Colombia cumple este jueves una semana de movilizaciones ininterrumpidas. Es un hecho inédito, por su duración pero también por la transversalidad que han alcanzado. Las demandas del Comité Nacional de Paro oscilan desde eliminar la reforma de las pensiones hasta implementar los acuerdos de paz con las FARC, además de incluir reivindicaciones ambientales o de género y pedir medidas contra la corrupción.
Inicialmente, las organizaciones que convocaron el paro nacional solo preveían un día de manifestaciones, el jueves 21 de noviembre, pero el viernes siguiente amaneció con protestas espontáneas en el sur de Bogotá. Desde entonces, cada noche ha terminado con un cacerolazo de protesta en las principales ciudades del país.
Todas las demandas se concentran en una figura: el presidente colombiano, Iván Duque, miembro del partido conservador Centro Democrático. Su impopularidad ha llegado a máximos históricos: según la última encuesta de Gallup, el 69% de los colombianos rechazan su gestión. Karla Pérez, recién licenciada en Derecho, opina que “el problema del Gobierno de Duque ha sido su indolencia, su falta de empatía con los problemas sociales”.
Estos problemas son varios. Según un informe de 2018 de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en Colombia se necesitan once generaciones para que una familia de ingresos bajos llegue a ser de clase media. La pobreza multidimensional en el país fue del 19,6% en 2018, en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dos puntos porcentuales más que en 2017. La tasa de desempleo entre la población juvenil es del 18,1%.
Todo esto, en un contexto de crecimiento económico del 3% del PIB. Luis Eduardo Celis, asesor de la organización Redprodepaz, recuerda que “Colombia es una sociedad tremendamente desigual en la concentración de la tierra y del ingreso”. “Eso es lo que una parte de la sociedad quiere cambiar”, agrega.
Es la primera vez que se reúnen en una sola movilización tantas demandas sociales en el país. “Por fin diferentes organizaciones se encontraron en puntos comunes. Eso ha hecho que la movilización tome más fuerza”. Habla Sergio Bustos, representante campesino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Bustos asiste a los cacerolazos convocados en los barrios de Bogotá cada noche. “Los cacerolazos ni siquiera fueron algo premeditado, fue una iniciativa ciudadana (...) Fue espontáneo y único”, apunta.
Para el líder campesino, la clave de la inmensa movilización es que “todo el mundo se identifica con algún reclamo del paro”. Sin embargo, recuerda que muchas de las personas que participan en las marchas “no se identifican con movimientos políticos, sino en una indignación nacional”, una de las características que hace inéditas estas protestas. Celis coincide: “Hay una importante participación de capas medias de la población, de gente que no está en ninguna organización, pero a la que el discurso llegó, le convocó y salió a marchar”.
Un país sin tradición en movilizaciones masivas
Tradicionalmente, Colombia no ha sido un país de grandes movilizaciones. Por eso el país entero mira con estupor cómo niños y personas mayores salen a “cacerolear” en pijama por las noches. Cincuenta años de conflicto armado entre el Estado y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) han atravesado el país de una manera muy violenta, con consecuencias devastadoras sobre la participación política de la sociedad. “La guerra espantó mucho a la gente, a [la hora de] salir masivamente a las movilizaciones (...) Había una cultura política muy limitada”, explica Celis.
Bajo Ejecutivos siempre conservadores, las instituciones colombianas criticaron y reprimieron los movimientos sociales de manera sistemática. “Siempre, todos los Gobiernos, siempre han estigmatizado las protestas como iniciativas guerrilleras en el marco del conflicto para dañar y satanizar lo que sucedía”, lamenta Bustos.
Pero en la historia de Colombia, este estigma va mucho más allá de la protesta. Según la Escuela Nacional Sindical, entre 1977 y 2011 fueron asesinados 2.975 sindicalistas. Casi 90 cada año. La violencia ha disminuido, pero no ha desaparecido: en 2018, se registraron 28 homicidios contra estos líderes sindicales. El movimiento estudiantil también ha sido víctima, como demuestra un informe publicado por la Universidad Nacional y la Universidad del País Vasco. Los investigadores recopilaron 140 casos de asesinatos o desapariciones forzadas en la comunidad académica, tanto estudiantes como profesores, en los últimos 20 años.
Por otra parte, los líderes ambientales son los más golpeados en la actualidad. Solo en los últimos cinco años han sido asesinados 136 defensores del territorio, convirtiendo a Colombia en uno de los tres países con más homicidios de este tipo. Bustos recuerda las épocas más bajas de movilización campesina. “La gente decía que prefería conservar su vida antes que meterse en política. Preferían su vida”, sostiene.
Sin embargo, eso parece estar cambiando.
La semilla de la paz germina en los jóvenes
En la esquina de la calle 19 con la carrera cuatro, la policía antidisturbios colombiana disparó en la noche del lunes un artefacto aún no identificado contra la cabeza de Dilan Cruz, un joven que había asistido a las protestas del paro nacional. Dilan murió la noche del lunes pasado por el traumatismo craneoencefálico que le provocó el disparo. Tenía 18 años y se iba a graduar del instituto este mismo 26 de noviembre. Sus familiares afirmaron que quería entrar en la universidad, que había salido a las calles para reclamar una educación pública.
El mismo día en que Dilan debía graduarse, mientras cientos de colombianos lloraban su muerte en la misma esquina donde le dispararon, Karla Pérez dejaba de ser una estudiante de la Universidad Nacional de Colombia para convertirse oficialmente en abogada. Pérez sí pudo asistir a su graduación: en medio de la felicidad del día, ella y sus compañeros buscaron el tiempo para recordar al muchacho.
“Lo que pasó con Dilan es un gran ejemplo: un joven que salía del colegio y no podía acceder a la educación superior”, dice Pérez sobre las reivindicaciones estudiantiles que movilizaron a los alumnos en el paro nacional convocado el pasado 21 de noviembre. Para ella, los estudiantes le deben a Dilan y a muchos otros salir a las calles. “Los que podemos estar en las universidades tenemos un rol muy importante y una responsabilidad social con todas y todos los jóvenes del país”, zanja.
La firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, de la que se acaban de cumplir tres años, no ha hecho cesar la violencia en Colombia, pero ha traído cambios. Luis Eduardo Celis considera que “generó una esperanza de cambio en el país”.
Esa esperanza de cambio ha germinado especialmente entre las generaciones jóvenes. “Somos las primeras generaciones que vamos a empezar a trabajar en una Colombia libre del conflicto armado. Eso nos permite democratizar la política, la educación, el trabajo (...) Nos permite tener una mayor participación política”, explica Karla Pérez. Son precisamente los jóvenes los que valoran más negativamente la gestión de Duque, según el Barómetro de las Américas. Casi la mitad, el 48,2%, se declaran muy insatisfechos con la democracia colombiana, en cifras del DANE.
“Hay una maduración democrática en la sociedad colombiana, y eso se expresa en una juventud que se ha lanzado a las calles”, opina Celis. El analista indica que las protestas del paro nacional también muestran que “la izquierda en Colombia ha dejado de ser marginal”. De hecho, las elecciones presidenciales del 2018 ya apuntaron en esta dirección: ganó Duque, pero por primera vez en la historia del país pasó a segunda vuelta un candidato claramente enmarcado en la izquierda, Gustavo Petro, quien recabó más de ocho millones de votos. Casi el 42% de los sufragios frente al 54% de Duque. “Eso muestra que los colombianos tienen un debate fuerte sobre proyectos de sociedad”, asegura Celis.
Este debate se ve en las calles de Colombia, pero también en la mesa de negociaciones establecida entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno de Duque. Las conversaciones han dado hasta ahora pocos frutos, a pesar de las reiteradas afirmaciones del mandatario de estar dispuesto al diálogo. Por ejemplo, Duque se ha negado a debatir la disolución del ESMAD, el cuerpo de antidisturbios policial que se encuentra en el ojo del huracán por la muerte de Dilan, y no se ha pronunciado sobre la mayoría de las reivindicaciones de los manifestantes. El Ejército sigue en las calles. La respuesta del Comité ha sido convocar una nueva jornada de huelga general para este 27 de noviembre.
Sin embargo, Bustos asegura que estas movilizaciones van más allá del Comité. Ocurra lo que ocurra con las reivindicaciones del paro, las consecuencias de las movilizaciones de esta semana son mucho más grandes, a su juicio. “Vamos a tener más jóvenes organizados, más campesinos, más participación y más representación”.