Parece una película de terror. Una mujer dobla la esquina con la cara tapada por un abrigo, agarrada a dos personas que visten chalecos naranjas: Clinic Escort Volunteer, se ve escrito en sus espaldas. Otros dos chalecos naranjas la rodean y otros tantos forman un pasillo hasta la entrada de la Clínica Quirúrgica para Mujeres EMW. Mientras avanza la comitiva, una puñado de personas, rosario y Biblia en mano, se acercan a la que cubre su rostro, no se entiende qué la dicen, pero no paran de gesticular el breve tiempo que la acompañan. Sí son visibles los rótulos de las pancartas y entre la retahíla indescifrable del megáfono una frase: “No tienes por qué convertirte en una asesina esta mañana, joven”.
Es la única clínica que practica abortos en Kentucky, en las profundidades de Estados Unidos. Situada en pleno centro de la ciudad de Louisville, la más grande del estado, grupos ultracatólicos y pro vida han hecho de los alrededores del centro médico su trinchera, pegándose grandes madrugones para recibir con carteles de fetos y acusaciones de asesinas a las mujeres que deciden ejercer su derecho al aborto.
“Estoy aquí porque os quiero”, comienza uno de los activistas pro vida a través de la megafonía desplegada a las puertas de la EMW. Inmediatamente después, a apenas dos zancadas de la barrera de voluntarios que protegen la clínica, les dice que merecen “ir al infierno”. “Cuando salgas vas a ser la madre de un bebé muerto”, le espeta a la primera mujer que entra en la clínica. El predicador, rodeado de otros de sus compañeros --la mayoría hombres blancos de mediana edad-- no para de hablar en los veinte minutos que dura el vídeo, que data de 2016.
“Somos seguridad para ellas, o por lo menos una cara sonriente que las dice que van a estar bien”, cuenta una de las voluntarias que escoltan a las mujeres. La clínica comenzó a practicar abortos desde 1980, y desde 2006 estos grupos comenzaron a organizarse para apoyar a las mujeres y protegerlas frente a posibles ataques y amenazas. “Tratamos de darlas espacio (a las que mujeres que entran en la clínica), para que se empoderen y puedan tomar su propia decisión”, indica otra activista.
La EMV lleva años resistiendo los envites no solo de las concentraciones anti aborto, también del gobernador republicano Matt Bevin, que en 2016 trató de cerrar la clínica cambiando la interpretación de la ley que regula estos asuntos. La legislación, que se remonta a 1998, obliga a los centros abortivos a establecer acuerdos concretos con servicios de ambulancia que, en caso de complicación de la operación, permitan trasladar rápidamente a las mujeres a un hospital.
En marzo de 2017, tras casi dos décadas de funcionamiento, el Gabinete de Salud y Familia de Kentucky declaró que los acuerdos de la clínica en esta materia eran deficientes, y daba un plazo de 10 días para solventarlo. Si no, se retiraría la licencia y Kentucky se convertiría en el primer estado en prohibir, de facto, el aborto. La EMW recurrió la decisión: aquello era, según la denuncia, una decisión política encaminada a restringir un derecho reconocido y, además, ya es obligación constitucional de los hospitales atender a quien lo necesita, sin necesidad de un acuerdo previo. A la querella se sumó Planned Parenthood, una ONG estadounidense que promueve la salud reproductiva y ofrece servicios de planificación familiar.
En septiembre de 2018 un juzgado federal dio la razón a la clínica, que a día de hoy permanece abierta.
“Pídele al médico”, grita alguien entre la multitud, “escuchar los latidos de tu bebé”. Después de atravesar la fila de insultos y amenazas de los ultracatólicos, las mujeres son sometidas, por ley, a una ecografía en la que pueden ver imágenes del feto y escuchar los latidos del corazón antes del aborto. Es la Ley de Consentimiento Informado por UItrasonido, decretada en 2017 por un tribunal del estado compuesto por tres jueces, uno de ellos designado por el presidente, Donald Trump.
“¡Lo hicimos! Kentucky siempre luchará por la vida”, exclamó Bevin en su cuenta de Twitter al conocerse la decisión del Tribunal. Mientras tanto, los chalecos naranjas pelean también, pero por mantener en pie la única clínica en su estado que permite a las mujeres ejercer su derecho a interrumpir de manera voluntaria y digna su embarazo.