desde que Duque asumió el poder, el Ejecutivo sigue sin haber definido su política respecto al acuerdo, que además pasó por uno de sus peores momentos el pasado mes de agosto, cuando el exlíder guerrillero Iván Márquez anunció que el grupo insurgente retomaría las armas porque el Gobierno no había cumplido con lo pactado.
“La protesta ayuda a colocar el mensaje de que hay un acuerdo de paz que implementar. Siempre hemos dicho que este Gobierno simula la paz, pero es más amigo de la guerra y lo demuestra con todas las políticas que quiere implementar para militarizar los territorios, de volver al glifosato y de no respetar la política internacional como un elemento de soberanía”, cuenta a eldiario.es el analista colombiano Luis Eduardo Celis, experto en temas de conflicto y construcción de paz.
El Ejecutivo que dirige Duque también se vio sacudido en las últimas semanas por la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras ser acusado de ocultar la muerte de varios menores en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC. Si bien esas muertes generaron una oleada de indignación en el país, no han sido ni mucho menos el único incidente por el que el Ejército está en entredicho.
De hecho el fantasma de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que son presentados como bajas en combate, volvió de nuevo a Colombia el pasado mes de mayo, cuando el periódico The New York Times dio a conocer una directriz operacional del Ejército que presionaba a los militares para duplicar las muertes y capturas, tal y como ya se hizo en la década de los 2000 bajo el Gobierno del derechista Álvaro Uribe.
Fuerte desaprobación
Teniendo en cuenta el contexto, no hay duda de que el presidente Duque, que llegó al poder impulsado por Uribe, se encuentra en el peor momento de su mandato. Según la última encuesta de Gallup publicada a principios de este mes, la desaprobación de su gestión se sitúa en el 69%, la más alta de un mandatario en 14 años, mientras que su popularidad apenas alcanza un 26%.
“Es un gobierno errático, que carece de un proyecto que convoque a la mayoría de la sociedad. Está viviendo una situación de desgaste y descrédito enorme”, asegura Celis. Además, el gobernante Centro Democrático sufrió una dura derrota en las elecciones locales y regionales de octubre, perdiendo ciudades como Medellín y la propia capital, Bogotá.
La criminalización de la protesta
El paro de este jueves en Colombia coincide con un momento en el que varios países de América Latina viven fuertes estallidos sociales, como es el caso de Chile y Bolivia. Ante el temor de que en Colombia se pueda producir un efecto contagio, en los últimos días Duque no ha dejado de alertar sobre la violencia que se puede desatar durante la huelga.
El Gobierno ha ordenado extremar las medias de seguridad hasta el punto de cerrar temporalmente las fronteras para “evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público”. El Ejecutivo también ha criminalizado la protesta en todo momento y la desinformación en la red ha sido una constante para intimidar a la población.
La Policía Nacional ha realizado numerosos allanamientos en casas de estudiantes y activistas vinculados a la marcha, hecho que los organizadores del paro consideran una provocación.
“Es una protesta normal, pero parece que el Gobierno fuera a parar una guerra. El Ejecutivo ha dicho que tiene información sobre que habrá instigadores de violencia y que se podrían repetir las imágenes de países como Bolivia, Chile y Ecuador, pero no hay ningún informe creíble al respecto”, sostiene el investigador Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)..
“También hay que tener en cuenta que los sectores de la derecha podrían infiltrarse en la marcha para causar violencia para ayudar así al gobierno populista de Duque, que necesita crear un nuevo enemigo”, añade.
El paro nacional más importante y violento que ha vivido Colombia se produjo en septiembre de 1977 contra el gobierno de Alfonso López Michelsen, que no fue capaz de cumplir las expectativas generadas ni de cambiar el rumbo económico del país como había prometido. En aquella ocasión, la represión estatal contra los manifestantes fue contundente.
De momento, la convocatoria de este jueves ya se ha convertido en una gran confluencia de expectativas frustradas y reclamos de diferentes sectores de la sociedad y, aunque sus resultados son imprevisibles, sin duda supondrá un punto de inflexión en el liderazgo de Duque.